Las fiscalías autónomas en México

A propósito de lo que parece ser una inminente discusión sobre lo que han llamado desde distintos foros una “Reforma Integral a la Justicia”, desde el año pasado, el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos se dio a la tarea de realizar un análisis sobre el estado que guardan actualmente las 32 fiscalías o procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y la que al parecer ha fungido como modelo de las mismas: la Fiscalía General de la República.

Indudablemente, los graves problemas que aquejan a la sociedad mexicana desde inicios del siglo actual de manera creciente y que se relacionan con la inseguridad que se vive en el país, hacen que resulte obvio que la discusión que se comenta se vaya a presentar de un momento a otro, por lo que contar con estudios serios desde los distintos ángulos que impactan para que este fenómeno sea lo ascendente que ha sido es importante; uno de los más importantes es el de la calidad en la procuración de justicia.

De acuerdo con el artículo 102 de nuestra Constitución, el Ministerio Público de la Federación se organiza en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. Básicamente, el haber dotado desde el pasado sexenio a la entonces Procuraduría General de la República de la naturaleza jurídica de Organismo Constitucional Autónomo (OCA) tuvo como finalidad extraerla de la órbita del Poder Ejecutivo Federal y, por lo tanto, de la marcada influencia que este ejercía en ella con el sesgo en la realización de las tareas que ello usualmente conllevaba.

Y es que de acuerdo con los estándares internacionales, dotar de autonomía a las instituciones encargadas de la procuración de justicia implica prácticamente, de manera invariable, avanzar en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia, pues mitigar el riesgo de que la utilización de sus muy poderosas facultades tenga un sesgo político, es algo indispensable en un Estado constitucional y democrático verdaderamente preocupado por el respeto a los derechos humanos. Con la autonomía, se pretende que una fiscalía o procuraduría pueda desempeñar de mejor manera sus labores sin estar sujeta a presiones externas, toda vez que sus funciones serían claras e independientes, así como la gestión y ejercicio de los recursos que ejercen serían responsabilidad de ella sin intromisión alguna.

A pesar de lo anterior, ha quedado claro que el haber dotado tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías o procuradurías locales de autonomía constitucional no ha sido suficiente para mejorar de forma sustancial la calidad con que llevan a cabo sus funciones, pues hoy se tienen ejemplos tanto en la primera como en algunas de las segundas, de injerencias claras o duros enfrentamientos principalmente con las personas titulares de los poderes ejecutivos respectivos.

Si bien hoy el avance en esta tendencia es claro (de las 33 fiscalías generales existentes en México, a 27 se les ha dotado de autonomía constitucional), lo cierto es que las altas expectativas que cada uno de estos procesos ha despertado han estado lejos de ser satisfechas, entre otras cosas por el hecho de que a pesar de contar con una nueva naturaleza jurídica, estas instituciones conservaron mayormente las estructuras anteriores; teniendo que aspectos como la profesionalización y capacitación de su personal no ha evolucionado, el presupuesto con que cuentan no ha sufrido incrementos importantes, las presiones políticas se han intensificado y una larga lista de variables que han generado que la autonomía otorgada a las instituciones de procuración de justicia haya resultado decepcionante.

Muy probablemente tocará a las siguientes legislaturas federal y locales realizar un estudio profundo de los logros y pendientes de estas instituciones, importante tarea donde la academia indudablemente deberá ser escuchada y tendrá que trabajar para mejorar un panorama que, a juzgar por los hechos, será cada vez más complicado.