Los intereses políticos, la corrupción, la implementación sin estrategia preventiva del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el abuso sindical son el contexto de las principales causas de la suspensión indefinida de la actividad en órganos jurisdiccionales en la Ciudad de México.
Es necesario recapitular en los antecedentes para entender el tamaño del conflicto. Por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia local han desfilado personajes que protegidos por los jefes de gobierno en turno han generado auténticos cotos nocivos en detrimento de quienes aspiran a recibir decisiones justas e imparciales. Hay tristes anécdotas como la de Edgar Elías Azar que encabezó esa institución entre 2008 y 2017, en aquellos años se hizo un chiste salpicado de humor negro que decía “¿Sabes cómo se resuelven los asuntos en los tribunales de la Ciudad de México? Al Azar”.
Como es costumbre en prácticamente todos los poderes judiciales, los gobernadores o los jefes de gobierno (en el caso de nuestra ciudad) son quienes ejercen control sobre la impartición de justicia local, ponen y quitan a títeres que responden a instrucciones directas sobre los temas más significativos con resorte político o de mayor cuantía en disputa. Es una lamentable realidad que todo litigante profesional puede corroborar desde su experiencia profesional.
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Este despropósito que anula la independencia judicial ahora será reproducido en el Poder Judicial de la Federación, con la reforma del obradorato que ha destruido a la Suprema Corte de Justicia autónoma y con personajes obedientes que practicarán el populismo judicial más primitivo a partir de septiembre.
Esa maraña de intereses y corruptelas que domina las decisiones judiciales es el panorama inalterable que se vive desde hace décadas en la justicia de la capital e impacta la vida de millones de personas que buscan la resolución objetiva de controversias familiares, procesos penales, diferencias laborales o dilemas civiles que implican la vulneración de su libertad, patrimonio, el sustento básico o la convivencia y custodia de sus hijos, sólo por citar algunos de los ejemplos más sensibles.
El paro de labores en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que inició el 29 de mayo y cumple 21 días, es un cíclico fenómeno que ahora adquiere tintes explosivos para la gobernabilidad de la capital. El colapso ya puede considerarse catastrófico y fractura el acceso a la justicia, cada día de inactividad significa el aplazamiento de más de 1,200 audiencias en asuntos que impactan la vida de aproximadamente medio millón de personas con necesidades diversas y apremiantes.
Basta decir que uno de los factores que detonan la crisis, es la dictadura dentro del Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por su líder Diego Valdez Medina que lleva 24 años en esa posición e intenta con desfachatez reelegirse con el apoyo de sus incondicionales, a pesar del justificado descontento de la mayoría de los trabajadores.
Otro líder charro que hace mancuerna con Valdez Medina es Zair Rogelio Landa Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores del Consejo de la Judicatura de la CDMX, ambos personajes son señalados como los responsables de haber organizado a un grupo de choque integrado por 25 encapuchados que intentó romper el paro con diversas agresiones el pasado 12 de junio en las instalaciones de la avenida Niños Héroes en la colonia doctores. Algunos de los empleados agredidos en la vía pública denunciaron que estos golpeadores son cargadores que se ofrecen en la zona aledaña a este complejo para realizar los desahucios que suelen ser violentos en situaciones extremas.
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La crisis parece fuera de control e impacta directamente al gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México, que simplemente dice que no hay dinero para satisfacer las demandas de aumento salarial de los trabajadores del poder judicial local. Para Brugada sus utopías, en el sentido amplio de la palabra, son más importantes y ahora tiene una bomba en las manos que la muestra incapaz de propiciar una solución. En lo concerniente a esta crisis simplemente está desaparecida.
Desde 1997, año en el que por primera vez se eligió en las urnas al Jefe de Gobierno de la capital y hasta la fecha, los mandatarios locales han palomeado y brindado impunidad a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Ahí aparecen los nombres de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Maercelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, la propia Claudia Sheinbaum e interinos como Rosario Robles, Alejandro Encinas y Martí Batres.
Edgar Alías Azar, Alvaro Augusto Pérez Juárez y Rafael Guerra Álvarez en su calidad de cabezas de la impartición de justicia en la capital, históricamente han sido parte del problema que ahora parece incontrolable. Si a esto agregamos cientos de denuncias sobre presuntos actos de corrupción que han envuelto a sus administraciones para manipular expedientes y resoluciones, estaremos visualizando el contexto de fondo.
Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del TSJCDMX es la antítesis del juzgador imparcial y autónomo. En su periodo que inició en 2019 con una reelección de por medio en 2022, se han recrudecido los señalamientos sobre las presuntas redes de complicidades y manoseos políticos en los que aparentemente se negocian sentencias al mejor postor. Desde 2023 comenté en esta columna sobre la participación de un personaje clave en esta trama dentro de la oficina del propio Guerra, se trata de Karen, mencionada por decenas de litigantes como una poderosa operadora que sirve de enlace para dar línea a una red de jueces y magistrados incondicionales que resuelven sobre pedido, en virtud del influyentismo o poderosos intereses económicos. Don Rafael, es esposo de Verónica de Gyvés Zárate, consejera de la Judicatura Federal, ungida por AMLO y tras el teatro de la elección judicial ya ha recibido constancia como flamante integrante del Tribunal de Disciplina Judicial que será la inquisición de los juzgadores federales que vendrán en septiembre.
Guerra es parte del círculo morenista de juzgadores, sin embargo vio frustrado su intento por llegar a la Corte con la nueva integración de los afines al régimen. Ahora la grave crisis generada por el paro lo ha rebasado mostrando sus limitaciones para aportar elementos de negociación que resuelvan los reclamos de miles de trabajadores que denuncian situaciones de acoso laboral estructural, cargas de trabajo insostenibles por las desaparición de algunos órganos jurisdiccionales y principalmente la necesidad de elegir libremente a sus dirigentes sindicales.
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Lo que menos importa en la actualidad es fortalecer la autonomía judicial, el panorama de destrucción institucional habla por sí mismo de la tendencia para desmantelar el acceso a la justicia objetiva e independiente del interés político. La mayoría de los ciudadanos son ajenos a los temas relativos a la justicia, hasta que un día sufren en carne propia su paupérrima calidad y lo peor es que en el ámbito federal está por reproducirse el mismo patrón. Nada de lo descrito es una coincidencia, sino parte de un plan.
EDICTOS
La semana pasada en esta columna les describi a detalle una historia de infamia en el estado de Hidalgo para fabricar acusaciones de abuso sexual, en virtud de una controversia hereditaria contaminada de intereses políticos que pretenden alborotar las aguas para incidir en la sucesión de Julio Menchaca en aquella entidad. Resulta que cada vez surgen más pruebas y eventos que vinculan de forma directa a Aylén Trejo Leal, una de las acusadoras que ha manipulado los testimonios de sus sobrinas menores de edad, falsificado documentos y firmas como consta en la carpeta de investigación sobre el caso. Me dicen fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la República y de la fiscalía estatal, que Aylén está coludida con el temible sindicato de cementeros que es famoso en tierras hidalguenses por sus tácticas violentas y contubernio con grupos delincuenciales. Hace unos días se le vio públicamente con líderes de ese gremio en Zimapán para armar bloqueos que incluso han paralizado en años recientes a la ciudad de Pachuca. Además de la venganza contra sus propios hermanos y su desmedida ambición, la intención es desestabilizar el gobierno del estado. ¿Quiénes están detrás de esta mujer que acusa sin pruebas con total impunidad? Dicen que la respuesta se encuentra en la propia Secretaría de Gobernación donde despacha Rosa Icela Rodríguez.