Las 15 mujeres sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez

Las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas. El incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, no es la excepción. Esa noche 15 mujeres estaban en la celda cuando el humo empezó a entrar. Una agente migratoria les abrió la puerta y las llevó al patio donde tuvieron que escuchar los gritos de los hombres que se quemaban y se asfixiaban adentro –varios fueron sus padres, esposos, hermanos o amigos– y observar cuando sacaron los cuerpos. Ellas fueron testigas y víctimas. A un año de ese crimen de Estado, estas mujeres siguen sin ser reconocidas como víctimas de esa tragedia, ni tomadas en cuenta en las conversaciones sobre el incendio.

No es un secreto que las mujeres estuvieron presentes, incluso se reconoció en la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Tras el incendio, la foto de una mujer llorando tras una ambulancia recorrió muchos medios de comunicación, pero pocos cubrieron la situación de esas mujeres.

¿Por qué es importante su reconocimiento como víctimas? Porque sus derechos fueron vulnerados: derecho a la libertad, a la salud mental y a una vida libre de violencia. El Estado tiene la obligación de resarcir el daño de manera adecuada, es decir, que se logre el restablecimiento de la situación en la que se estaba antes del hecho. No pretendemos que las mujeres sean permanentemente víctimas, pero no reconocerlas da cabida a la invisibilidad e impide su acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Una reparación integral del daño requiere de diversas medidas que las autoridades deben implementar. Estas van desde atención psicológica (sumamente importante después de vivir un evento que generó una experiencia traumática difícil de procesar), medidas de no repetición, cambios en la legislación, hasta incluso, una disculpa pública por parte de las autoridades. El derecho a la reparación integral tiene el objetivo de acercar a las personas a una rehabilitación digna, a la justicia y a la verdad.

Implica el estudio y el análisis del caso, así como de las afectaciones que el incendio en la cárcel migratoria generó en ellas. La autoridad responsable de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), misma que tiene la facultad y obligación de realizar el reconocimiento de calidad de víctima, pero que ha sido omisa en este caso.

Mientras las familias de los fallecidos y los 27 sobrevivientes siguen a la espera de su reparación integral del daño y de acceder a la justicia, a las mujeres no se les ha reconocido su calidad de víctimas ni por la Fiscalía General de la República (FGR), ni por la CEAV.

En el caso de CEAV no es claro por qué ha dejado atrás a esas mujeres. ¿A caso si no fueron gravemente heridas no cuentan cómo víctimas? ¿Necesitan que fueran parte de las personas fallecidas? o sólo es parte del sistema que ignora a las mujeres, desdibuja a las migrantes, y les da la espalda en el acceso a la justicia.

El incendio en Ciudad Juárez no fue un hecho aislado, responde a una política migratoria de criminalización, contención y violatoria de derechos que ignora a las mujeres migrantes. “Lo que no se nombra, no existe”, y nosotras no dejaremos de nombrar a esas 15 mujeres que sobrevivieron al horror de un gobierno indolente y medidas crueles de disuasión. Esas mujeres existen; fueron víctimas del peligro ante el fuego, del sufrimiento, del miedo, de la angustia y, en algunos de los casos, de la pérdida de sus seres queridos que se encontraban en el ala de los hombres. En entrevistas con ellas, después del incendio, psicólogas de organizaciones de la sociedad civil detectaron que las mujeres tenían síntomas de estrés postraumático; pensamientos recurrentes, llanto continuo, dolor de cabeza e insomnio.

Han pasado 365 días desde que agentes de migración no abrieron el candado de esa cárcel migratoria, donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 resultaron con heridas graves, lesiones y daño neurológico de por vida. Las 15 mujeres tratan de reconstruir su vida y de eliminar aquella huella traumática que tendrán que procesar por el resto de su vida. Lo mínimo que les debemos es reconocimiento y su derecho a la justicia.

Las mujeres son parte del flujo migratorio en México y en el mundo. En el país, 3 de cada 10 eventos de detención y 4 de cada 10 solicitudes de asilo son de mujeres. Es necesario reconocer su presencia para atender sus necesidades y su inclusión en la política pública. La urgencia de una política migratoria con perspectiva de género e interseccional es indispensable.