Delfina, aborto, vacunas y togas
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.

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Delfina, multada por los diezmos. Foto: Twitter Delfina Gómez

Existe una secretaria del gabinete que tiene un rango superior en sus requisitos no formales para cubrir el perfil de una posición extraordinariamente relevante. El romanticismo de ocupar el escritorio que usó José Vasconcelos en la oficina del bello edificio de la calle de Argentina, en el antiguo barrio universitario de la Ciudad de México, además de anecdótico establece un parámetro riguroso que pocas personas han satisfecho y sin embargo, siempre se puede empeorar.

En un país de lamentable corta memoria, la designación de Delfina Gómez obedeció a lealtades políticas del grupo mexiquense más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el criterio de selección para esas responsabilidades es muy laxo, contrario al discurso la ética es irrelevante y los hechos lo demuestran. 

El escándalo del diezmo cobrado ilegalmente por Gómez Álvarez a trabajadores de Texcoco cuando era alcaldesa para desviar dinero ajeno, devengado por empleados que obviamente no tuvieron salida para resignarse al robo de una parte de su dinero, es una práctica común para “el cochinito” de la operación política. El Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que entre 2013 y 2015 se retuvieron ilícitamente parte de los salarios de por lo menos 472 trabajadores del DIF municipal, dinero destinado a respaldar al grupo del senador Higinio Martínez, mentor de Gómez Álvarez en el Estado de México. Ahí ejercen un feudo impune dentro del partido que lo único que ha regenerado es la corrupción. 

Dicen no ser iguales, pero su autoproclamada superioridad moral se desbarata ante la más básica revisión de cuentas. El papel de la secretaria de educación en esta trama además de inmoral, es sucio e inadmisible, la ubica como autora intelectual y material de una red de abusos que están probados ante las autoridades electorales. 

El lodazal en Texcoco produjo una sanción administrativa de 4.5 millones de pesos para Morena y la posible ampliación de la indagatoria para efectos penales por la probable comisión de diversos delitos en los que la actual titular de la SEP estaría involucrada. 

El intento de defensa de Eurípides Flores, como representante de Morena ante el Consejo General, y de Higinio Martínez, fue igualmente vergonzoso. Aplicaron el desgastado protocolo de los siguientes lugares comunes: 

  1. “Es una trampa de nuestros adversarios”.
  2. Lorenzo Córdova le hace el juego a la oposición”.
  3. “Son conservadores”.
  4. “Morena en incapaz de un fraude”.
  5. “No somos iguales”.
  6. “La cooperación fue voluntaria”.

En la operación para esquilmar el 10% de los salarios a trabajadores un personaje clave fue Horacio Duarte Olivares, exsecretario del ayuntamiento de Texcoco y ahora responsable de las aduanas en nuestro país, lamentablemente no es un chiste de humor negro. 

Y aunque se diga oficialmente lo contrario, entre esos tres activos del morenismo mexiquense (Delfina, Horacio e Higinio), López Obrador analizará quién será favorecido con la candidatura del partido de Estado a la gubernatura de esa entidad. El escándalo y las corruptelas exhibidas por el INE les perseguirán con la ignominia que merecen. 

La secretaria de educación pública cometió conductas irregulares que la tachan para una posición relevante que exige ejemplaridad absoluta. Su margen de maniobra ha sido reducido a cenizas por faltar al deber ético. Se autodefinen honestos y siguen pervirtiendo el servicio público para confirmar que nada ha cambiado en su aparente transformación.

Delfina Gómez debe renunciar, ha quedado moralmente derrotada. Ante la contundencia de los hechos, sobran más palabras.

EDICTOS

  1. La Suprema Corte de Justicia fijó un criterio histórico para guiar a todos los jueces federales del país en la despenalización del aborto. Esto en razón de la votación unánime que confirmó la nulidad del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castigaba con prisión de hasta tres años a la mujer que interrumpiera voluntariamente su embarazo. 

En el contexto de la reforma judicial que entró en vigor recientemente, la decisión en el pleno de ministros se convierte en jurisprudencia obligatoria. Se ha logrado un criterio progresista que protege el derecho a decidir de la mujer a pesar de las sanciones privativas de libertad que prevalecen en la mayoría de los códigos penales locales. 

Formidable decisión del Tribunal Constitucional que estableció una resolución emblemática en la historia judicial de nuestro país.

  • A pesar de la opinión de muchos, la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal lo convierte en un aspirante natural para llegar a la Corte.

Olga Sánchez Cordero se convertirá en la primera ministra en retiro que como legisladora podrá operar la terna que se envíe a la Cámara Alta para designar a quien tome el lugar del ministro Fernando Franco González Salas, que concluye su periodo el próximo 30 de noviembre. 

Hay un aspecto que puede ser sujeto a interpretación, pero que desde mi punto de vista no sería obstáculo formal. La Constitución en la fracción sexta del artículo 95 exige como requisito no haber sido secretario de Estado en el año previo al día del nombramiento. La Consejería Jurídica de la Presidencia no es considerada formalmente en la Carta Magna como una secretaría de Estado, sin embargo el reglamento interior de esa oficina sí le otorga a su titular dicho rango. Insisto, equiparar la categoría en un ordenamiento secundario, no actualiza la causal de impedimento descrita en el artículo 95 constitucional. 

Hacia la sucesión en la Corte, bastaría que con los juzgadores recién llegados al pleno (Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcantara Carrancá y Margarita Ríos Farjat) sumen sus votos al de Zaldívar, quien llegue en diciembre y uno más, logrando seis para elegir como presidente (a) del alto tribunal a quien López Obrador diga en enero de 2024. En esa carrera la ministra Esquivel Mossa aventaja en los pronósticos.

Si realmente hubo fracturas en el vínculo confeso de hermandad entre el presidente y Scherer, la preferencia automática para aspirar a la toga favorecerá a Loretta Ortiz, actual consejera de la Judicatura Federal. 

Lo sabremos en los próximos dos meses. Aseguro sin duda alguna, que quien cubra la vacante de Franco no llenará los zapatos del ministro que pronto se retirará. 

  • Hasta el momento se han presentado ante juzgados federales 262 amparos para exigir a las autoridades que vacunen contra Covid-19 a igual número de menores de edad en nuestro país. Se hace desde el gobierno federal un reproche absurdo para acusar acciones concertadas, otro grave error del presidente López Obrador que muestra un consistente delirio de persecución. Ahora la estrategia perversa será presionar a los jueces para tratar de contener una irremediable cascada de amparos que exhibe la actitud despiadada de Hugo López-Gatell, que con ánimo criminal dice que cada vacuna aplicada a un niño o niña “desviará el beneficio a personas con riesgos mayores”. Ya perdimos la cuenta en el repertorio de infamias del subsecretario de Salud.   

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