Los operadores judiciales en altos tribunales, particularmente en materia constitucional y electoral, muchas veces deben elegir entre la estabilidad política o la legalidad al resolver un asunto. Pero, lo cierto es que, en condiciones normales, no tendrían por qué enfrentarse a tal dilema. El Estado de Derecho debiese significar estabilidad política. Es más, el Estado de Derecho debiese garantizar la estabilidad política del país. A su vez, la estabilidad política debiese ser expresión de la vigencia del Estado de Derecho. En gran medida, la estabilidad política depende de la vitalidad del Estado de Derecho.
El dilema sólo aparece cuando la estabilidad política se separa del Estado de Derecho o cuando el Estado de Derecho va en contra de la estabilidad política. Es un dilema que el pensamiento político suele resolver introduciendo la “razón de Estado”, una cierta lógica propia del mundo político. Por ejemplo, podría sostenerse, desatender la ley es un mal menor en comparación con la pérdida de gobernabilidad.
Si entre los factores que determinan la estabilidad política no se encuentra el Estado de Derecho, entonces, el sistema político en cuestión funciona al margen del principio de legalidad. Asimismo, si cumplir la ley no abona a la gobernabilidad, entonces, el funcionamiento del sistema político queda sujeto a contingencias meramente fácticas: coyunturas de todo tipo, acuerdos oportunistas e incluso violencia y represión, por ejemplo.
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Ahora bien, el Estado de Derecho se confirma y consolida con sentencias. Para emitir sus resoluciones los operadores judiciales deben poseer la virtud de la prudencia. Es más, las sentencias deben estar justificadas racionalmente, en cuanto a su coherencia interna y su solidez externa. Pero, cuando los operadores judiciales deben decidir los asuntos que se someten a su consideración optando entre ratificar el Estado de Derecho o favorecer la estabilidad política, algo anda mal. Un criterio de ocasión, “ahora por aquí y ahora por acá”, somete a la sociedad a diversos niveles de incertidumbre, así como a riesgos que se actualizan de manera distinta en el tiempo.
Podría entenderse que el principio de legalidad es un lujo innecesario para la gobernabilidad, incluso un estorbo. Pero también podría pensarse que la gobernabilidad es viable al margen de la ley. Asimismo, escoger la estabilidad política por encima del Estado de Derecho abre la puerta a la arbitrariedad. Pues bien podría considerarse que el camino hacia la estabilidad política supone la validación judicial de rutas ilegales. De igual manera, elegir el Estado de Derecho frente a la estabilidad política podría acarrear crisis de legitimidad y motivar la eventual reforma o sustitución del orden jurídico y los operadores judiciales.
De nueva cuenta, una situación de estrés institucional como la descrita sólo sucede cuando la gobernabilidad se separa del principio de legalidad o cuando el principio de legalidad obstaculiza la gobernabilidad.
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Más allá de los debates entre políticos, los dimes y diretes mediáticos o en redes sociales, las elecciones judiciales en México pusieron otra vez a prueba a las instituciones garantes del voto y su autenticidad. En todo caso, la intervención límite de las instancias de garantía fue provocada por acciones políticas previas donde la gobernabilidad aparecía escindida del cumplimiento de la ley, actualizando así el dilema. Según ciertos analistas, la cuestión para las instituciones garantes quedó claramente planteada: por un lado, validar el proceso electoral minimizando la “operación acordeón” y sus efectos, o bien, por otro lado, cumplir con la ley y generar una desazón significativa en la sociedad mexicana, no sólo en el ámbito político. El debate se hizo evidente tanto en sede administrativa como en sede judicial.
En este sentido, el INE, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral se vieron obligados a optar o bien por el Estado de Derecho con las consecuencias políticas que ello implicara, o bien a apostarle a la estabilidad política en detrimento del principio de legalidad. No obstante, la mejor decisión institucional posible exige la confirmación del Estado de Derecho en coincidencia con la promoción de estabilidad política. Cualquier decisión unilateral supone un desgaste institucional y, en cierta medida, una pérdida de legitimidad.
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Para algunos analistas, la “razón de Estado” dictaba sacrificar el principio de legalidad y con él la incertidumbre en los resultados electorales en aras de asegurar el manejo de los poderes judiciales y, así, la estabilidad política del nuevo régimen. En su caso, el costo político por invalidar la elección o alguna candidatura oficial en los puestos más significativos hubiese sido muy alto en términos de legitimidad, credibilidad e imagen. En teoría las decisiones tomadas por las mayorías en los órganos colegiados competentes buscaban conciliar ambos extremos.
Como se ve, la construcción de la democracia en México ha sido, en varios sentidos, un largo proceso contradictorio, en el que no siempre el Estado de Derecho y la estabilidad política han ido de la mano. El problema es que la democracia no puede consolidarse sin superar dicha contradicción, pues su desarrollo se ve limitado sin la reconciliación entre la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley.