El uso despreciable de recursos públicos rumbo a las elecciones de 2024

La semana pasada apareció en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de más de 30 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), dichas normas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, las cuales tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios. Esto es, no solo son guías y protocolos, son obligaciones y responsabilidades que el Estado debe cumplir en la prestación de un servicio.

Algunas de las normas que quedan canceladas y tienen que ver con la salud de las y los mexicanos son, por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad; la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual; la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, y la NOM-041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, entre muchas otras.

¿En qué nos afecta esto? Tiene muchas implicaciones en materia del derecho humano a la salud, administrativa, de insumos médicos, de responsabilidad legal y de recursos públicos. Al desaparecer estas normas, el gobierno se podrá lavar las manos y dejar a miles de hombres, mujeres, niños y niñas sin el acceso a tratamientos, vacunas, diagnósticos. Esto es, se deja a millones de ciudadanos en la discreción e incertidumbre. 

Con la desaparición de dichas normas, el gobierno no se ve obligado a comprar el instrumental y los medicamentos, a contratar a los mejores especialistas, a instrumentar las mejores prácticas y a ejercer políticas de prevención. Esto al desaparecer los protocolos que obligaban a cumplir con ciertas reglas y procedimientos. 

Este gobierno federal se ha distinguido por reducir el presupuesto en salud y en otros sectores vitales que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos universales. Pero ahora, en verdad, siendo inadmisible, poco ético y despreciable, comienza a hacer estos recortes para generar sus bolsas de efectivo a costa de la salud de las y los mexicanos rumbo al proceso electoral de 2024, donde se renovará no solo el cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, sino gubernaturas, diputaciones locales y el Congreso federal.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo está pensando en elecciones, en poder, en cash. Por ello, este recorte de programas, fideicomisos, políticas, solo le interesa incrementar los programas sociales con los que cree controlar a la ciudadanía a cambio de dádivas que no son una gracia, sino un derecho adquirido. Buscan tener el suficiente dinero líquido para poder repartir y coaccionar el voto, práctica que ya observamos este domingo en el Estado de México. 

Este gobierno ha demostrado ser peor y ejercer las peores prácticas de corruptela y clientelismo, pero sobre todo han demostrado ser un gobierno ineficiente, ineficaz, poco profesional que nos ha llevado a las peores cifras de homicidios, feminicidios, pobreza laboral, desabasto de medicamentos, estándares educativos, etcétera.

Dan muestra de lo viles que pueden ser para ganar una elección con trampas, con dispendio de dinero, con guerra sucia, con campañas negras, con violación a las normas. Como sociedad nos queda seguir vigilando y exigiendo un mejor gobierno, mejores servicios y no aceptar el uso despreciable de los recursos públicos rumbo a la carrera presidencial de 2024.

Por ello, es necesario contar con gobiernos socialdemócratas que reivindiquen la prosperidad compartida, un sistema universal de bienestar que se combine con un crecimiento ambientalmente sostenible, una educación pública y servicios de salud de calidad, y no un gobierno que hace uso despreciable de los recursos públicos a costa de la salud de las y los mexicanos.