Es abominable e inevitablemente nos hace recordar uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad. Vidas fulminadas con total impunidad, engaño, tortura, crematorios y fosas clandestinas. Es México en la mitad de la tercera década del siglo XXI con el tufo de la era criminal y el exterminio padecido durante la Segunda Guerra Mundial.
Una atrocidad que me atrevo a anticipar será más perdurable en la vergüenza nacional que el propio caso Ayotzinapa o las fosas de San Fernando con la agravante de la condescendencia gubernamental para solapar, normalizar y hasta justificar a los delincuentes más despiadados. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el tono y las omisiones marcaron el rumbo para envalentonar a los más salvajes sicarios en amplios territorios cedidos al terror en nuestro país.
Signo distintivo del obradorato fue la tolerancia hacia el narcotráfico y sus efectos devastadores en la sociedad que se encuentra profundamente lastimada por tantas omisiones deliberadas.
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No fueron las autoridades de Jalisco y mucho menos las federales quienes lograron revelar el horror de las fosas en Teuchitlán. Fueron valerosas madres, padres y familiares de jóvenes desaparecidos los que vencieron la displicencia e incapacidad de policías, fiscalías, funcionarios y gobernantes. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco no perdió la esperanza en su afán para localizar y llegar hasta el fondo de esa tierra y descubrir restos de huesos incinerados en el Rancho Izaguirre que se diseñó hace varios años como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. El predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados ubicado en una zona árida y bardeada ya había sido cateado hace 6 meses, de ese grado es la complicidad e ineptitud por parte de las autoridades de todos los colores y jurisdicciones.
La muerte tiene un olor característico percibido por los buscadores que el 5 de marzo pasado por sus propios medios dieron con 3 hornos crematorios y las fosas con restos humanos carbonizados. Imagenes que remiten a las que se exhiben en diversos memoriales del holocausto; maletas, prendas, centenares de zapatos, piezas dentales, cartas de despedida de quienes sabían que no regresarían jamás.
En febrero se tuvieron indicios concretos con la liberación de 37 personas en otro espacio de la misma región en Jalisco, según los testimonios de algunos sobrevivientes que han sido esenciales en las investigaciones civiles, las víctimas fueron enganchadas con falsos ofrecimientos de empleo. Los que no corrieron con la suerte de ser liberados fueron reclutados a la fuerza por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Ninguna corporación policíaca, ministerio público o funcionario de la fiscalía local pudo hacer un trabajo exhaustivo para develar estas atrocidades? ¿Quiénes se hacen cargo de tanta inmundicia? ¿Nadie pudo ir más allá en el ámbito federal? Todas las posibles respuestas pasan necesariamente por el común denominador de la corrupción, la impunidad y la tolerancia al crimen que marca la ideología de quienes nos gobiernan. Es uno de los legados del ex presidente más despreciable que se recuerde.
Lo de Jalisco aquí y en la Haya donde se encuentra la sede de la Corte Penal Internacional, amerita la clasificación de crímenes de lesa humanidad, que a nadie le tiemble la voz para definirlos como son.
Un sobreviviente narró que los cuerpos de los muertos eran desmembrados antes de ser quemados y posteriormente enterrados o desechados en pozos cavados por los mismos reclutados bajo la amenaza de sus captores. Fueron cientos de muchachos, mujeres y hombres a los que se les truncó la existencia en un campo de la muerte ubicado a 62 kilómetros de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país. Tuvo que intervenir un grupo de la sociedad civil que ha sufrido ese infierno para confirmar con hechos la descomposición acelerada que experimentamos.
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Ninguna expresión alcanza para describir fielmente el coraje, la tristeza y el dolor que provoca un hallazgo de estas características. La vergüenza nos invade para referirnos a la consternación que sufrimos en un país que se nos fue de las manos.
No olvidar que Enrique Alfaro también es una línea a investigar y eventualmente a responsabilizar en esta trama. Pablo Lemus está obligado a intervenir y dar resultados contundentes porque su gobierno en Jalisco inició en julio del año pasado. La infructuosa revisión de la Fiscalía local en el predio de Teuchitlán data de septiembre de 2024, sin duda el caso marcará su gobierno.
¿Y Sheinbaum? A la Presidenta de la República le urge generar un estilo propio, desmarcarse del pasado reciente que aceptó avalar sin condiciones a cambio del apadrinamiento de su antecesor. Cada vez le será más desgastante tratar de explicar la deliberada indiferencia de AMLO con los hampones que han sido protegidos por un sistema podrido. ¿Hay elementos suficientes para fincar responsabilidades ante organismos internacionales? Es claro que sí, aunque se deberán correr los trámites para agotar las instancias nacionales, les aseguro que aquí no habrá respuestas satisfactorias.
El principal Colegio de abogados en nuestro país se ha pronunciado sobre los hallazgos para pedir a las autoridades federales que de oficio ejerzan la facultad de atracción, investiguen e identifiquen plenamente a las víctimas. La Barra Mexicana Colegio de Abogados pone el acento en lo que es evidente, las graves omisiones en el ámbito estatal.
¿Cuántos Teuchitlanes habrá sin que por ahora lo sepamos? Por lo pronto en Reynosa, Tamaulipas ha sido detectado otro terreno con diversos restos óseos calcinados en un crematorio clandestino. Quienes llegaron ahí para denunciarlo fueron también integrantes de una agrupación ciudadana de buscadores que trata de saber el paradero de cientos de desaparecidos en aquella ciudad fronteriza abrumada por los destinatarios de los abrazos enviados con los atentos saludos de su principal encubridor. Hagamos como sociedad lo necesario para sacudirnos la indiferencia, el grado de tolerancia a las atrocidades es alarmantemente elevado.
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EDICTOS
El Acuerdo General 3/2025 del 4 de marzo pasado emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establecen las bases para la conclusión de labores de la actual integración del pleno de ministros, llama mucho la atención por la redacción empleada al referirse específicamente al tema del informe de labores y el acta de entrega-recepción que se avecina. “Art. 16. En el informe de labores se deberán reportar las principales acciones y resultados obtenidos, realizados desde la fecha en que la Presidenta o el Presidente de la Suprema Corte inició su cargo a la fecha de su conclusión”.
“Art. 20. La Presidenta o el Presidente de la Suprema Corte al separarse de su encargo presentará un acta de entrega recepción institucional”.
¿Por qué la salvedad si hasta hoy la presidencia del Máximo Tribunal recae en una ministra y no un ministro?
¿Será que Norma Piña analiza la posibilidad de que no sea ella la que entregue el timón de la Corte a finales de agosto?