‘Plan d’: un frente ciudadano de respaldo a la SCJN

La polarización como política de Estado provoca un efecto proporcional que no siempre es el esperado para quienes arengan al odio que apela a la emoción en detrimento de la razón. Una prioridad en el primer círculo del poder durante los 16 meses que le restan al sexenio será intensificar los ataques oficialistas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por el momento, la iniciativa para reformar el sistema de designación de los ministros para anular el modelo actual y hacerlo a través del voto popular no tiene posibilidades de éxito en el Congreso, cuyo único factor de supervivencia para lo que queda de oposición es negar la mayoría calificada a los deseos presidenciales. Por eso, el llamado al “plan c” es imaginar para 2024 un carro completo que permita al obradorato pasarle por encima al máximo tribunal del país, sin embargo existen diversas variables que ni un presidente autoritario puede controlar. 

El “plan d” ya se gesta en la sociedad consciente que está dispuesta a expresarse con estruendo y fuerza orgánica en las plazas públicas para crear un cerco de defensa en torno a su tribunal constitucional, el mismo que ha tirado el burlesque legislativo de leyes viciadas que hacen más grotesco el ridículo de Morena. La exhibida ha enfurecido al Ejecutivo que considera a la Corte como su principal problema para aterrizar el proyecto dictatorial de largo plazo, por eso el año próximo al votar para renovar la integración de las Cámaras del Congreso se estará indirectamente decidiendo el destino del máximo tribunal. Suena fuerte, pero es real.

Sólo un legislativo sin mayorías absolutas permitirá sostener las facultades de contrapeso que el sistema vigente le otorga al Poder Judicial de la Federación. Un tema crucial para los aspirantes a las candidaturas presidenciales es desde ahora su convicción para entender y respetar las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, que se convertirá en referencia obligada durante las campañas políticas que se avecinan para que los votantes se decanten entre el autoritarismo o la preservación del equilibrio de poderes que hace viable nuestra amenazada democracia.   

En su narrativa demagógica, Andrés Manuel López Obrador comete un grave error que será incapaz de corregir. Cada insulto, calumnia o descalificación dirigida al máximo tribunal del país, a sus integrantes y a la ministra Norma Piña hace crecer la empatía hacia la independencia judicial que tanto lo enfurece. Esta campaña de odio se traslada directamente al análisis de los perfiles presidenciables y sus posibilidades de éxito. 

Las condiciones del país basadas en datos duros reales son la evaluación más objetiva para la reflexión de los votantes, en su mayoría jóvenes que definirán el resultado. Un poder hegemónico sin equilibrios o un legislativo más plural que evite la aniquilación de una Corte son alternativas que estarán en la boleta.            

Para bien de México, nuestro sistema no permite la designación de jueces federales por aclamación o concursos de popularidad, porque quienes proponen elegirlos por voto directo en el fondo quieren destruir su naturaleza y esta no depende de la aceptación de potenciales electores, sino en darle la razón a quien acredite tenerla conforme a derecho. El intento bizarro de una consulta para preguntarle al “pueblo” quienes deben ponerse la toga es una estrategia para tomar por asalto a la impartición de justicia, seamos serios por favor, al país le urgen instituciones que tengan sólida credibilidad y que no dependan de los caprichos de un solo hombre.  

Politizar la justicia es profundamente demagógico, ¿quién o quienes propondrían a los candidatos elegibles y conforme a qué criterios o méritos profesionales? El planteamiento es inadmisible bajo los parámetros de los sistemas judiciales más reconocidos en el mundo, con excepción de las dictaduras consolidadas.

López Obrador tiene un profundo temor a ser juzgado con objetividad, imparcialidad, independencia y sin artimañas. Traslada esa tendencia a sus planes para aniquilar lo que le estorba haciendo gala de un comportamiento profundamente antidemocrático. En este contexto se esfuerza para socavar al Poder Judicial que por su naturaleza es desobediente, salvo vergonzosas excepciones personales que tienen nombres y apellidos bien conocidos. 

La Corte ha resistido los ataques por su fortaleza como órgano colegiado independiente. Desde la gran reforma de 1995, en la que adquirió la categoría de tribunal constitucional para revisar en igualdad el proceder de los otros dos poderes de la Unión, ningún presidente había sido tan beligerante con los juzgadores federales. Sí se registraron distintos episodios y amagos recurrentes de amenaza, pero se solventaron sin graves consecuencias. 

El “plan d” es ciudadano y será ejecutado por mexicanos conscientes de los peligros que representaría la desaparición de un tribunal que aplica la ley como instrumento de la justicia, pero no me refiero a la invocada en los discursos populistas, sino a la que propicia nuestra Constitución, que prevalecerá sólo sí los electores dan la espalda al carro completo que exige el tabasqueño a sus incondicionales.

Respecto a los aspirantes de la oposición pulverizada, corresponderá meditar desde la sociedad civil quién garantiza el fortalecimiento del Poder Judicial, ¿quiénes defenderán el equilibrio como indispensable premisa para la convivencia democrática entre poderes?

De los ciudadanos dependerá garantizar que la Suprema Corte venza con éxito esta complicada encrucijada de ataques brutales que buscan doblarla. 

EDICTOS

La semana pasada les platiqué en este espacio de la queja 1521/2021-II en virtud de la cual el juez quinto de distrito en materia civil adscrito en la Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo, será investigado en el Consejo de la Judicatura Federal por presuntas irregularidades en su desempeño, relacionadas con su cercanía con prominentes despachos de litigantes. El tema es que no sólo tiene en su récord esa queja, sino que Dzib Sotelo tuvo otra el año pasado que fue desvanecida por Carlos Alpizar Salazar, exhombre de confianza del ministro Zaldívar en la Judicatura Federal y actual titular del área de desarrollo democrático de la Secretaría de Gobernación. Se trató de la investigación J/607/2021, en la que curiosamente el juez quinto de distrito en materia civil, fue exonerado sin una revisión exhaustiva de sus actuaciones, justo unas semanas antes de la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte y del Consejo. 

Las quejas revelan maniobras ilícitas de la empresa malaya Coastal y sugieren voltear a ver a Pemex Exploración y Producción,  antecedentes importantes a considerar para la nueva revisión que enfrentará Alejandro Dzib, pero ahora sin el manto protector de Alpizar que no deja de manosear litigios desde Bucareli.