Un golpe de estado por parte del Pacto de Corruptos en Guatemala no se sostendría: Gutiérrez

Si bien, la Corte de Constitucionalidad de ese país, máximo organismo de justicia, ha ordenado que se garantice la toma de posesión de los funcionarios electos, la gobernabilidad del futuro gobierno está en juego. 

La actual crisis del país centroamericano proviene del malestar social por la corrupción, una lucha que Arévalo abanderó en su discurso de campaña. En 2006, el país centroamericano fue el primer experimento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aplicar un modelo de coadyuvancia judicial, que conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un auxiliar internacional al Ministerio Público (MP) en la investigación de casos de corrupción.

La Comisión destapó numerosos delitos de diversos funcionarios, lo que originó protestas y orilló al presidente Otto Pérez Molina a renunciar en el 2015. Si bien, la Cicig fue expulsada por el expresidente Jimmy Morales, un comediante aliado con el ala más dura del Ejército, en el 2019, las protestas contra funcionarios corruptos continuaron.

De vuelta al presente, ante las acusaciones del Ministerio Público (MP) la comunidad internacional ha respondido de inmediato con una condena al intento de golpe de estado por las acciones de esta fiscalía respaldada por el presidente conservador Alejandro Giammattei.

En entrevista, Edgar Gutiérrez, columnista exiliado, describe cómo la apuesta internacional ha empezado a permear en sectores económicos aliados al llamado Pacto de Corruptos, una serie de políticos y empresarios situados en posiciones estratégicas dentro del gobierno para cerrar cualquier esfuerzo contra las mafias. 

El anhelo democrático de Guatemala llevó a Arévalo a ganar la presidencia el 20 de agosto con el 60.9% de los votos en la segunda vuelta, frente a 39% de su contrincante, Sandra Torres, acusada de corrupción por la Cicig.

El padre de Bernardo, Juan José Arévalo Bermejo, fue elegido presidente de Guatemala en 1944 e inauguró el primer gobierno de la llamada “primavera democrática” de diez años que terminó en 1954 con el golpe de estado al presidente Jacobo Árbenz perpetrado por militares aliados con Estados Unidos. Un hecho que marcó el rumbo del país en el resto del siglo XX.

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En esta entrevista Gutiérrez comenta sobre el devenir de los acontecimientos en un país con una frágil democracia:

¿Tiene fundamento la petición del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras de anular las elecciones?

El Ministerio Público no tiene ningún fundamento. Debería de ser rechazada por cualquier juez, pero como sabemos que se trata de un asunto meramente político en el cual el Ministerio Público hace de instrumento de persecución política, antidemocrática. Cualquier cosa puede pasar con un juez, con unas Cortes vacilantes (el 14 de diciembre la Corte de Constitucionalidad tramitó un amparo para la toma de posesión de funcionarios electos) y con dinero de corrupción corriendo por aquí y por allá. Veo que los actores antidemocráticos, el Pacto de Corruptos está decidido a impedir que Bernardo Arévalo asuma el 14 de enero y con ello burlar la voluntad popular que se expresa en las urnas. Ahora bien, si eso resulta en un golpe de estado, lo que sí sé decir es que la reacción nacional por la movilización, sobre todo, de los pueblos indígenas y la reacción internacional serían contundentes.

¿A qué reacciones se refiere?

En Guatemala no está ocurriendo lo mismo que ocurrió en Nicaragua o Venezuela donde la comunidad internacional fue lenta o hasta indiferente a los golpes a la democracia. En Guatemala están reaccionando casi que en tiempo real. Pudiste ver las sanciones a 300 personas anunciadas recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos que incluyen, además de cerca de 100 diputados, a 35 empresarios o familias.

Se conoció la resolución del Consejo Permanente de la OEA. Aplicaron el artículo 17 (consultas) de la Carta Democrática Interamericana y mediante esa resolución decidieron aplicar el artículo 18 (realización de visitas) y van encaminados a la aplicación del artículo 21 que expulsaría al estado de Guatemala del sistema interamericano… En el Parlamento Europeo donde también anunciaron sanciones de tipo comercial, de tipo financiero, que tienen costos enormes para el país.

¿Qué sectores apoyan al gobierno en turno y por consiguiente al Ministerio Público?

Bueno, qué es el Pacto de Corruptos es una alianza informal de políticos, de élites burocráticas enquistadas en el aparato judicial, de empresarios ultraconservadores y del crimen organizado. Los reunió el miedo a la justicia a partir de 2016 y 2017 y han ejecutado una estrategia muy eficaz que empezó con el desmantelamiento de la Cicig en 2019, que continuó con el control progresivo de todo el aparato del Estado a partir de 2020. Lo hicieron por las buenas y por las malas, cooptación de las Cortes, del propio Ministerio Público, la nueva designación (como fiscal) de Consuelo Porras que fue a todas luces irregular con la intervención de otros poderes del estado abusivamente, violentando la autonomía de la Comisión de Postulación.

¿Qué paralelismos sobre todo encuentra usted entre el golpe de Estado del expresidente Jorge Serrano Elías y lo que está pasando ahora?

Una es que no se trata de un golpe militar como ha sido históricamente. Se trata de un golpe civil que se da desde el propio estado, en aquel momento fue Jorge Serrano desde la Presidencia de la República y ahora es un conjunto de actores estatales que abusando de su autoridad están traicionando a la Constitución.

