Los años de Enrique Graue y la sucesión en la rectoría de la UNAM

El 21 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó la convocatoria que abrió formalmente el proceso de sucesión en la rectoría, en una época de constantes desencuentros con el primer tabasqueño del país.

Es momento oportuno para revisar los 8 años de Enrique Graue al frente de la UNAM. Su máximo logro es entregar una institución con estabilidad interna, su periodo no estuvo exento de sobresaltos naturales en el contexto de una casa de estudios plural en la que históricamente se ha ejercido la tolerancia y el respeto a las diferencias en un ámbito de libertad. Un conflicto mal manejado en estos terrenos lleva a una crisis que puede envolver rápidamente al país entero, así lo hemos visto a lo largo de las décadas, por eso no es un logro menor en la coyuntura de gran polarización.

En 2016, cuando José Narro fue relevado por Graue en el timón de la Universidad Nacional, el QS World University Rankings que revisa la calidad de mil 500 instituciones de educación superior en el mundo, ubicaba a la Máxima Casa de Estudios en el lugar 160, hace un mes en la versión más actualizada de este ranking se mostró que la UNAM volvió al selecto grupo de las 100 mejores universidades para ocupar el lugar 93, la más destacada de Hispanoamérica y la número uno de México. Un mérito que involucra muchos factores, entre ellos la evolución de la investigación científica, su reconocido cuerpo docente, así como la diversidad y amplitud de su oferta académica.

A pesar de la pandemia en los últimos 8 años se crearon 6 nuevas escuelas, 18 licenciaturas, una maestría, 2 programas de doctorado y 23 especialidades. También se incrementó la matrícula estudiantil a 380 mil alumnos, cerca de 34 mil espacios más que en 2016. Ocho de cada 10 de los estudiantes de la UNAM pertenecen a familias cuyo ingreso mensual es menor de 4 salarios mínimos, lo que exhibe la falsedad sobre la supuesta tendencia neoliberal que Andrés Manuel López Obrador atribuye a la que fue su casa de estudios para denostarla.

El saldo de Enrique Graue es positivo, pero no inmaculado a causa del deficiente manejo sobre el tema que dejará pendiente y lamentablemente afecta la imagen institucional. El escándalo sobre el plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, fue una bola de nieve que creció vertiginosamente en diciembre de 2022. El entonces abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, el principal consejero jurídico de Graue en ese momento, patinó y se hundió en un pantano de indecisiones. Antes de terminar el año, había evidencia contundente para anular el título profesional de la todavía ministra, que aprovechó la oportunidad para establecer su defensa a base de maniobras dignas de coyotes en juzgados federales y capitalinos que han impedido se aplique la sanción que merece el caso que avergüenza a la UNAM y también al Tribunal Constitucional.

La llegada de Hugo Concha como abogado general a finales de febrero, fue un movimiento forzado por las circunstancias. Es indudable su capacidad como brillante jurista universitario al que no le faltan arrestos para atender la situación, sin embargo, se ve atado de manos ante las argucias de Esquivel Mossa a quien no le ha importado envolver a su alma máter en una grave polémica. Concha Cantú también ha tenido que sortear 3 juicios de amparo y otros dos en materia civil en juzgados de la Ciudad de México, plagados de artimañas admiradas por los abogados más chicaneros para impedir que la máxima casa de estudios informe sobre el tema. Una nefasta maraña de litigios enmarcados en las malas prácticas del derecho que definirán la vida profesional de Esquivel y que irremediablemente impactan a Graue a quien le faltó firmeza para tomar decisiones contundentes al inicio de la crisis.

En décadas recientes los médicos han acaparado la rectoría universitaria, de ninguna manera quiero decir que esto sea una jefatura negativa, al contrario. Los históricos rectorados de Salvador Zubirán entre 1946 y 1948 e Ignacio Chávez de 1961 a 1966 son referentes brillantes que siguen inspirando en el presente.

Desde 1973 cinco médicos han alcanzado la rectoría de la UNAM, 4 de ellos fueron reelectos (Guillermo Soberón, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue). Esta tendencia permitiría suponer que la próxima persona en ocupar el cargo tenga quizá una formación profesional distinta.

La UNAM siempre ha sido un botín apetecible para políticos y grupos de choque sin escrúpulos que pretenden ejercer controles sobre su conducción. Desde 1968 en que Javier Barros Sierra, considerado uno de los mejores rectores de la historia, defendió con valentía la autonomía ante el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, la universidad no había enfrentado una andanada tan intensa de presiones como ocurre en la actualidad con un Presidente obsesionado contra la autonomía y el respeto a las diferencias, que son parte de los atributos más reconocidos dentro de este centenario santuario del conocimiento.

En medio de la efervescencia Enrique Graue hizo interesantes reflexiones durante su última sesión de Consejo Universitario: “Hemos escuchado descalificaciones hacia la Universidad, hacia su administración y al titular de la rectoría. Son el resultado de la incomprensión de nuestra pluralidad y de nuestro compromiso con la verdad y el conocimiento” dijo el 11 de agosto en la Antigua Escuela de Medicina. Y anticipó tormentas: “En los tiempos que están por venir es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera, la forma en que la Universidad Nacional toma sus decisiones y se gobierna así misma”. Sin duda, un enunciado dirigido hacia el Ejecutivo Federal.

Muy pronto conoceremos los nombres de quienes habrán de participar en el proceso, que está diseñado para blindar a la máxima casa de estudios de injerencias nocivas y ajenas a sus principios. Hasta ahora el sistema ha funcionado, es la UNAM la que autodetermina su ruta, tal y como lo planteó José Vasconcelos en 1929 al lograr la autonomía para bien de la Nación. 

En un entorno contaminado por la batalla preelectoral y dominado por las descalificaciones, la comunidad universitaria se enfila a una nueva sucesión para decidir quién ocupará el cargo de mayor honor para el periodo 2023-2027. Un reto que interesa a todo el país.

Edictos

Al interior de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes del pleno han anticipado en privado los escenarios por venir en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rumbo al proceso 2024, la madre de todas las votaciones y una particularmente complicada que anticipa la imposibilidad de que el grupo político gobernante acepte con estatura una derrota, si esta llegara a presentarse en la renovación del Congreso de la Unión o la Presidencia de la República. Se han diseñado y platicado planes de contingencia que seguramente ya fueron compartidos en Palacio Nacional y de ahí el incremento en la intensidad de los ataques hacia los magistrados electorales. La ministra Norma Piña tiene en su tablero de mando lista la estrategia que garantiza el trabajo ininterrumpido del Tribunal Electoral. Lo que puedo anticipar es que en el ánimo de la presidenta de la Corte existe la convicción de que el Poder Judicial no se doblará en las horas más oscuras.     

Una muy buena es la decisión dividida de la Segunda Sala para autorizar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que reanude sus trabajos con sólo cuatro de sus siete comisionados después del nocivo parón de cuatro meses que propició mayor opacidad en los temas de la función pública. Se avecinan nuevos embates de odio contra los juzgadores comprometidos con la independencia.

Hasta el próximo jueves. 

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