Así planea AMLO violar la ley en las elecciones de 2024

En medio de un proceso electoral histórico, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador ha ideado una estrategia para seguir violando la Ley electoral que le impide involucrarse en la contienda que renovará 20 mil 375 cargos elección popular, incluida la presidencia de la República. Se trata de una serie de reformas constitucionales que enviará al Congreso y sobre las cuales planea desmenuzar mientras corren las campañas políticas.

La estrategia no es mala desde el punto de vista del poder. Aun cuando en Palacio Nacional y en Bucareli están plenamente conscientes de que no hay posibilidad de que dichas propuestas avancen y sean procesadas en el ámbito legislativo, tienen la plena certeza de que son una excelente herramienta mediática y propagandística que permitirá seguir esbozando promesas y atacando a personajes opositores.

Sin embargo, en un país de Instituciones sólidas, este cálculo político no tendría cabida y podría ser atajado mañana mismo. El Instituto Nacional Electoral, en teoría, tendría que hacer frente a esta propaganda velada que tiene como su máximo exponente al propio presidente. Se trata, nada más y nada menos, de hacer valer que los dos proyectos electorales que competirán en las urnas el próximo 2 de junio del 2024 tengan las mismas condiciones.

Es cierto que hoy por hoy el árbitro electoral está reducido y maniatado derivado de los ataques sistemáticos que el presidente y su partido Morena le han proferido. El objetivo ha sido, hasta cierto punto, alcanzado: el INE mantiene poca legitimidad para intentar poner orden. Saben que continuar violando la Ley depende de tener un árbitro distraído, sin dinero y operando con miedo para voltear a otro lado cuando sea testigo de faltas. Pero dicho estatus se puede modificar conforme avancen las campañas. Muchos sectores sociales empujan hacia allá.

Ante este panorama, ¿vale la pena entrar al análisis de fondo de las reformas que promoverá el presidente? Desde el punto de vista jurídico, no merecen la mayor atención, pues, como en ocasiones anteriores, tanto su viabilidad constitucional, como la insuficiencia de votos requeridos en ambas cámaras, son la base de la que partirán. Pero, por otro lado, en lo que respecta al análisis mediático, es y será un ejercicio fundamental. Más cuando la intención no es discutirlo en el Congreso de la Unión, sino en los medios de comunicación. Hasta el momento, el presidente ha referido 10 reformas constitucionales que, en medio del proceso electoral, las cuales se verán reducidas a líneas discursivas que todo el aparato gubernamental, incluido él mismo, su partido y su candidata Claudia Sheinbaum emitirán de manera sincronizada. Servirán para violar la Ley electoral, si es que se les sigue permitiendo. En los hechos, solo estarán orientadas a buscar consolidar una narrativa, cada vez más, difícil de sostener.

Los malos seguirán siendo los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no solo ganan más que el presidente, sino que no se dejan intimidar cuando éste les llama para “convencerlos” de que la Guardia Nacional, un instrumento de carácter civil, pase a ser parte de la Sedena. Los malos seguirán siendo los organismos autónomos que quieren transparentar los contratos del tren maya, dos bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como las adjudicaciones directas en temas de salud. Saber si los hijos del mandatario están involucrados, o no, en actos de corrupción sería más fácil. Tener instituciones fuertes que aclaren esta situación, y otras polémicas más, le conviene al presidente… si es que dice la verdad.

Por otro lado, la zanahoria electoral para el “pueblo bueno” será una reforma al sistema de pensiones, al salario mínimo, austeridad republicana y adultos mayores. Todas irrealizables financieramente, pero no importa: son elecciones.