Otra es que en mayo del 93 cuando fue el golpe ya se había instalado en la comunidad internacional y la tesis de defensa de la democracia globalmente y a pesar de los problemas que ha tenido la democracia en muchos países del mundo esto este contexto todavía es vigente.

Tercera similitud, el sector privado se fragmenta, lo mismo está pasando ahora. La historia de Serrano ya la conocemos. Dio el golpe, pero no se sostuvo ni 72 horas.

¿Y diferencias?

A diferencia en aquella ocasión la Corte de Constitucionalidad sí jugó un rol decisivo y tajante, calificó el golpe e hizo prevalecer la Constitución, cuestión que ahora no está ocurriendo con esa contundencia.

Otra diferencia es que esta vez se pretende dar el golpe a un gobierno electo que todavía no ha asumido y que los pueblos indígenas se han constituido como un actor beligerante de carácter nacional. Un referente ético que ha liderado las protestas, ya durante más de 70 días continuos.

Yo creo que si ellos (el Pacto de Corruptos) lograran consumar un golpe no se sostendría, no soportarían los costos nacionales e internacionales.

¿Vea ahora que menciona de la fragmentación del sector privado (el Cacif), qué rol ha jugado justamente este sector durante esta crisis actual?

El sector privado ha sido parte, no todo, pero sí un sector poderoso ha sido parte del Pacto de Corruptos. Se ha estado moviendo, debilitando su participación por las presiones internacionales y, principalmente, las sanciones. Pero hay todavía un núcleo muy duro que se mantiene allí (con el Pacto) y es difícil entender cuál es el motivo porque no creo que sea una razón ideológica, tiene que haber un motivo que todavía no descubrimos, podemos elucubrar, pero no aseverar.

Luego sí el presidente Arévalo y su gobierno van a tener que hacer una negociación en serio con los pueblos indígenas. Abrir la agenda de su programa de gobierno para incorporar algunas de sus demandas para enriquecer la gestión gubernamental, ya son un actor que llegaron para quedarse los pueblos indígenas y tendrá también que sentarse con un sector moderado de los empresarios y entablar un tipo de negociación ya no basada en privilegios como ha sido hasta ahora sino en reglas de competencia, de respeto de leyes básicas como la tributaria y la laboral y la transparencia.

¿Cuál es el mayor reto que tiene delante Arévalo?

Tal vez el reto más acuciante o desafiante para la gobernabilidad será construir mayorías en el Congreso, hacer viable la agenda de gobierno, sobre todo, para alcanzar cierta gobernabilidad, porque sospecho que en el Congreso es donde podría estar la mayor fuente de ingobernabilidad del futuro gobierno. Ahora está en el Ministerio Público, pero yo creo que este Ministerio Público se va a ir apagando, no va a ser capaz de sostener este ritmo galopante de persecución que ha traído estos últimos cuatro años.

Entiendo que la suspensión de la personalidad jurídica del partido, producto de una acusación del Ministerio Público y la orden de un Juez, tiene implicaciones para los legisladores de Semilla.

La suspensión provisional de la personería jurídica sólo afecta en la presidencia de las comisiones de trabajo, no en nada más. Pueden formar parte de la junta directiva y participan de pleno derecho.

El reto es el de sentarse a negociar, pero con un lenguaje diferente. Hasta ahora, el lenguaje que predomina en el Congreso para construir mayorías es el de la corrupción y el movimiento Semilla va a tener que modificar ese lenguaje. Cómo lo va a hacer, no sé. Pero de su capacidad de, primero, neutralizar las fuerzas desestabilizadoras y, segundo, construir esta estabilidad o esta mayoría dependerá la suerte que tenga el futuro gobierno.

Salvando las distancias con el caso peruano donde el Congreso tuvo un rompimiento con el Ejecutivo. ¿Ve condiciones de esa índole en Guatemala?

Sí, yo veo que podría existir un escenario de peruanización en Guatemala si las cosas salen mal en el Congreso. Si el gobierno se desgasta precozmente y pierde la legitimidad popular. Sí, existe ese riesgo.

Mencionaba usted al principio el rol de la comunidad internacional. ¿Puntualmente en el caso de Estados Unidos que tanto calan este tipo de sanciones que estamos atestiguando?

En un sector en algunos sectores sí, en el sector privado sin duda es el más afectado. Ahora, la burocracia política y judicial es muy provinciana, no tiene mayores nexos ni conocimiento del mundo, que por el otro lado sus intereses están muy identificados dentro del país, su corrupción no es una corrupción internacional, es nacional. No les afecta mayor cosa que les retiren la visa, no tienen cuentas ni propiedades en el extranjero. En efecto, digamos que por eso es su rebeldía o su encaprichamiento, porque no reciben mayor castigo de las sanciones. Sin embargo, el sector privado y el resto de la sociedad sí sufren o sí pueden sufrir consecuencias bárbaras. (Gutiérrez destaca la caída del valor del valor de los bonos a futuro, de 1,7 centavos a 85,1 centavos por dólar). Imagínate, en condiciones en un escenario de bloqueo comercial, financiero, esto para un país tan dependiente sería insoportable.