Haití y lo fallido de un estado
Perístasis

Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

X: @antoniozeind

Haití y lo fallido de un estado
Foto: EFE

La teoría general del estado señala con claridad que el fin primordial de éste es su propia subsistencia. Invariablemente, esa subsistencia debe darse a partir de la existencia de un estado fuerte cuyos elementos básicos que son el territorio, la población y el gobierno se encuentren en armonía y a partir de la presencia de los conocidos como elementos modales (que son la soberanía y el orden jurídico) logren ese fin y los objetivos que contribuyen a ello.

Desde luego, en todo el mundo existen distintos estados que de diferentes maneras y bajo distintas estructuras persiguen subsistir, aunque algunos con mejores resultados que otros. Para lo anterior, el logro de la estabilidad política, económica y social es fundamental, pues al contar con ella el estado en cuestión puede desarrollarse e incluso buscar su expansión (siendo esta de diferentes tipos).

El continente americano se ha caracterizado por contar, históricamente, con una gama muy amplia (por su heterogeneidad) de estados cuyos gobiernos han respondido en algunas latitudes de mejor manera que en otras a la gran cantidad de retos que por naturaleza enfrentan. Indubitablemente, el grado de control interno con que cuente el gobierno de un estado modulará la debilidad o fortaleza que se considere que este último tiene.

Un factor muy importante para que ese control interno sea una realidad es el que “el monopolio de la violencia legítima” (concepto acuñado por Max Weber) atribuido única y exclusivamente al estado efectivamente lo sea, es decir, que en ese lugar sea solo el estado quien pueda usar la fuerza para garantizar el desenvolvimiento ordenado y pacífico de las relaciones surgidas entre la población que forma parte de él. Cuando ese uso de la violencia legítima deja de ser un monopolio y lo ejercen entes que no son el estado es cuando nos encontramos ante la presencia de un “estado fallido” (con lo polémico que ya es este concepto).

Un estado en el que el gobierno no controla a la población asentada en su territorio es un estado fallido no solo por no ejercer de manera monopólica la violencia, sino porque al no haber control existe una grave falta de estabilidad que hacen imposible que éste cumpla con sus objetivos y, por consecuencia, con su fin primordial.

Si bien Haití ha sido un país que desde hace muchos años ha dejado patente su debilidad, en los últimos meses se ha agudizado al grado que su primer ministro, Ariel Henry, ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas el envío de tropas para garantizar un nivel mínimo de orden.

Entre el homicidio de líderes políticos y población civil, las fugas de cárceles, el dominio de bandas del crimen organizado, la salida descontrolada de muchas personas de su territorio nacional, la pobreza de la mayoría de las personas (vista desde cualquiera de sus dimensiones), entre otros fenómenos, dan cuenta de la carencia de control interno y de la debilidad de Haití, cuyos liderazgos políticos han destacado por su ausencia y por decretar medidas propias de una emergencia que parece no tener fin.

Así, el día de hoy Haití es un estado que ha fallado desde muchos ángulos, encontrando que su debilidad es un ejemplo de las muchas cosas que se deben evitar hacer y, también, una razón más para que personajes con estilos y métodos impresentables como Nayib Bukele ganen popularidad y logren incluirse en el debate sobre lo que un estado debe hacer para considerarse fuerte.

Al final, conceptos incompletos como el de “estado fallido” invitan a que haya voces que consideren viable cualquier medio para que un estado se caracterice por su fortaleza, aun cuando estos pongan en riesgo las mínimas garantías con que debe contar su población.

Lo fallido de un estado no solamente debe medirse por el control interno que su gobierno ejerza, sino por el respeto irrestricto a los derechos humanos de su población.

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