Charla con un juez de distrito

En México existen 941 órganos jurisdiccionales federales, en ellos trabajan poco más de 1560 personas juzgadoras, según los datos publicados por el Consejo de la Judicatura y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022. Las cifras más actualizadas indican que son aproximadamente 880 magistrados y 680 jueces de distrito en todo el territorio nacional.

Peritos en derecho encargados de resolver más de 1.8 millones de asuntos al año en diversas materias e instancias, una colosal carga de trabajo que no alcanza a satisfacer plenamente el postulado constitucional de una justicia pronta y expedita.

En 30 años he tenido la oportunidad de conocer e interactuar con cientos de juzgadores, algunos ya jubilados, también he visto llegar nuevos operadores en diversos órganos y la Suprema Corte de Justicia, punta de la pirámide en la estructura. Lo digo con absoluta convicción, la gran mayoría de esas personas son honestas y comprometidas con su elevada tarea. Como en toda actividad profesional, lamentablemente también hay granujas cuya falta de probidad afecta la imagen general de los demás, para decirlo coloquialmente pagan justos por pecadores a pesar de que los primeros son abrumadora mayoría.

Los malos jueces suelen dar ventajas a una de las partes en conflicto para recibir indebidas retribuciones. Admiten el tráfico de influencias, atienden recomendaciones de algunos superiores sin escrúpulos ensuciando su investidura, en ocasiones se atreven a ostentar lujos que no corresponden a su perfil. También hay juzgadores poco estudiosos, proclives a valerse de sus secretarios para sacar adelante el trabajo, desafortunadamente también hay casos de acosadores que llegan a sentirse invencibles. Esta minoría traiciona a una institución de por sí asediada.

En este cuadro de horror ejemplifico la situación de dos nocivos personajes.  Hace unos meses anticipé en este espacio el proceso de queja administrativa que enfrenta la juez Luz María Ortega Tlapa, capaz de darle largas a un asunto pendiente y trascendente con 11 diferimientos inexplicables cuando se desempeñó como titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Penal, adscrita en la Ciudad de México. Como producto de la investigación debidamente probada en su contra, fue removida de ese juzgado y enviada al Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, donde es altamente probable que siga haciendo daño. Ortega Tlapa habría sido obediente a las instrucciones de un protervo personaje de la era Zaldívar, Carlos Alpizar, ex secretario general de la presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal y ahora funcionario en la Secretaría de Gobernación operó y lo sigue haciendo para conculcar voluntades y torcer decisiones a conveniencia de famosos despachos de litigantes sin escrúpulos.

Otro caso lamentable es el de Iván Aarón Zeferín Hernández, uno de los jueces preferidos de Alejandro Gertz Manero para consolidar sus persecuciones personales. Zeferín conocido por su excesivo protagonismo, fue también cambiado de juzgado y se inscribió al proceso de selección para aspirar a ser magistrado, un verdadero despropósito para el Poder Judicial que construye la Ministra Norma Piña. Bastaría revisar minuciosamente las complicidades de Zeferín para desestimar el ascenso al que aspira.

Vivimos en un mundo al revés, para el actual régimen los malos jueces son aquellos que ejercen su autonomía y son capaces de emitir resoluciones que acotan conforme a derecho los abusos de un Ejecutivo que desprecia el Estado de derecho, agradece la obediencia y condena la independencia. Irónicamente quienes son señalados en las listas negras de Palacio Nacional calladamente son reconocidos al interior del Poder Judicial porque nadie los dobla a pesar de las descalificaciones originadas desde el atril de la mitomanía mañanera.

El martes de esta semana 8 jueces federales fueron blanco de las recriminaciones porque sus resoluciones han sido desagradables a los ojos del primer tabasqueño del país. En voz del Subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio se acusó a estos impartidores de justicia de emitir fallos “contrarios a la justicia” de acuerdo a los deleznables parámetros que sobre ese concepto tienen en el despacho presidencial. Ante tales arengas ¿Quién se hará responsable de un eventual ataque contra estos juzgadores?

