Sociólogo por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, antropólogo social egresado de El Colegio de Michoacán y actualmente investigador titular en El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales. Analiza las dinámicas de migración, violencia y crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos.
Empresarios ante la violencia criminal
Los empresarios en México enfrentan violencia criminal. La inseguridad sigue afectando su vida, negocios y seguridad en zonas clave del país.
Los empresarios en México enfrentan violencia criminal. La inseguridad sigue afectando su vida, negocios y seguridad en zonas clave del país.
Desde hace años, los empresarios en México han sido víctimas de la violencia criminal y se han visto obligados a construir prácticas de movilidad para enfrentar dicha violencia, aunque a veces no son garantía.
En el 2015, por ejemplo, los analistas Carlos Muñiz y Jacobo Ramírez, publicaron un artículo en el que afirmaron que, la llamada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada en el 2006 también mermó la seguridad de los empresarios mexicanos, la cobertura mediática fue limitada, comparada con la de países de la Unión Europea o los Estados Unidos.
En el 2017, otro analista, Luis Adolfo Ortega, planteó que, ante la inseguridad, algunos empresarios de ciudades como Tijuana, echaban mano de prácticas como son:
- Cambiar de residencia
- Reubicar a sus familias
- Invertir en seguridad privada
- Ser discretos
- Cambiar de rutinas
Aunque no soy especialista en el tema, la situación no me sorprendía del todo. En el año 2016, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Matamoros, me pidió realizar un estudio sobre la fundación y relevancia del organismo en esta ciudad fronteriza. La revisión de documentos y estadísticas fue el inicio del estudio, pero la parte medular fueron las entrevistas que sostuve con varios empresarios.
Sus historias oscilaron entre la nostalgia y el miedo. La primera al recordar cómo iniciaron y los múltiples sacrificios para mantener a flote sus negocios, y la segunda con relación a la violencia que los acechaba desde hace varios años y que, a más de uno, lo había minado económica y emocionalmente.
Si bien han pasado varios años desde que inició aquella guerra y supuestamente se han dejado de lado gobiernos neoliberales, los empresarios aún se enfrentan a la violencia criminal.
Apenas en julio de 2023, durante el Foro para la Justicia y la Paz, convocado por Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús en México, Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), afirmó que los empresarios eran afectados por la violencia registrada en diferentes regiones del país.
En un artículo publicado por Forbes México, Enrique Hernández transcribió parte de lo que dijo el empresario:
“Las empresas y los empresarios nos hemos visto seriamente afectados, psicológica, física y económicamente por esta ola de sucesos”.
El empresario fue más allá: también expresó que “más de 4.5 millones de empresas del sector de Comercios, Servicios y Turismo anhelan y merecen un sistema de justicia capaz de prevenir delitos como cobro de piso, extorsión, bloqueos de vías carreteras y tomas de casetas, y robo de transporte, reportados como los más frecuentes por las 257 cámaras confederadas a través del Observatorio Empresarial de Seguridad del propio organismo”.
El escenario de cómo la violencia criminal afecta a los empresarios era claro. Y la denuncia aún más evidente. En ese momento, empresarios y la Iglesia signaron la Declaración por la Paz y la Justicia en México, un documento por demás importante que puso en entredicho la política de seguridad del gobierno.
A pasar de lo anterior, el empresario Julio Almanza Armas fue asesinado el 30 de julio pasado en Matamoros.
Sí, en la misma ciudad fronteriza donde hace ocho años realicé el estudio de la CANACINTRA. Él era presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas.
Los medios difundieron que se encontraba afuera de las oficinas, en su automóvil, cuando algunas personas armadas le dispararon. También difundieron que, apenas días antes, Almanza Armas había solicitado al Gabinete de Seguridad Nacional que sesionara en la ciudad de Nuevo Laredo, para tratar el tema referente al cierre de casi doscientas tiendas de conveniencia y siete estaciones de servicio de combustible del grupo FEMSA, debido a extorsiones del crimen organizado. Ante esto, la explicación de su asesinato fue evidente.
Para poner en contexto: poco antes del asesinato de Almanza Armas, el grupo FEMSA, mediante un comunicado señaló que suspendía la operación de sus negocios en Nuevo Laredo debido a los actos de violencia que ponían en riesgo la integridad de sus colaboradores. También matizaron que el comunicado era una denuncia a la vez que una solicitud de condiciones de seguridad.
El vocero de seguridad en Tamaulipas dijo a un medio que se estaba “trabajando con ellos y se han tomado acuerdos de colaboración”. Poco después, los medios ventilaron que, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas recomendó al Grupo FEMSA que contratara su propia seguridad interna, que pusieran “botones de pánico”, que colocaran cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes, pero que sus protocolos se los compartieran.
El debate respecto a quien es responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos se colocó en la mesa.
El Estado arguyendo que su responsabilidad es la seguridad pública, no la privada; la de los ciudadanos, no la de los empresarios. Y las empresas develando que sus empleados y clientes son ciudadanos, pero, sobre todo, que para tener seguridad económica debe haber seguridad pública.
Los empresarios, en este momento, hacían público que las condiciones de seguridad en Tamaulipas no eran las mejores, como se había pregonado. Apenas meses antes, de visita por Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el crimen y la violencia en la entidad había disminuido, que se exageraba. Obviamente, él tenía otros datos.
- La muerte de Almanza Armas, sin duda, evidenció nuevamente que los empresarios son víctimas de la violencia criminal en Tamaulipas y en otras regiones de México. Llama la atención que el empresario fue asesinado en Matamoros, un municipio que desde hace unos años es gobernado por el partido MORENA, que denunció la violencia en Nuevo Laredo, otro municipio morenista. Ambos municipios fronterizos, el primero con un desarrollo maquilador considerable y el segundo uno de los principales puertos aduaneros del comercio exterior entre México y Estados Unidos. En ambos la gobernanza criminal es visible, aunque por grupos diferentes. Ambos forman parte de un estado también morenista. Causalidades geopolíticas en esta región fronteriza.
- Almanza Armas no ha sido la única víctima de la violencia criminal. Días después de su asesinato, el empresario restaurantero José Ventura Castillo Ramírez, fue secuestrado en Reynosa (sí, otro municipio morenista). Fue liberado en 24 horas. Los medios difundieron que era el padre de una senadora suplente (también de morena), quien negoció con los secuestradores. Enseguida, una activista del Colectivo de Madres Buscadoras en Tamaulipas, subió un video en X en el que pidió apoyo a los grupos delictivos de la región para que el empresario fuera liberado. El argumento de la buscadora fue que se tenía qué hacer “escándalo” para aumentar las probabilidades de rescate. El entramado es complejo y sensible. En fin, “sigamos haciendo historia”.
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