Sobre la eventual desaparición de los órganos constitucionales autónomos
Perístasis

Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

X: @antoniozeind

Sobre la eventual desaparición de los órganos constitucionales autónomos
Organismos Constitucionales Autónomos. Foto: UNAM / Infomre 2018 2022

Luego del cuestionamiento permanente del que han sido objeto desde su nacimiento estas 9 instituciones públicas nacionales o federales elevadas a rango constitucional y situadas jerárquicamente a la par de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se ha podido conocer que próximamente el titular del Poder Ejecutivo Federal dará a conocer una iniciativa para “desaparecerlos” lo que, de ser así, se traduciría como el embate más fuerte que han sufrido en su historia de poco más de 30 años.

Me parece importante que para comenzar con un debate serio sobre la pertinencia o no de que los órganos constitucionales autónomos existan, realicemos un ejercicio que nos permita conocer con certeza cuáles son y no confundirlos con otros que claramente no lo son:

  1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
  2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
  3. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
  4. Banco de México
  5. Comisión Federal de Competencia Económica
  6. Instituto Federal de Telecomunicaciones
  7. Instituto Nacional Electoral
  8. Fiscalía General de la República
  9. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Contrario a la tesis que señala que su creación se debe a la existencia de una especie de “moda constitucional”, existen evidencias claras de que estas instituciones nacieron como resultado de la inconformidad y desconfianza que, por sobradas razones, la sociedad mexicana ha tenido con los resultados arrojados por las instituciones tradicionales, particularmente con aquellas pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal y también a los poderes ejecutivos locales a lo largo de los años.

Es buen momento para recordar que buena parte de las facultades atribuidas en la actualidad a las anteriores 9 instituciones autónomas, con anterioridad eran ejercidas por el Poder Ejecutivo con consecuencias que no hicieron más que incrementar los cuestionamientos a este último y llevar a la realidad reformas que a partir de 1993 redimensionaron a las instituciones que en el futuro serían autónomas por mandato constitucional, pues estaba comprobado que la fuerte influencia del presidente de la República en la toma de decisiones eminentemente técnicas, las había hecho objeto de criterios políticos muy alejados de lo técnico y especializado.

Asimismo, respecto de las posiciones desde las que se considera idóneo no “desaparecer” pero sí convertir a algunas de ellas en organismos públicos descentralizados y, por lo tanto, retirarles la autonomía constitucional volviéndolas a hacer parte del Poder Ejecutivo Federal (en donde en algún momento de su existencia ya estuvieron) sería un claro retroceso, pues como ya subrayé los resultados que al ser parte del Poder Ejecutivo dieron fueron considerados, al menos, decepcionantes.

En virtud de lo anterior y a reserva de conocer a detalle el contenido de la muy anunciada iniciativa que próximamente se presentará, hoy se está ante un nuevo intento de eliminación de instituciones que, lejos de responder a criterios políticos (como efectivamente lo deben hacer otras instituciones) deben actuar bajo parámetros técnicos que ayuden a un cumplimiento correcto de lo que les ordena la Constitución.

Lamentablemente, señalar que su existencia reduce la posibilidad de que exista una “unidad de políticas públicas del Estado mexicano” es evidentemente impreciso y contradictorio, pues los instrumentos para lograr esa unidad (como el Plan Nacional de Desarrollo) desde hace mucho tiempo son tomados a la ligera y prácticamente como un trámite por algunos de los órganos que hoy destacan la necesidad de aquella unidad; ello aunado a lo cambiante que es cada administración sexenal en las prioridades que perseguirá. De aquí que se requiera de instituciones que no respondan a esta volatilidad y sí a la búsqueda de estabilidad a través del respeto irrestricto del contenido de nuestra Carta Magna.

Esa es la razón de ser de la autonomía constitucional, aquella que llegó para quedarse.

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