Sin embargo, para esa cúpula empoderada la Juez Novena de lo Civil de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes es considerada una heroína por exonerar con prisa, sin jurisdicción ni vergüenza a Yasmín Esquivel Mossa del plagio cometido en su tesis de licenciatura. Un favor cortesía del Tribunal Superior de Justicia de esta capital.

Voy a lo valioso, hace unos días tuve la oportunidad de platicar con uno de los jueces de distrito más estimables que conozco. Hombre discreto, estudioso y comprometido con su función, a pesar de los trascendentes casos penales que ha resuelto a costa de su seguridad personal camina por las calles con su esposa gozando del bajo perfil que decide felizmente desarrollar. Picó piedra como cientos de sus colegas en adscripciones complicadas y lejanas que implicaron grandes sacrificios personales, desde hace algunos años en el ambicionado primer circuito judicial asume el compromiso de sus pesadas cargas de trabajo y dedica el tiempo que le queda exclusivamente a su familia. Me confió algunas inquietudes por la persecución de juzgadores que se ha emprendido durante el sexenio. Reconoce en la Ministra Piña Hernández un liderazgo inspirador, recuerda con claridad valiosas anécdotas de su convivencia con el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, antes y después de su presidencia en la Corte. Mantiene fresca la exigencia expresada hace más de una década por Juan Silva Meza dirigida a él y a otros colegas para no fallarle a la institución.

Vive de su sueldo y como muchos mexicanos ajusta el presupuesto para privilegiar el pago de las colegiaturas de sus hijos que cursan licenciaturas en instituciones a las que no pudo acceder por el sencillo perfil familiar del que se siente orgulloso. Al juez le ocupa el contexto adverso respecto al recorte presupuestal que vendrá con el que amenaza Ignacio Mier desde la Cámara de Diputados.

Entiende que su posición como impartidor de justicia es un compromiso que le privilegia profesionalmente, me confió que está dispuesto, si las circunstancias lo demandan a respaldar un plan de restricción para enfrentar la inminente crisis que vendrá en 2024.

La reciente charla con el juez de distrito renovó mi esperanza. Él forma parte de una mayoría que respaldará a la Presidenta de la Corte ante la tormenta que se vislumbra porque asume que su función es primordial para el país que necesita juzgadores probos, firmes y de elevada capacidad de resiliencia. Me encantaría revelar su nombre, pero me abstengo por el compromiso que me impone la amistad con un profesional digno de reconocimiento que trabaja por la auténtica justicia.

Al tiempo de escribir este artículo Ignacio Mier presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que pretende rasurar más de 20 mil millones de pesos en fideicomisos legítimos que tendrían que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, una clara violación de la autonomía judicial que podrá ser revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.               

EDICTOS

En medio de este huracán para el Poder Judicial de la Federación que exigirá sacrificios presupuestales inéditos, empiezan a analizarse las plantillas de direcciones generales no sustantivas para la función jurisdiccional. Una de esas áreas es el canal de televisión de la Suprema Corte donde no dejan operar grupos que chantajean con amenazas, filtraciones, anónimos y grillas muy baratas. El actual director de la llamada Justicia TV es un experimentado profesional de reconocida trayectoria. Ernesto Velázquez Briseño que lidió con el sindicato de trabajadores de la UNAM en su paso por la televisora universitaria, ahora sufre los embates de un grupo nocivo dentro del Canal de la Corte que se ostenta como intocable. Resulta que algunos de los empleados de esa unidad administrativa fueron beneficiados recientemente con aumentos salariales apegados a la norma, sin embargo, algunos de los no favorecidos por su pobre desempeño han iniciado un proceso de amenazas que derivó en inconformidades enviadas a escritorios cercanos a la ministra Norma Piña con el amago de filtrar “información” que podría abonar en el golpeteo público contra el Máximo Tribunal. Algunos trabajadores de la televisora consideran que Velázquez se equivocó al mejorar el sueldo de personajes que juegan a dos bandas, como los reporteros Mario López Peña y Juan Carlos González.

Dicen desde adentro que para extirpar de raíz el tumor maligno que afecta a esa dirección desde hace varios años habría que revisar también las truculencias de Eduardo Chávez Téllez, Iván Aguilar, Martha Rodríguez, Citlali Pérez y su pareja Jorge Ayala, entre otros.

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