El reembolso a la salud no existe

No solo una pandemia global terminó por exhibir la ineficacia del sistema de salud pública mexicano, sino también han habido durante la administración de AMLO acciones, omisiones y negligencias que como principal consecuencia tienen la afectación en la calidad de vida de miles de mexicanos y, en algunos casos, hasta la muerte.

Bajo ese contexto, es relevante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que las personas podrán requerir el reembolso de lo gastado en medicamentos cuando el Estado mexicano no se los otorgue:

“La vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna. El artículo 4º constitucional establece que el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica. Ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, el Estado tiene el deber de garantizar este derecho oportunamente, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, se puede leer en su comunicado de prensa del pasado 21 de diciembre.

La determinación del Máximo Tribunal sienta un precedente relevante pues establece consecuencias claras a la inacción y a los pretextos perennes del gobierno. Los datos pueden ilustrar el tamaño de la fallida política pública. Por un lado México es uno de los países que menos recursos destina al rubro de salud con 5.5% del PIB, colocándose en el lugar 44 de 48 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El promedio entre las naciones medidas es 9.2% pero Estados Unidos destina el 16.6%, Alemania el 12.7%, Francia 12.1%, Japón 11.5%, Austria, 11.4%… mientras que el país referente por el actual gobierno, que es Dinamarca, asigna 9.5%.

Además, la sociedad mexicana está dentro de las más vulnerables pues solo 7 de cada 10 tienen cobertura, cuando el promedio de la OCDE es el 98%. A esto hay que sumar que los mexicanos gastan cerca del 40% de sus ingresos en este rubro. Es decir, el llamado “gasto de bolsillo” ha aumentado exponencialmente. Al mexicano definitivamente le saldría más barato y le convendría más tener un sistema de salud “promedio” en términos de la OCDE que recibir becas o ayudas que no alcanzan en medio de la enfermedad.

Nadie recrimina los esfuerzos para combatir la corrupción en materia de salud pero a meses de que cierre la administración de AMLO se ha corroborado que el desmantelamiento de los mecanismos para las adjudicaciones solo trajo consigo desabasto sin tocar el entramado de licitaciones amañadas que terminan por traducirse en el robo multimillonario de recursos. Es más, la evidencia periodística ha exhibido una sofisticada red de tráfico de influencias en donde uno de los hijos del Presidente parece estar involucrado, junto a gobernadoras (es) y funcionarios públicos, para beneficiarse de los negocios alrededor de la salud.

Más allá de las narrativas, los números suelen ser clarificantes y también estremecedores. No hay datos claros sobre cuántas personas han sido impactadas de manera negativa en su calidad de vida por el desabasto de medicamentos, sin embargo, los padres de menores con cáncer acusan la muerte de 3 mil niños por la falta de suministro de medicamentos. Otro botón de muestra que ilustra el fracaso es el exceso de mortalidad por Covid-19, con 862 mil 679 personas, siendo México uno de las naciones más afectadas en todo el mundo.

Ante este panorama, es un avance que la institucionalidad en el país, representada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establezca que las personas enfermas puedan pedir el reembolso por los medicamentos que el Estado mexicano no le brindó, sin embargo, habría que decir que no todos pueden hacerlo de forma inmediata, o no todos cuentan con una red de apoyo que les permita financiar su supervivencia. Muchas personas no tienen mayor escapatoria que seguir enfermando. Otros más mueren interponiendo recursos jurídicos.

El reembolso a la salud no existe, no hay vuelta atrás cuando se pierde, pero el precedente derivado de la resolución de la SCJN es poderoso y también nos permite visibilizar las responsabilidades, tanto ética como jurídica-penal, que personajes como el titular de Salud, Jorge Alcocer y el ex subsecretario Hugo López-Gatell deberán enfrentar aún cuando culmine la administración.