La digitalización gubernamental en México busca acelerar y simplificar los trámites burocráticos, prometiendo eficiencia, transparencia y una mejor gestión de los servicios públicos. Hasta aquí, todo suena como un sueño hecho realidad: reducción de costos, tiempos de espera, filas y, sobre todo, menos corrupción al eliminar el contacto directo entre funcionarios y ciudadanos.
"¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?”
Esta digitalización trae consigo el riesgo de un uso indebido de los datos, vigilancia masiva y la vulneración de derechos fundamentales, en un país donde los únicos ciudadanos realmente protegidos parecen ser los que forman parte del crimen organizado, mientras que aquellos que se levantan cada día a trabajar para construir un México más próspero quedan en el desamparo.
Iniciativas como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y la Identificación Digital plantean la centralización de datos sensibles, altamente valiosos para la ciberdelincuencia. La experiencia ha demostrado que estas bases de datos son vulnerables a filtraciones masivas, como ya ha ocurrido con otras plataformas gubernamentales en el pasado. Además, representan una herramienta poderosa para la vigilancia y el control político, permitiendo la manipulación de programas sociales, como subsidios y pensiones, con fines electorales en un gobierno populista.
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Así como México importa casi cualquier producto de China, también estamos adoptando sus sistemas de monitoreo cibernético para vigilar a opositores, periodistas y activistas, restringiendo la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Todo esto sin una figura social que defienda los derechos ciudadanos ni una regulación clara sobre el acceso a la información, lo que abre la puerta a abusos contra la población. Además, las brechas digitales se profundizan con la obligatoriedad de registrar datos personales, dejando en situación de exclusión a comunidades indígenas, migrantes sin documentación oficial y otros sectores vulnerables que quedan al margen de los servicios digitales.
Si bien la digitalización gubernamental busca posicionar a nuestro país a la vanguardia tecnológica para modernizar el Estado y hacer más eficientes los servicios públicos, la corrupción ya demostrada impide alcanzar un equilibrio entre el uso responsable de la tecnología y la protección ciudadana. Esto pone en riesgo que la transformación digital impulsada por el actual gobierno se convierta en una verdadera herramienta de progreso y no en un mecanismo de control.
Más que proponer sistemas cibernéticos que aseguren al gobierno el control social, como ciudadanos deberíamos escuchar propuestas sobre un modelo de gobernanza digital responsable que garantice la seguridad y privacidad de los datos a través de mecanismos como:
- Un gobierno que cuente con un sistema de seguridad robusto, con modelos de encriptación y almacenamiento seguro de datos para evitar hackeos y filtraciones de información.
- Un organismo (de esos que el gobierno morenista ama deshacerse) verdaderamente autónomo, que supervise la recolección, almacenamiento y uso de datos personales de manera ética y que cumpla con estándares internacionales de protección de datos.
- Implementación de auditorías y publicación de reportes transparentes sobre el manejo y uso que el gobierno da a nuestros datos.
- No menos importante, garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer, modificar y eliminar sus datos del sistema, si así lo desean.
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Como ciudadanos, nos corresponde ejercer nuestra propia seguridad digital mediante la creación de contraseñas seguras en cualquier entorno digital, la revisión constante de políticas, permisos y condiciones de uso en plataformas gubernamentales, así como la denuncia de cualquier vulneración a nuestra privacidad, ya sea por parte de organismos públicos o privados, ante instancias de transparencia y protección de datos.
La tecnología avanza más rápido que la regulación. En un país donde la confianza en la institucionalidad es tan débil, la transformación digital no puede ser sinónimo de control y vigilancia. La digitalización debería ser en beneficio de la ciudadanía, no de un gobierno en turno. Exigir transparencia, seguridad y autonomía en la administración de nuestros datos no es solo un derecho, sino nuestra responsabilidad permanente.
México corre el riesgo de quedar atrapado en un futuro tecnológico donde el terreno digital no esté diseñado para el bienestar de sus ciudadanos, sino para su sometimiento.
Estemos atentos.