Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Algunos efectos de la eventual desaparición de organismos autónomos
La eliminación de organismos autónomos en México: implicaciones para la democracia, la economía y la protección de derechos humanos.
La eliminación de organismos autónomos en México: implicaciones para la democracia, la economía y la protección de derechos humanos.
Desde su nacimiento a inicios de los años 90, los organismos autónomos han desatado una polémica no sólo desde un punto de vista teórico del derecho constitucional y del derecho administrativo, principalmente, sino desde la concepción práctica que algunos sectores tienen de la función pública.
A lo largo de su ya no tan corta vida, estas instituciones públicas han coexistido y subsistido al lado de los que conocemos como poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) no sin ser cuestionadas por la relación que algunas personas asumen que estas tienen con ciertas élites políticas y económicas, además de ser criticados por supuestamente tratarse de instituciones muy onerosas.
La reforma al poder judicial que de manera inminente se avecina, ha eclipsado otra propuesta que plantea cambios profundos en la estructura institucional del Estado mexicano y que tiene que ver con la eliminación de algunas instituciones dentro de las que se encuentran organismos autónomos, los conocidos como órganos reguladores coordinados en materia energética y algunos organismos descentralizados.
Así, la reforma comentada plantea la recentralización de algunas tareas que si bien hace algunos años eran realizadas por el Poder Ejecutivo Federal (encabezado por la Presidencia de la República), con la tendencia iniciada en la última década del siglo anterior fueron encargadas de manera paulatina a instituciones que se buscó que más allá de responder a criterios políticos en su desempeño, actuaran con base en criterios técnicos en aras de que se mitigara el riesgo de que las decisiones que tomarán estuvieran impregnadas mayormente de un sesgo político.
Una eventual eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; de la Comisión Federal de Competencia Económica; del Instituto Federal de Telecomunicaciones; de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; no sólo implicaría un importante reto para la sociedad democrática en la que pretendemos vivir sino que también conllevaría una importante responsabilidad a un Poder Ejecutivo Federal que en los últimos años ha sufrido importantes reducciones en sus capacidades derivado de una política de austeridad que ha desembocado en un aparato debilitado y con cada vez más tareas complejas a su cargo, sumándole en este caso algunas otras que requieren de altos niveles de solvencia técnica y cuyos resultados (positivos o negativos) ahora serían atribuibles de manera exclusiva al poder ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma que se comenta supone una clara limitación a los medios de impugnación con que las personas particulares contaremos para combatir las acciones emprendidas por las dependencias. Es decir, nuestra posibilidad de que una decisión tomada por una dependencia del Poder Ejecutivo Federal se pueda echar para atrás por un tribunal, será sustancialmente menor.
Con esta reforma, estaríamos ante la presencia de un segundo intento de que estas tareas sean realizadas por el poder ejecutivo. Por ello, es pertinente recordar que las labores realizadas por las instituciones anteriormente enlistadas ya fueron en algún momento de la historia cumplidas por el mismo poder ejecutivo con resultados tan poco satisfactorios que se convirtieron la razón principal del nacimiento de este tipo de instituciones.
De prosperar la reforma, el Poder Ejecutivo Federal no solamente concentrará mucho más poder sino que esta concentración deberá llevar aparejado un compromiso de que los resultados serán sensiblemente mejores, pues los efectos en nuestra democracia, en nuestra economía y en la protección de diversos derechos humanos invariablemente llegarán.
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