Los contrastes en los presupuestos universitarios

Desde diciembre del año pasado, el gobernador del estado de Jalisco dio a conocer una iniciativa por la cual la Universidad de Guadalajara tendría garantizado a rango constitucional contar año con año con al menos un 5% del presupuesto de la entidad para su gasto operativo y un 0.3% para destinarse en la infraestructura de la misma.

La anterior ha sido una buena noticia no sólo para el estado de Jalisco y para su universidad más importante (y una de las más importantes del país), sino para la educación superior en general. Invertir en educación y hacerlo con el consenso que se logró tanto en el congreso local como en los ayuntamientos de aquella entidad, es muestra clara del compromiso que existe respecto de la importancia que se considera que la educación tiene para detonar el desarrollo y de esta manera combatir todo tipo de problemas a los que se enfrenta la sociedad que, indubitablemente, serían resueltos de mejor manera contando con una más instruida y por lo tanto más desarrollada.

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No obstante, el establecimiento en una constitución del presupuesto que habrá de ejercer una universidad pública autónoma contó con su primer ejemplo en el estado de Veracruz, pues allá desde el año 2017 la última parte del artículo 10 incluye lo que he llamado una “cláusula de irreductibilidad presupuestal”, pues a la letra señala: “en el caso de la Universidad Veracruzana, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”.

A pesar de lo anterior, la administración actual en el estado de Veracruz ha ejercido una presión sistemática sobre la Universidad Veracruzana al buscar de manera reiterada entregar cantidades menores de recursos a las establecidas constitucionalmente para la operación de dicha institución de educación superior (esto tomando como base la definición que se establece en el artículo 72 de lo conocido como “presupuesto general del estado”, misma que se debe a una reforma posterior y que definitivamente contraviene la intención de que la universidad contara gradualmente con más recursos para lograr cumplir con sus objetivos).

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En instituciones tan importantes como son las universidades públicas autónomas, el llegar a contar con un presupuesto mínimo garantizado se ha convertido en una garantía que fortalece a la autonomía universitaria y que, por lo tanto, blinda a la libertad académica con que cada una de ellas debe contar. Asimismo, la creciente presión a que estas instituciones son expuestas derivada de una exigencia de incremento de su matrícula, de la necesidad de mejorar su infraestructura, de lo indispensable que es que se encuentren a la vanguardia en sus planes y programas de estudios, así como a los crecientes compromisos relacionados con sus sistemas de pensiones; hacen que ejemplos como el que se vive en el estado de Jalisco además de merecer un seguimiento puntual respecto de su cumplimiento posterior (evitando que se repitan problemas como los padecidos en Veracruz), sean replicados en otras universidades públicas autónomas tanto federales como estatales que encontrarían en los presupuestos constitucionales las garantías para poder ejercer de manera plena sus facultades y ver fortalecida su autonomía.

Hoy México requiere de un Sistema Nacional de Educación Superior fuerte y listo para responder a las crecientes necesidades de una sociedad ávida de todo lo que estas instituciones le ofrecen.