Urge una nueva estrategia energética

Los cuatro grandes desafíos del sector energético mexicano son evidentes desde hace cuando menos un par de décadas: depende en exceso del petróleo y el gas, depende en alto grado de importaciones de gas natural y productos refinados, contamina demasiado y es financieramente débil. Veinte años de ajustes de política energética han sido insuficientes para alterar fundamentalmente esta realidad, sin importar la orientación ideológica de cuatro gobiernos sucesivos. 

De las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en sus prospectivas energéticas de México (2016) y América Latina (2023), se desprende que no hay país en el continente que dependa más del petróleo que México. A esto contribuye sobre todo el consumo de combustibles líquidos en el transporte (prácticamente 100% del total) y del gas natural en la generación de electricidad (60%). La mezcla energética mexicana se parece más a la de los países desérticos de Medio Oriente que a la de los amazónicos sudamericanos, y en más de un caso supera en dependencia del petróleo a los países árabes del Golfo Pérsico.

Carecer de agua en abundancia explica en gran medida este patrón de consumo mexicano. Si un país tan grande como Brasil y otro tan pequeño como Costa Rica pueden presumir de un sector energético considerablemente más limpio, es porque pueden descansar en sus abundantes recursos hídricos para abastecerse de electricidad. Pero la manera mexicana de producir y consumir energía responde también a decisiones mexicanas de política pública que han hecho poco por diversificar la mezcla de fuentes de energía. En Brasil, Costa Rica y Chile, por citar solo tres ejemplos, la participación de las energías solar y eólica en la generación eléctrica crece a un ritmo superior al de México y reduce la dependencia petrolera de esos países porque las políticas públicas han abierto el espacio para su expansión. 

La petrolización del consumo energético mexicano combinada con una disminución de la producción de petróleo, combustibles (gasolina, diésel, gas LP) y gas natural ha conducido desde hace ocho años a déficits sostenidos de la balanza comercial de hidrocarburos. Entre las economías emergentes, México destaca por su elevado nivel de importaciones de combustibles (60% del consumo total) y de gas natural (80%), casi todas provenientes de Estados Unidos. Aunque la caída en la producción de petróleo se ha detenido (hasta ahora) y la capacidad de refinación ha aumentado nominalmente (falta ver hasta dónde llega en términos reales), nada indica que en el corto o mediano plazo la dependencia del sector energético mexicano de la producción estadounidense disminuya significativamente, para bien y para mal. Si las cosas siguen igual, en lo que resta de esta década México seguirá siendo un importador neto de hidrocarburos, en notable contraste con el país superavitario que lo fue por más de treinta años posteriores al auge petrolero.

Debido al tamaño de su economía -la segunda de América Latina- y su mezcla energética tan petrolizada, México se ubica entre los más grandes emisores de carbono de las economías emergentes. Aunque en promedio cada mexicano emite la mitad del carbono que hace 20 años, la cantidad que libera a la atmósfera en sus actividades cotidianas dista de los objetivos nacionales y compromisos internacionales. Hoy el sector energético de México es más contaminante que nunca, en carbono y otro tipo de partículas directamente nocivas a los humanos. Un paseo por cualquiera de las instalaciones petroleras del país y un vistazo a los cielos de las ciudades colindantes a esas instalaciones basta para constatarlo.

Para rematar, la debilidad financiera de Pemex y CFE, pero especialmente la de Pemex, significa no sólo una incógnita perenne sobre la sostenibilidad del pago de sus deudas, sino una lamentable restricción para elevar el ritmo y nivel de las inversiones energéticas para superar desafíos como los anteriores. Las pérdidas acumuladas de Pemex exigen anualmente recursos públicos para sacarla a flote que podrían haberse destinado a mejores usos. La evidencia es apabullante: la inversión pública es, aunque imprescindible, simplemente insuficiente para atender las necesidades de crecimiento de una de las 15 economías más grandes del mundo. 

Urge acelerar la transición del sistema energético petrolizado, deficitario, sucio y frágil como el actual a otro electrificado, limpio e inteligente. Además de detonar más proyectos de producción y logística de petróleo, gas y combustibles, que resolvería buena parte del déficit energético nacional actual, mas no reducirán el nivel actual de emisiones; es preciso aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica y la cobertura de las redes de transmisión y distribución, así como diversificar la mezcla de fuentes de energía hacia las más limpias y modernizar el sistema en general. El futuro del transporte vehicular es eléctrico, la generación con fuentes renovables continuará creciendo, las reglas del comercio mundial exigirán un intercambio de mercancías producidas con fuentes energéticas no contaminantes y el despacho y consumo eléctrico, como el resto de la actividad económica, descansará cada vez más en sistemas de inteligencia artificial. 

El próximo gobierno tendrá que pensar y actuar fuera de la caja si aspira a fortalecer efectivamente la seguridad energética de México. Hacer más de lo mismo y esperar resultados diferentes es, como dice el trillado cliché, la definición de la locura.