El nacionalismo de vacunas nos está matando. Necesitamos un enfoque internacionalista El nacionalismo de vacunas nos está matando. Necesitamos un enfoque internacionalista
Familiares de pacientes infectados con Covid-19 esperan a que se vuelvan a llenar los tanques de oxígeno en un centro de recarga en Vinto, Bolivia. Foto: Fernando Cartagena / AFP / Getty Images

Tenemos el poder de poner fin a esta pandemia. Tenemos la tecnología, los materiales y la capacidad productiva para vacunar al mundo contra el Covid-19 este año. Podemos salvar millones de vidas, proteger el sustento de miles de millones y recuperar, al mismo tiempo, billones de dólares en actividades económicas.

Pero, en lugar de eso, nuestros países están entrando ahora en la fase más mortífera de la pandemia. Las cepas mutantes se están extendiendo a regiones donde las vacunas no solo son escasas, sino que apenas han llegado. Con las tasas actuales de vacunación, la pandemia continuará arrasando hasta al menos 2024.

Esto no es una coincidencia. El sistema de patentes farmacéuticas de la Organización Mundial del Comercio fue diseñado para priorizar las ganancias corporativas sobre la vida humana. Incluso en medio de una pandemia mortal, una coalición de compañías farmacéuticas y gobiernos del norte global se niega a reordenar estas prioridades, bloqueando las exenciones de patentes, negándose a la transferencia tecnológica de las vacunas y no financiando correctamente la respuesta multilateral.

Es por eso que ministros del gobierno y funcionarios de salud de todo el mundo hicieron la Cumbre por el Internacionalismo de las Vacunas. Organizada por Progressive International, el objetivo de la Cumbre fue simple: desarrollar un plan común para producir y distribuir vacunas para todos, con compromisos concretos para una tecnología en común, invocar exenciones de patentes e invertir en una rápida producción.

El G7 se ha mostrado reacio e incapaz de cumplir esta promesa. Los bancos centrales de las principales economías del mundo movilizaron aproximadamente 9 billones de dólares para responder al impacto económico de la pandemia Covid-19, actuando con rapidez y decisión para proteger los intereses de sus inversores.

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El costo de la vacunación global, por el contrario, se estima en solo 23 mil millones, o el 0.25% de la respuesta monetaria. Esa cifra disminuiría drásticamente si los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido obligan a sus compañías farmacéuticas a compartir tecnología con fabricantes de todo el mundo, una idea que cuenta con el apoyo de una gran mayoría en Estados Unidos, donde los contribuyentes han pagado la factura completa por el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el Covid-19.

Pero la voluntad de hacerlo eso aún no se ha manifestado. Incluso las mil millones de dosis que el G7 prometió al mundo en su reunión de Cornualles ahora se han reducido a 870 millones, de los cuales sólo 613 millones son realmente nuevas dosis.

El plan del G7 no solo es tacaño. También es estúpido: la Corte Penal Internacional (CPI) ha estimado un costo de 9.2 billones de dólares para la economía global por no entregar vacunas a todos los países. Y, el recuento final, también puede resultar suicida: cuanto más tiempo viaja el virus, más a menudo muta y más brutalmente puede regresar a los países ricos que ya están implementando programas de vacunación.

Pero el problema es mucho más profundo que la cantidad de dosis en el compromiso del G7. El virus Covid-19 continuará circulando por todo el mundo en el futuro previsible. Sin una transformación en el sistema de salud global, los gobiernos de todo el mundo tendrán que desembolsar miles de millones en compras anuales de refuerzos de las grandes corporaciones farmacéuticas como Pfizer, o rogar al gobierno de Estados Unidos que venga al rescate.

No podemos esperar a que el G7 encuentre su sentido común o su conciencia. Es por eso que la Cumbre por el Internacionalismo de las Vacunas buscó soluciones que socaven, en lugar de reforzar, la dependencia de estos gobiernos de las grandes farmacéuticas y los países donde tienen su sede.

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Para hacerlo, nuestros gobiernos están considerando tres propuestas clave:

La primera se centra en la propiedad intelectual. Las peticiones para que las grandes farmacéuticas compartan tecnología han caído en saco roto. Un año después del lanzamiento del Grupo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP) de la OMS, ni una sola empresa ha donado su conocimiento técnico, sino que ha optado por mantener el control total del suministro. Como provenientes de países con candidatos y fabricantes de vacunas, consideraremos una plataforma para compartir el progreso continuo con los candidatos, los protocolos de prueba y los datos, preparando el escenario para una transparencia real y permitiendo que los fabricantes de vacunas locales de todo el mundo produzcan las dosis críticas de las vacunas Covid-19.

La segunda se centra en la capacidad de fabricación. Sigue circulando un peligroso mito de que los países en desarrollo no pueden producir vacunas por sí mismos. Esto es simplemente falso. Los intentos de los fabricantes locales de vacunas, productos biológicos y medicamentos para producir vacunas Covid-19 han sido rechazados por compañías farmacéuticas que desean controlar el suministro mundial dentro de sus filas cerradas.

Cada vacuna tiene dos elementos: los derechos legales para producir la vacuna y el conocimiento sobre cómo hacerlo. Si se comparten las fórmulas de las vacunas, y se brinda la oportunidad de producirlas, podemos adaptar nuestras fábricas para producir las vacunas necesarias. Consideraremos invertir en la industria pública en cada una de nuestras naciones y equipar nuestras fábricas para producir las vacunas necesarias, no solo para nuestros propios países sino para los demás.

Haremos lo que podamos para poner fin a esta pandemia juntos, compartiendo las capacidades que tenemos. Por ejemplo, cuando uno de nosotros tenga mayor capacidad para regular las vacunas y los tratamientos de Covid-19, prestaremos estas capacidades a los países que no las tienen.

La tercera propuesta se centra en la desobediencia colectiva. Ya existen ciertas disposiciones para invalidar las protecciones de la propiedad intelectual, por ejemplo, a través de la Declaración de Doha de 2001 de la OMC. Sin embargo, los países se han mostrado reacios a hacerlo por temor a sanciones de ciertos gobiernos y represalias de las grandes farmacéuticas. Hay que considerar cómo podríamos introducir leyes nacionales para invalidar colectivamente las protecciones de propiedad intelectual, introduciendo una amenaza creíble para el modelo farmacéutico monopolista actualmente en juego.

Juntas, estas propuestas pueden comenzar a cambiar toda la lógica del sistema de salud global: del nacionalismo al internacionalismo, de la caridad a la solidaridad y de la competencia a la cooperación. La Cumbre fue un primer paso en este viaje de transformación.

K K. Shailaja es miembro de la Asamblea Legislativa de Kerala y exministro de Salud. Anyang ‘Nyong’o es gobernador del condado de Kisumu, Kenia. Rogelio Mayta es Canciller de Bolivia

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