¿Ateos en las trincheras?

El gobierno australiano engrosó la semana pasada la ya creciente lista de gobiernos cuyo compromiso ambiental es puesto a prueba por la realidad. A pesar de sus pronunciamientos de campaña y aún después de aprobar el doble de proyectos de energías renovables con respecto al año anterior, el gabinete del primer ministro Anthony Albanese autorizó el desarrollo de una mina de carbón metalúrgico en la cuenca de Bowen, la principal zona productora de este mineral en Australia y una de las más grandes del mundo. 

Predeciblemente, los grupos ambientalistas australianos reprobaron el anuncio. Conforme al reporte en The Guardian, destacaron su inconformidad con el impacto que tendrá sobre la calidad del agua, el hábitat de una serpiente típica de la zona y el objetivo de reducir el uso de carbón en el mundo. El director del Instituto Australia, un reconocido centro de investigación, observó que aún si este carbón es destinado a la producción acerera, sigue siendo carbón que debe quedarse en el subsuelo.

En marzo pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden aprobó el proyecto petrolero de Willow, en Alaska, a pesar de su posicionamiento de campaña a favor de las energías renovables y de su postura contraria a los combustibles fósiles en las negociaciones de cambio climático. En rigor, la decisión tuvo como objetivo simplemente cumplir con una autorización de 2020 emitida por la administración de Donald Trump a favor de la empresa ConocoPhillips para trabajar en el área. Combatirla en las cortes estaba destinado al fracaso. En los hechos, pone de manifiesto que la dificultad de la transición energética no solo es técnica, política o económica, incluye al entramado legal e institucional que limita la capacidad de los gobiernos para actuar conforme a sus preferencias.

Hay más ejemplos. El desabasto de gas natural que siguió a la invasión de Rusia sobre Ucrania motivó a los gobiernos de Alemania, Austria y los Países Bajos a reactivar centrales termoeléctricas. Con esta política, también contraria a sus pronunciamientos en foros internacionales, dejaron claro nuevamente que el clima puede esperar a la seguridad energética. Así ha sido y lo será en prácticamente todas partes hasta que las tecnologías de almacenamiento de electricidad inclinen la balanza a favor de las energías renovables.

Hace tres años, una revista especializada publicó los resultados de la investigación de un trio de economistas sobre “la guerra, los choques traumáticos a la salud y la religiosidad”. Su propósito era averiguar si los soldados estadounidenses asignados a zonas de combate después de los atentados del 11 de septiembre participaban más en ceremonias religiosas que los demás a quienes no les tocó esa suerte. Uno de sus hallazgos, resumido juguetonamente por un autor del Instituto Fraser de Canadá, fue que “en las trincheras hay un 9% menos de ateos”. Es decir, la proporción de soldados con una inclinación religiosa era levemente mayor donde la crudeza de la guerra se vivía en carne propia, aunque había ateos de todos modos.

No está claro si este comportamiento se debía a un repentino fervor religioso frente a la posibilidad de la muerte, a la presión de grupo, al proselitismo de los capellanes presentes entre las tropas o algún otro factor, como la mayor remuneración por estar bajo fuego. Lo cierto es que mirar a los toros desde la barrera es diferente que en el ruedo.

Nuestros políticos nos dan un día sí y otro también muestras de un principio similar. No es lo mismo prometer en campaña un mundo de energías verdes que asumir ya en el gobierno la responsabilidad garantizar el servicio eléctrico o la disponibilidad de los combustibles de manera ininterrumpida y a bajo costo. Cuando se trata de seguridad energética, permanece viva la invocación a los dioses del petróleo, el gas y el carbón.