Solo fueron necesarias una media tarde y una media noche para extinguir al órgano constitucional autónomo que durante 11 años garantizó de forma independiente el derecho humano descrito en el artículo sexto de nuestra vapuleada Carta Magna. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue víctima de la desaparición forzada.
Así se consumó otro golpe para debilitar la democracia mexicana y transmitir al poder del Ejecutivo funciones que ya se habían logrado arrancar de los gobernantes en turno, a quienes mucho incomoda la rendición de cuentas. Después de las 5 de la tarde del jueves 20 de marzo los legisladores morenistas y sus satélites en la Cámara de Diputados aprobaron con 330 votos favor y 126 en contra el dictamen para acabar con la institución autónoma y crear una cosa llamada “Transparencia para el Pueblo” que será un órgano desconcentrado de la llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Ahora los apellidos de las dependencias oficiales suelen usar la bondad y los términos pueblerinos en esta era de regresiones.
El ente que reemplaza al INAI ya no será colegiado y su titular habrá de ser designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otra vuelta en u al pasado presidencialista que también extermina el Sistema Nacional de Transparencia que otorgaba a los ciudadanos mayores garantías sobre el derecho a saber cómo funcionaban, gastaban y decidían los organismos que usan recursos públicos. No olvidar que partidos políticos, sindicatos, universidades públicas y los propios organismos autónomos, entre otros, se encuentran en esta categoría de sujetos obligados para transparentar su quehacer.
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Cotidianamente atropellan y los casos más recientes e indignantes nos recuerdan su falta de escrúpulos, basta recapitular sobre la impunidad que le garantizan a un sujeto como Cuauhtémoc Blanco para enfrentar su presunta participación en graves tropelías o la negativa a crear una comisión independiente que investigue específicamente el caso del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco para no dejarlo sólo en manos de la Fiscalía General de la República que bajo ninguna circunstancia garantiza imparcialidad.
Tengamos claro que a partir de ahora el Ejecutivo, como fue antes, tendrá el control absoluto y unipersonal del acceso a la información. La nueva Ley General de Transparencia es ya la estructura de una enorme tapadera bajo el mando de la Secretaría Anticorrupción, cuyo nombre resulta irónico bajo el régimen morenista adicto a ser juez y parte para aplastar el disenso.
Un par de horas después del golpe legislativo, la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación publicó el nuevo ordenamiento y antes de que terminara ese día, lo que quedaba del INAI sesionó por última vez vía remota para crear un comité de transición que documentará la entrega de sus instalaciones. Ese mismo jueves la zozobra también se expresó en cientos de empleados que reclamaron justificadamente el atropello a sus derechos laborales, viéndose en la necesidad de subir el tono para ser atendidos.
Lo ocurrido nos lleva al pasado que distinguió al priismo más intransigente, por eso es necesario dimensionar lo que hemos perdido como país. En el arranque del siglo XXI la ciudadanía ganó terreno con cambios progresivos, en 2002 se publicó la primera ley de transparencia, un año después se creó el IFAI como un novedoso organismo descentralizado, para 2007 se reconoció el acceso a la información como un derecho humano y en 2014 se le llamó INAI para dotarlo de autonomía en rango constitucional. Once años después ha sido aniquilado por quienes se autodenominan “demócratas”.
No es casualidad que durante la historia del acceso a la información autónoma al Poder Ejecutivo dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud (en la pandemia) y desde que se usó al Ejército como constructor del gobierno, la Secretaría de la Defensa se convirtieron en algunos de los principales objetivos en el afán por saber y evaluar la forma de gobernar.
Qué incómodo les resultó ser detectados en sus corruptelas en proyectos como la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, algunos de los principales blancos periodísticos para rastrear la ruta del dinero público.
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Andrés Manuel López Obrador, campeón de la opacidad, la adjudicación directa, el influyentismo y el cash vió en el INAI y la Suprema Corte a sus principales obstáculos. El primero ya desapareció y la segunda está a punto de convertirse en un mercado intrascendente controlado por incondicionales.
Tampoco es casualidad que la nueva Ley General de Transparencia que extingue al INAI, expresamente permita que se clasifique como reservada por 5 años y un periodo de prórroga igual, toda aquella información “que ponga en riesgo instalaciones, infraestructuras, proyectos estratégicos o prioritarios”.
El régimen muestra rostro de dictadura y nuevamente se ha despachado con la cuchara grande para vergüenza de México.
EDICTOS
Un clamor insistente entre cientos de juzgadoras federales y mujeres que desarrollaban su legítima aspiración a una carrera judicial ascendente es el reproche #NoLlegamosTodas. Aquella frase del discurso de toma de posesión de la primera Presidenta de México suena muy hueca en el Poder Judicial de la Federación que se va con la elección circense de junio. Cientos de carreras y vidas truncadas no son suficientes para producir algo de vergüenza en aquellas que fueron incorporadas en las boletas palomeadas por los destructores de la impartición de justicia autónoma e independiente. A esas personas que
traicionaron a sus colegas desde adentro, bien les quedaría aquello de #SomosCómplicesDelGolpe.