Jóvenes en México: entre la violencia y la precariedad

Hace un par de días Mariana Campos reportó en Infobae el asesinato a balazos de un varón, de entre 25 y 30 años de edad, al oriente de la Ciudad de México. A decir de la periodista, cuando los paramédicos llegaron, encontraron el cuerpo sin signos vitales y determinaron que la muerte fue instantánea debido a un balazo en la cabeza. Para Campos, “este suceso no sólo dejó una víctima mortal sino que también resalta los desafíos en materia de seguridad que enfrentan algunas colonias de la ciudad de México”.

A inicios de marzo de este año, en una nota de Xóchitl Álvarez publicada en El Universal, se divulgó que una mujer de 23 años de edad salió de su casa en una motocicleta, en Pénjamo, Guanajuato. No regresó. Su familia se preocupó, denunció y divulgó el hecho en redes sociales. Días después una llamada anónima alertó a las autoridades de un cuerpo tirado. Era el de la mujer desaparecida, fue encontrada muerta, con impactos de bala, junto a un camino de terracería, cerca de donde había desaparecido.

Un mes antes, Daniel Revilla divulgó una nota en Zócalo, en la que alertó de la muerte de un adolescente de 13 años de edad, en Saltillo, Coahuila, debido a inanición. Supuestamente dejó de comer por depresión “luego de que sus padres lo abandonaran con sus abuelos”. En la misma nota reportó el caso de un niño de 12 años de edad, quien intentó suicidarse, pero fue encontrado a tiempo por su madre, aunque “los padres informaron que desconocían los motivos que lo llevaron a dicha decisión”.

Las notas o reportes periodísticos, además de ser recientes, tienen en común hacer visible la muerte de jóvenes, adolescentes o niños en México. Varones y mujeres, de diferentes edades, mueren en distintas latitudes del país. O al menos han estado al borde de la muerte. Esto es lo que se ha denominado juvenicidio. En palabras del sociólogo José Manuel Valenzuela, “las y los jóvenes latinoamericanos mueren mayoritariamente por violencias que marcan y enmarcan sus vidas precarias”. Y al parecer, en México algunos jóvenes, de ambos sexos, viven en escenarios de violencia y precariedad que devienen en su muerte social y literal, a veces de formas crueles.

Empecemos con los escenarios de violencia. Un comunicado de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), afirma que de 2015 a 2023, “el número de lesiones por arma de fuego registradas en las niñas, niños y adolescentes de este país ha sido suficiente para llenar seis veces las camas del hospital Siglo XXI de la Ciudad de México”. Durante el mismo periodo, continúa el comunicado, se registraron 106 feminicidios con armas de fuego, de niñas y adolescentes a nivel nacional.

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Por otro lado, también del 2015 al 2023, a lo ancho del país se registraron un total de 6 mil 292 homicidios con arma de fuego a niños y adolescentes. Sólo durante el año 2023, se registraron 675 homicidios con armas de fuego de personas menores de 18 años de edad. En su gran mayoría las víctimas fueron varones y las muertes se presentaron principalmente en estados del país como Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Del sexenio del expresidente Peña Nieto, al del presidente López Obrador, afirma la organización con base en los datos, los homicidios de esta población se han incrementado.

El problema no sólo son las muertes de jóvenes y su incremento anual sino también el hecho de que, en muchos casos, son jóvenes quienes perpetran las muertes de otros jóvenes en el país. Un reportaje de José López Sánchez, publicado en febrero de 2024 en La Opinión de México, por ejemplo, afirma que: “cada año ocurren más de 350 mil delitos en los que están involucrados, como víctimas o victimarios, menores de edad, con un registro de más de 14 mil homicidios y más de un centenar de feminicidios; a escala nacional hay más de 3 mil 500 adolescentes en conflicto con la ley y alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales”. Por supuesto, el reclutamiento de jóvenes por los grupos es para diferentes fines.

 López Sánchez enfatiza que: “en México, una buena parte de la violencia criminal es ejecutada o recibida por jóvenes”. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), señala que “más de 66 mil jóvenes, de entre 18 y 29 años, se encuentran en prisión” debido a agresiones u homicidios de otros jóvenes de entre 15 y 35 años de edad. El hallazgo, lamentablemente, no es nada nuevo. Hace poco más de una década, un informe del Banco Mundial titulado: La violencia juvenil en México, publicado en junio de 2012, reveló que más de la mitad de los homicidios en el 2010, fueron cometidos por jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, la mayoría hombres.

Pasemos ahora a los escenarios de precariedad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2018 poco más de 16 millones de jóvenes se encontraban en situación de pobreza, es decir, un 42.4% de la población total de jóvenes en el país. No sólo se trataba de una población pobre tener una o más carencias sociales o económicas, sino también por ser vulnerables en otros sentidos. En el año 2020 el Coneval destacó que el 51% de los adolescentes en el país se encontraban en situación de pobreza. En otras palabras, la cifra se incrementó.

Respecto al mismo año, 2018, el organismo señaló que el 11.4% de la población joven en México tenía carencias por rezago educativo, pero también que era una población en extremo vulnerable debido a su limitado acceso a servicios de salud y de seguridad social. El organismo concluía que en el país ser joven equivalía a ser pobre y vulnerable. En el 2020, el Coneval constató que casi el 80% de los menores de 18 años de edad estaban en situación de pobreza o vulnerabilidad: al menos 4 de cada 10 en pobreza moderada y 1 de cada 10 en situación de pobreza extrema.

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Ante tales escenarios de violencia y precariedad que viven los jóvenes en México, es difícil pensar que esta población puede trascender su condición de víctima o de victimaria. Los grupos del crimen organizado tienen muchos que ver con los escenarios de violencia, sí, pero el Estado también tiene mucha responsabilidad respecto a los escenarios de precariedad y de vulnerabilidad. A final de cuentas, las vidas de muchos de los jóvenes en el país están marcadas por un juvenicidio estructural y cotidiano que primero los sumerge en una muerte social y al final en una muerte literal que lacera a sus familias, a sus comunidades, y que continúa reproduciéndose de forma abyecta.