El “juicio” y encarcelamiento del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha vuelto a poner sobre la mesa una inquietante pregunta que resuena en toda América Latina, ¿buscamos justicia o venganza? Su caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia regional donde las y los juzgadores (jueces, ministros o magistrados) parecen convertirse en el brazo armado de los políticos al servicio de agendas electorales. La detención de Uribe, una figura que marcó la política colombiana por décadas, ha sido vista por muchos como la culminación de una profundo rencor político del ex guerrillero y ahora presidente y no como aplicación imparcial de la ley.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia ni tampoco obedece a algún espectro político en particular. En toda Latinoamérica, de derecha e izquierda, la justicia es vista con revanchismo y de manera electoral. En Brasil, Lula da Silva fue encarcelado por acusaciones de corrupción en el marco de la operación Lava Jato. También el expresidente Jair Bolsonaro es objeto de investigaciones que sus seguidores tildan de persecución política. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado múltiples procesos judiciales y prisión domiciliaria, donde sus partidarios denuncian una campaña de lawfare -o guerra judicial-, para inhabilitarla políticamente. En Perú está el caso Fujimori, además de los últimos presidentes y ni mencionar lo que pasa en Venezuela y sus múltiples detenciones.
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El patrón es claro: los opositores son blancos de persecuciones que, más allá de los procesos jurídicos, tienen un profundo impacto en la opinión pública y en el mapa electoral. Este uso de la justicia como herramienta política distorsiona el Estado de derecho, mina la confianza en las instituciones y socava la democracia. El Poder Judicial en toda América Latina (y ya se ve en E.U.A.), en lugar de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en una sala de despecho a la orden del presidente en turno.
El caso de Uribe es un recordatorio más de que en América Latina, el debate sobre la justicia a menudo se confunde con la venganza. Es un ciclo peligroso que no solo debilita la democracia, sino que también evita una verdadera reconciliación nacional, aquella que tanto reclama retóricamente Petro. Es hora de que Colombia y la región reflexionen sobre si están construyendo estados de derecho o simplemente perfeccionando la forma de destruir a los adversarios políticos.
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