En los últimos días nos hemos enterado de la noticia de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE. UU.) acusó a dos empresarios mexicanos asentados en Texas por presuntamente haber pagado sobornos a personas servidoras públicas de PEMEX buscando obtener contratos con esta empresa pública del Estado mexicano. Esto lo han hecho mediante la aplicación de una ley con la que se buscan primordialmente dos consecuencias: eliminar la posibilidad de que a partir de prácticas corruptas se afecte la política de competencia y desmantelar las redes de corrupción que en ocasiones pueden estar relacionadas con el crimen organizado.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) es la denominación de la conocida en español como Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (LPCE), misma que se trata de una norma federal estadounidense establecida en 1977 cuyo objetivo es que las personas (tanto físicas como morales) de aquel país o extranjeras que cotizan u operan ahí, sobornen a funcionarios extranjeros en aras de hacer negocios facilitando los procesos.
Si bien esta norma se encuentra a punto de cumplir 5 décadas, lo cierto es que en la época en la que fue expedida se trató de un dispositivo que además de hacerse de muchas críticas por implicar a personas fuera de las fronteras de los EE. UU., también se trató de una ley de avanzada que sentaría en muchos sentidos las bases de lo que en los años siguientes ganaría relevancia y establecería buena parte de los parámetros de comportamiento ético de un gran número personas tanto dentro como fuera de aquel país.
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Desde luego, esas personas que están obligadas a cumplir con lo señalado por esta ley deben en todo momento evitar pagar o prometer pagar con dinero o en especie cualquier cosa que conlleve un soborno y, también, llevar un minucioso control interno que permita mitigar cualquier riesgo de que lo anterior suceda. Es decir, deben mantener un control de su conducta hacia el exterior y hacia su interior.
Por supuesto, para lograr su eficacia esta ley prevé importantes sanciones que van desde multas hasta penas de prisión siendo, sin embargo, el daño reputacional el que puede llevar a estas personas a un aislamiento comercial que las pueda llevar a sencillamente dejar de funcionar.
A diferencia de otros países, el alcance extraterritorial que esta ley puede tener es verdaderamente amplio, ello de manera proporcional a la cantidad de negocios e intereses que los EE. UU. tienen en el extranjero y de las personas extranjeras que hacen negocios y tienen intereses en aquel país. Son diversos los ejemplos en que la aplicación de la LPCE ha generado, a partir de la imposición de sanciones ejemplares, cambios estructurales en la cultura interna de diversas organizaciones e imputación de actos ilegales a personas servidoras públicas de distintos gobiernos: Siemens en 2008, Alstom en 2014, Odebrecht en 2016 o Walmart en 2019 son algunos de ellos.
En un ambiente en el que la presión sobre las instituciones públicas y privadas mexicanas ha aumentado, se está llegando al momento en el que la cultura interna sea sustancialmente transformada y que los casos de corrupción tengan una reducción significativa en nuestro país. Sin duda la prevención es el camino para que su contribución al desarrollo sea mayor.