Elecciones e influencers, ¿castigos e incentivos para violar la ley?

La euforia que domina la agenda pública respecto a la batalla electoral del 2024 en la que, además de la sucesión presidencial, se disputan 9 gubernaturas, la renovación del Congreso de la Unión (128 senadores y 500 diputados), así como de 30 Congresos locales, pone también énfasis en las estrategias de posicionamiento de los miles de aspirantes y en donde el uso de influencers es la tendencia.

La guerra por el voto se adapta al nuevo entorno en el que las plataformas digitales, en menos de una década, han transformado el concepto de ciudadanía: informarse y tener la capacidad de discernir, así como participar en la toma de decisiones de lo público, incluidos los gobernantes, son acciones que pasan irremediablemente por los nuevos canales de comunicación.

Existen quienes insisten en que las leyes y las instituciones han quedado rebasadas en esta materia, sin embargo, los antecedentes inmediatos, así como el análisis comparado frente a otras sociedades, nos dicen que México se mantiene –todavía– a la vanguardia respecto al tema.

Son tres elementos los que nos permiten afirmar que el Estado mexicano puede hacer frente y castigar el desafío de los aspirantes a cargos y los institutos políticos a los que pertenecen cuando buscan evadir la ley a través del uso de estos personajes que en función del número de seguidores en sus perfiles se les llaman influencers.

El primero de ellos es la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que ha probado ser capaz de detectar y recibir denuncias, tanto ciudadanas como de los competidores, cuando se identifican prácticas en el terreno digital que buscan distorsionar o alterar la competencia. Ojalá eso no cambie con la renovación de la presidencia del Consejo General del INE.

Durante el 2020-2021, dicha Unidad, registró las ilegalidades con influencers que perpetró el Partido Verde durante el periodo de veda electoral, al tiempo que también calculó los costos de lo que significó la promoción que hizo la esposa y también influencer del ahora gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, aun cuando después el Tribunal Electoral determinó que al ser un matrimonio los “servicios profesionales” prestados entre ellos pueden no ser cobrados.

Si bien, la sofisticación de las plataformas, así como la creatividad por parte de los políticos por estar al margen de la ley ha avanzado en tan solo 3-4 años, la Unidad de Fiscalización puede hacer frente al reto en 2024.

Para cumplir con ese desafío, el segundo elemento que mantiene al Estado mexicano competitivo en la materia es la Ley General en materia de Delitos Electorales que refiere en su artículo 15:

“Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.

¿Una mención por parte de un influencer en favor de un candidato es un delito? En principio no, siempre y cuando exista un contrato en donde el candidato señale el monto del dinero público que usa específicamente para esa acción publicitaria. Es decir, el mensaje del futbolista, actriz, cantante o actor, además de darse en los tiempos estipulados para hacer campaña, debe estar reportado bajo el esquema de pauta publicitaria y a su vez el influencer deberá estar inscrito en el sistema de proveedores del INE y pagar los impuestos correspondientes.

El último elemento que, aun con toda la vorágine de la disrupción digital, consolida al Estado mexicano para atender el fenómeno de los influencers es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como última instancia tiene la capacidad de determinar qué “contenido” es en sí mismo una “aportación” ilegal en términos de lo que dicta la Ley General en materia de Delitos Electorales.

Desde mi punto de vista no hay confusión: los influencers que violen la ley y alteren la vida democrática y la libre competencia electoral pueden ser sujetos de multas y también ir a la cárcel, así como aquellos políticos que los contraten. Es decir, es totalmente factible castigar los “espontáneos” mensajes de apoyo al Sr Secretario de Gobernación que hicieron futbolistas a inicios de año. El andamiaje institucional existe.

¿Es posible hacer una campaña política que contemple a estos personajes de las redes sociales? La respuesta es sí. Son un activo. Solo hay que hacerlo en el marco de la Ley y como un elemento más de una estrategia en donde su integración no sea forzada y cumpla con objetivos puntuales de la narrativa diseñada.

Otro nivel de análisis es si las sanciones a los partidos políticos son suficientemente dolorosas para inhibir este tipo de prácticas pues en los war rooms prevalece la lógica de que aún con la certeza de violar la ley y obtener un multa, sigue siendo redituable en términos de posicionamiento y obtención de votos. El caso del Partido Verde en 2021 es un excelente ejemplo: gastan de manera ilegal 20 millones en influencers, los multan con 40 millones, pero reciben más de 500 millones anuales de financiamiento público.