Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
La deliberación democrática y la reforma al Poder Judicial
En estos momentos cruciales, el gobierno debe escuchar a todos los sectores para garantizar una deliberación democrática que impulse reformas necesarias en el sistema de justicia.
En estos momentos cruciales, el gobierno debe escuchar a todos los sectores para garantizar una deliberación democrática que impulse reformas necesarias en el sistema de justicia.
“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, de acuerdo con lo establecido por el artículo 49 de nuestra Constitución. Así, los conocidos como poderes tradicionales surgieron con la pretensión de separar claramente las funciones realizadas por el gobierno como elemento del Estado, siguiendo una tendencia que nació en Francia y se extendió por todo el mundo, no siendo el caso mexicano la excepción.
Básicamente, el Poder Legislativo se encarga de crear las leyes que la población de un Estado determinado se otorgará y a las cuales se someterá, el Poder Ejecutivo se encarga de aplicarlas y el Poder Judicial tiene como función la de resolver las controversias que puedan surgir como resultado de aquella aplicación. Es en el ejercicio de esas funciones que este diseño institucional persiguió, desde su concepción, que además de que entre estos poderes hubiera una relación de permanente coordinación, unos se convirtieran en contrapesos de los otros en aras de mitigar el riesgo de una concentración excesiva de poder por parte de alguno.
Por otra parte, el artículo 39 de nuestra Carta Magna señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del mismo y se instituye para beneficio de éste, teniendo que es el propio pueblo quien tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo tiene en todo momento la posibilidad de que, en ejercicio de su soberanía, se realicen en la estructura del poder público los cambios que se estimen pertinentes en beneficio de aquel.
Una vez teniendo claro lo anterior, durante los últimos meses hemos podido ser testigos de diversas discusiones en torno a la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Entre otras cosas, aspectos propuestos como la elección popular de las personas juzgadoras han merecido muchos debates y grandes cantidades de páginas escritas acerca de lo que, a consideración de algunos, son los beneficios que esta reforma puede traer al sistema de justicia o lo que, para otros, son los daños que puede traer la final implementación de una reforma que por su profundidad significaría un cambio muy profundo para el Estado mexicano mismo.
Lo cierto es que de buscarse con esta reforma un mejoramiento sustancial del sistema de justicia, es evidente que los mecanismos que se buscan implementar no solo son insuficientes para llevar a cabo una empresa de tal envergadura, sino que el riesgo de que el resultado sea lo opuesto se encuentra latente y los posibles efectos colaterales de una transformación de esta magnitud son aún incalculables.
Si bien ya ha quedado claro que los cambios en el poder público no sólo son factibles sino también en muchos casos deseables, lo cierto es que nuestra propia ley fundamental prevé en su artículo 40 que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”. Esto conlleva que en todas las decisiones debe haber una participación del conjunto de la sociedad, ya sea de manera directa o ya sea a través de sus representantes.
Es por lo anterior que en momentos cruciales como los que se viven actualmente en nuestra República, nuestro gobierno debe estar abierto a escuchar las diversas voces que desde sectores tan distintos, como puede ser la academia o los empresariales, se ha propugnado por la realización de una verdadera deliberación democrática en la que estos y muchos más sectores sean escuchados y que las reformas tendientes al mejoramiento del sistema de justicia no solo cuenten con una mayor reflexión respecto a los cambios que se deben realizar a los poderes judiciales, sino que también ese análisis lleve a que otros factores, como son las fiscalías, también sean objeto de discusión y que, a partir de un estudio integral, se puedan llevar a cabo los cambios que nuestro país necesita para el presente y para los años por venir.
En una sociedad democrática, la discusión de las ideas es primordial en todo momento.
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