El presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara

Este histórico acuerdo entre el gobierno de Jalisco

y la Universidad de Guadalajara fortalece la autonomía

universitaria dotándola de mayor certeza con la autonomía presupuestal.

Universidad Nacional Autónoma de México

La semana pasada el titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco ingresó una propuesta de reforma constitucional para garantizar, desde ahí, un piso mínimo para la asignación presupuestaria que año con año recibirá una de las más importantes universidades públicas autónomas del país: la Universidad de Guadalajara. Básicamente, se trata de que a esta institución se le asigne al menos el 5% del presupuesto de la entidad para su gasto operativo y otro 0.3% depositado en una bolsa para ser destinado a la infraestructura de la misma, luego de realizar algunos cambios a la fracción IV del artículo 15 de la Constitución local.

Como es bien sabido, el presupuesto que anualmente se destina al desempeño de las labores de las diversas instituciones públicas es la base sobre la cual estas son capaces de garantizar para la sociedad los derechos humanos que desde ahí se promueven, siendo en el caso de las universidades el indispensable derecho humano a la educación.

Si bien el asunto que se comenta no es el primero en su tipo en el país (pues ya se cuenta con el ejemplo de la Universidad Veracruzana), este es un muy importante ejemplo para todas las demás 38 universidades públicas autónomas existentes en el país, pues además de tratarse desde muchos ángulos de la segunda más importante, esta propuesta surge del acuerdo alcanzado entre el gobernador Enrique Alfaro y las autoridades universitarias encabezadas por el rector Ricardo Villanueva, dejando así clara la idoneidad de que la academia y el gobierno logren superar las posibles diferencias que puedan tener y busquen en conjunto beneficiar a la sociedad a la que se deben.

Frente a un panorama en el que las instituciones de educación superior son a menudo cuestionadas y están sujetas a importantes presiones relacionadas con la cobertura con que cuentan y la calidad con que prestan sus servicios, la noticia que llega desde Jalisco es una bocanada de aire fresco para todas las demás universidades, pues es claro que contar con la confianza y apoyo no solo del gobierno sino de toda la sociedad es fundamental para que estas instituciones sigan detonando el desarrollo de sus regiones y por consiguiente de todo el país.

Tener la posibilidad de planear y contar con políticas de largo aliento es un verdadero privilegio para cualquier institución, pues uno de los problemas que se han presentado históricamente en México ha sido precisamente el de la imposibilidad de promover acciones a largo plazo derivado de la volatilidad que es propia de la política y que, dependiendo del momento y las circunstancias, somete a las instituciones públicas a vaivenes que frecuentemente tienen un impacto en el presupuesto que se les asigna.

Por tanto, dotar a la Universidad de Guadalajara de un presupuesto mínimo garantizado a rango constitucional, fortalecerá el principal atributo con el que cuenta que es el de la autonomía universitaria y le permitirá cumplir de mejor manera con las tareas que tiene encomendadas a partir de una garantía efectiva del derecho a la libertad académica y, por consiguiente, del derecho a la educación.

Aunque todavía falta que el congreso local apruebe la reforma que se comenta, se debe felicitar a la sociedad jalisciense por el hecho de que sus autoridades y su universidad hayan alcanzado un acuerdo que no sólo será un hito para el propio estado de Jalisco sino que, seguramente, será un parteaguas para la educación superior de nuestro país.