AMLO asfixia al Poder Judicial rumbo al 2024

Aunque la aprobación del presupuesto de egresos es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, es obvio que la cuerda de mando para distribuir el dinero viene del Ejecutivo Federal, más aún en el tristemente famoso año de Hidalgo. No se moverá una hoja contra la voluntad dictatorial y tampoco habrá margen de maniobra con un legislador que presidiendo la Junta de Coordinación Política y al grupo parlamentario de Morena en San Lázaro busca a costa de lo que sea su candidatura al gobierno de Puebla. Ignacio Mier es el vivo ejemplo de la obediencia invidente que para agradar al amo prepara la operación de un brutal recorte al gasto del Poder Judicial.

Hace dos semanas comenté en este espacio que la intención es quitarle hasta 25 mil millones de pesos a la impartición de justicia federal. En medio de la emboscada, la ministra Norma Piña anunció que el Poder que encabeza solicita 84 mil 792 millones de pesos para el ejercicio del 2024, de los cuales casi 75 mil millones se destinarían al Consejo de la Judicatura Federal que siempre capta la mayor parte del presupuesto para sustentar 941 órganos jurisdiccionales instalados en todo el territorio nacional que resuelven cerca de 1.8 millones de asuntos al año, según cifras oficiales.

Conociendo el ánimo de venganza provocado por decisiones autónomas que han enfurecido a la autodenominada 4T la ministra presidenta hizo una convocatoria inusual que reunió a los 3 plenos de los órganos que componen al Poder Judicial de la Federación. En presencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Judicatura Federal y el Tribunal Constitucional presentó la justificación de la propuesta que contempla un 4% de incremento real respecto a 2023. A los números y datos duros agregó un mensaje que anticipó la tormenta que se aproxima. “El Acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable” y además exhibió la intención política: “Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar, inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, expresó en su discurso de 20 minutos con un protocolo nunca antes visto para un anuncio de esta naturaleza. La intención fue mostrar las necesidades de las instituciones que han sostenido a la amenazada democracia mexicana, cuya división de poderes es la más frágil que se recuerde desde que tenemos alternancia. 

Viene año de elección presidencial y renovación del Congreso, los escenarios son ampliamente conocidos por los legisladores, es previsible que muchas votaciones se judicialicen y lleguen a la Sala Superior. Lo solicitado representa el 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando en los países más avanzados del mundo se destina por lo menos el 1% de este indicador a sus mecanismos de impartición de justicia.

Asfixiar al Poder Judicial de la Federación impedirá la instalación de 6 Centros de Justicia Penal, la creación de 22 tribunales laborales y la adecuada implementación de las condiciones planteadas en los códigos nacionales de procedimientos civiles y familiares. Las consecuencias serían funestas, provocando un incremento del rezago en la resolución de asuntos, así como en los tiempos para tramitar con eficacia cientos de miles de expedientes a nivel nacional. En términos generales un debilitamiento generalizado en el funcionamiento del aparato de justicia.

Los recursos que se ejercen en 2023 representan el 0.9% del Presupuesto de Egresos de la Federación y la intención del régimen morenista es disminuirlo a niveles de restricción que colapsarán el debido funcionamiento de juzgados y tribunales federales.

El monto que se pretende reducir al presupuesto judicial (25 mil millones de pesos o más) es una nimiedad comparado con el costo final de construcción de la refinería de Dos Bocas, que según estimaciones citadas por Carlos Urzúa quien fue Secretario de Hacienda al arranque del sexenio, rondaría entre los 18 mil y 24 mil millones de dólares, aproximadamente 17 veces más de lo que estarían recortando al presupuesto de impartición de justicia federal para el año que viene. De consumarse este atropello, se estará gastando mucho más en una obra que ha requerido en 5 años consecutivos mayores recursos públicos que los planteados inicialmente, esto sin la agravante de ser un elefante blanco que aún no refina un sólo barril de petróleo y que tampoco resuelve la crisis de producción de hidrocarburos que padece nuestro país.

Volviendo al fondo de la sesión plenaria entre ministros, magistrados y consejeros, el mensaje fue de cohesión para soportar lo que se avecina, una situación crítica que retará de forma extraordinaria la presidencia de Norma Piña que cuenta con el apoyo de 8 de los 11 integrantes del pleno. Sortear un descalabro presupuestal de esa magnitud, impone la necesidad de hacer una reingeniería y suprimir áreas esenciales o incluso aplicar recortes que agravarían las extenuantes cargas de trabajo. El Poder Judicial se juega el resto para defender su independencia el año entrante e insistiré, la preservación del equilibrio entre los Poderes de la Unión estará en juego en la boleta electoral para definir la integración de las Cámaras del Congreso. Una mayoría de oposición dará viabilidad a la Corte como Tribunal Constitucional, la continuidad de la dócil aplanadora morenista y sus aliados aniquilará la esperanza de un Poder Judicial autónomo capaz de revertir los abusos y regresiones que han caracterizado al obradorato.

No hablamos sólo de cifras con muchos ceros, el desarrollo del Estado democrático de derecho está en riesgo. Las descalificaciones se intensificarán, escucharemos todos los días la narrativa repetitiva desde el púlpito mañanero con los peones legislativos insistiendo en sus falacias para atacar a la Corte, incluido el superado tema de los salarios que ya ha quedado demostrado con datos fehacientes es menor al salario integrado que recibe el Presidente de la República.

En la efervescencia de la definición de las candidaturas presidenciales que domina la atención de la opinión pública no hay que perder de vista el destino de la impartición de justicia, en eso nos va el futuro también. A los ciudadanos nos queda elegir con responsabilidad en un contexto de país carente de coherencia.

EDICTOS

1. En el jurídico de Pemex, empresa dirigida por el agrónomo Octavio Romero Oropeza vaya que saben de chicanas, marrullerías y simulaciones. Para muestra, un asunto añejo en el que se hacen maromas para darle la vuelta a resoluciones claras del Poder Judicial de la Federación. Es inverosímil que en la paraestatal se niegan sistemáticamente a cumplir un fallo que obliga a pagar a la compañía TRESE más de 27 millones de dólares y a depositarle en un fideicomiso más de 37 millones de billetes verdes. En ejecución de sentencia obtenida en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la Juez Séptima Distrito en Materia Civil en la capital, Concepción Martín Argumosa ordenó a Pemex pagar los casi 60 millones de dólares en virtud de una serie de litigios que la naviera mexicana ha ganado para revertir el truculento desplazamiento que sufrió ante sus exsocios Coastal de Malasia y Nuvoil. En vez de entregar los recursos a quien ordenaron desde el Poder Judicial de la Federación, la nueva trampa ordenada por Luz María Zarza Delgado, Directora Jurídica de la petrolera nacional, derivó en mandar el dinero a través de un billete de depósito al juzgado 18 civil de la capital, lo que además evade otra resolución de un juzgado federal en materia civil. Para quienes suponen ingenuamente que esto es una casualidad es necesario explicarles que la causa que mueve las intenciones de PEMEX es la insostenible preferencia hacia Coastal y Nuvoil empresas que convenientemente se llevaron un contrato de asignación directa por 1,100 millones de dólares (casi 20 mil millones de pesos) para la instalación de una planta de gas en la zona de Ixachi en Veracruz. ¿Quién y a cambio de qué tuerce la honesta práctica del derecho dentro de la paraestatal Don Octavio? 
2. Pronóstico personal, ya no cambiará el escenario, México tendrá por primera vez en su historia una presidenta. Xóchitl o Claudia.

Hasta el próximo jueves