Es política y líder de opinión. Se ha desempeñado como diputada Federal en las Legislaturas LXI y LXIII. Cuenta con más de 20 años de experiencia en análisis político mexicano e internacional. Actualmente se desempeña como empresaria, líder de opinión y columnista en diversos medios de prensa y televisión. X: @asarur IG: @adrianasarur
Justicia comparada
La reforma judicial propuesta por López Obrador ha generado polarización y preocupación sobre la independencia judicial en México. ¿Es un camino hacia la democratización o un riesgo de politización, como en Bolivia?
La reforma judicial propuesta por López Obrador ha generado polarización y preocupación sobre la independencia judicial en México. ¿Es un camino hacia la democratización o un riesgo de politización, como en Bolivia?
Hablar de justicia en nuestro país es evocar a una figura mitológica, algunos creen que es el Atlas que sostiene al mundo y muchos otros ni siquiera pueden asegurar su existencia. Por esto, la reforma judicial que propone el presidente López Obrador ha despertado una extrema polarización, desde el respaldo ciego de sus seguidores hasta la preocupación de diversos sectores que ven en ella un riesgo para todo el sistema de justicia.
En este sentido resulta útil comparar el contexto mexicano con los precedentes de Bolivia y Estados Unidos, dos países donde las intervenciones en la estructura judicial han generado consecuencias significativas. En Bolivia, el presidente Evo Morales implementó en 2011 una reforma judicial que incluyó la elección popular de jueces, un hecho sin precedentes en América Latina. Aunque la medida fue promovida como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, en la práctica resultó en una politización de la justicia que, a la postre se tradujo en un sistema judicial más vulnerable a las presiones políticas, deteriorando la confianza en las instituciones.
En Estados Unidos, a pesar de las recientes tensiones políticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad del Supremo, la estructura estadounidense ha mantenido un equilibrio entre los poderes del Estado y la independencia judicial ha sido un pilar fundamental de su democracia desde la fundación del país. Aunque el presidente tiene la facultad de nombrar a las y los jueces para la Suprema Corte, estos deben ser confirmados por el Senado, lo que sirve como un contrapeso esencial.
En este sentido, la reforma judicial de López Obrador, que incluye la posibilidad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto popular, plantea riesgos similares a los observados en Bolivia. Si bien la intención de democratizar el Poder Judicial puede parecer noble, en realidad es un peligro latente de que los jueces se conviertan en figuras políticas, susceptibles a las presiones del Ejecutivo y de los partidos políticos, debilitando -aún más- la independencia judicial.
Así, en un país que ha luchado por construir un sistema judicial autónomo y eficaz, es fundamental que cualquier reforma preserve, fortalezca y tecnifique al cuerpo de justicia, y no a la inversa, uno que socave la independencia del Poder Judicial.
Es crucial que la reforma judicial mexicana tenga estos ejemplos en mente, asegurando que la justicia (real) sea accesible para todas y todos los mexicanos, en lugar de ponerla en riesgo.
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