Aquí, en China o en cualquier lugar del mundo, sabemos que hay que apagar las luces al salir de una habitación. No solo por conciencia ambiental, sino porque la electricidad es cada vez más escasa y cara. Millones ajustan su consumo cada mes: apagan la televisión, desconectan aparatos y, poco a poco, invierten en tecnología inteligente que les permita ahorrar en el recibo de luz.
Mientras tanto, en países desarrollados, un solo modelo de inteligencia artificial puede entrenarse durante semanas, consumiendo más energía que una ciudad entera en un país en desarrollo. Ese desequilibrio energético no es una exageración: es el inicio de una nueva forma de extractivismo. La IA no solo transforma industrias: influye en tratados, desplaza recursos y obliga a los gobiernos a reorganizar sus agendas energéticas bajo presión tecnológica.
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En 2023, los centros de datos en Estados Unidos consumieron alrededor de 176 TWh, el equivalente al uso eléctrico anual de Tailandia (y proyectado a superar los 200 TWh en 2024, según el Departamento de Energía de EE.UU.). De ese total, entre 30 y 50 TWh se destinaron directamente a cargas asociadas con sistemas de inteligencia artificial, una cifra que podría cuadruplicarse hacia 2030. Y eso sin contar el tráfico de datos móviles, el video en streaming o las consultas a buscadores.
La factura energética de la IA comienza incluso antes, con la fabricación de chips en plantas como TSMC o Samsung, que requieren tanta agua como una ciudad mediana y emiten toneladas considerables de CO₂ antes de que un solo modelo esté operativo. Además, si el centro de datos no es eficiente —según su PUE (Power Usage Effectiveness), métrica que mide cuánta energía se pierde en refrigeración e infraestructura—, puede consumir hasta un 40% más electricidad que otro mejor diseñado. Esa diferencia equivale a encender 100,000 hogares durante un año.
En regiones operadas por PJM Interconnection (organización que gestiona la red eléctrica más grande de Estados Unidos, abasteciendo a más de 65 millones de personas en 13 estados) ya se reportan alertas por saturación. Se advierte un desequilibrio creciente por nuevas cargas, impulsadas en gran parte por centros de datos, que representan ya una proporción dominante de la demanda futura. Las grandes tecnológicas como Microsoft y Amazon debaten con las compañías eléctricas quién pagará la expansión de la red, mientras exploran construir pequeños reactores nucleares o cerrar contratos de energía renovable a 30 años.
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China no solo entrena modelos, sino que usa IA para rediseñar su sistema eléctrico. Balancea su red nacional, optimiza el diseño de baterías de alta densidad y corre simulaciones climáticas con precisión milimétrica. Corea del Sur proyecta para 2028 un centro de datos de 3 GW operado al 100% con energía renovable. Japón ha invertido en tecnologías como la energía nuclear y geotérmica, pero aún no despliega una estrategia robusta y específica para mitigar el impacto energético de la IA. Europa exige que todos sus centros de datos sean neutros en carbono para 2030, pero para lograrlo necesitaría triplicar su capacidad eléctrica actual. Según McKinsey & Company, la carga informática de centros de datos en Europa pasará de 10 GW en 2023 a 35 GW en 2030, y requerirá una inversión estimada de más de 300 mil millones de dólares.
Algunos países ponen el ejemplo. Islandia, a través de Verne Global y Equinix, opera centros de datos geotérmicos que usan refrigeración por agua fría, con emisiones mínimas y autoabastecimiento renovable. Finlandia ajusta el consumo de sus servidores en tiempo real, según la disponibilidad de energías limpias, mediante un sistema inteligente desarrollado por Google. En África Oriental, Schneider Electric ha lanzado soluciones de microredes solares como Villaya Flex para electrificación rural.
Mientras tanto, América Latina permanece en su papel de espectadora. Se estima que para 2035 la región podría destinar hasta un 5% de su consumo eléctrico total a la IA. En México, eso implicaría sumar una capacidad equivalente a 12 o 15 plantas nucleares nuevas, un reto mayúsculo para la CFE: el único operador legalmente facultado para expandir la red sin apoyo privado. Aunque hoy conecta al 90% de la población e impulsa el programa Internet para Todos usando su infraestructura eléctrica (postes, ductos y torres), enfrenta limitaciones presupuestales, deuda y obsolescencia en muchas líneas. El crecimiento acelerado de centros de datos pondría a prueba este modelo híbrido de energía y telecomunicaciones, y podría agravar la brecha de acceso y calidad en zonas rurales.
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El encarecimiento de la energía no golpea a todos por igual. Estudios de INEGI y CEPAL muestran que alrededor del 80% de los hogares en situación de pobreza energética están encabezados por mujeres, y las comunidades rurales e indígenas suelen enfrentar cortes e intermitencias con mayor frecuencia. Ese patrón revela la misma lógica extractiva que podría repetirse si abrimos nuestras redes de energía al despliegue masivo de centros de datos sin marcos de gobernanza claros. En territorios vulnerables, el derecho a la energía y el derecho a la conectividad van de la mano: si uno se privatiza o se captura, el otro se vuelve inalcanzable.
Se necesita regulación con visión. La eficiencia energética no puede ser opcional: debe integrarse desde el diseño, con chips especializados, algoritmos optimizados y técnicas de reducción de parámetros. La refrigeración debe hacerse por inmersión líquida o mediante sistemas pasivos en climas fríos, con ahorros de hasta un 50% de energía. Y los contratos energéticos deben incluir cláusulas de beneficio directo para las comunidades donde se instalan los centros, certificados de origen y marcos de gobernanza que garanticen transparencia y equidad.
Más allá de cuánta energía consume la IA, el punto central es quién decide dónde se entrega, en qué condiciones y en beneficio de quién. Si no actuamos, veremos cómo oligopolios digitales concentran redes y gobiernos, mientras los países emergentes son relegados a proveedores de insumos energéticos. Entonces, una nueva brecha digital emergerá: ya no basada en acceso a internet, sino en el acceso a la electricidad.
La soberanía digital empieza por la soberanía energética. Quien controla la luz, controlará el futuro.