Es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Se ha desempeñado como profesor en la UACM, así como en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica de litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Cuenta con más de 70 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos.
La lucha por un Derecho postneoliberal
La batalla del pueblo de México el día de hoy es contra la herencia institucional y cultural del régimen neoliberal.
La batalla del pueblo de México el día de hoy es contra la herencia institucional y cultural del régimen neoliberal.
“La lucha por el Derecho” fue el título que Jhering le dio a una famosa conferencia pronunciada en 1892 a propósito de la conclusión de sus labores en la Universidad de Viena. En su intervención, Jhering reivindica las contradicciones y el conflicto como motores creativos del orden jurídico: la lucha como medio y la paz como fin del Derecho. El sentimiento jurídico es una fuerza que lleva hacia delante la conciencia normativa, el reconocimiento jurídico y los contenidos de la legalidad. La obra de Jhering ha tenido diversas lecturas, incluidas algunas conservadoras y otros pro imperialistas. Por ahora sólo me interesa referirme a ella por el éxito de su título. En primer lugar porque la justicia se enfrente al Derecho y en segundo lugar porque el Derecho se enfrenta a la injusticia.
El pueblo de México ha tenido que luchar por su Derecho y sus derechos frente a un cúmulo de injusticias históricas. Por ser libre primero, por consolidar sus instituciones después, por la posibilidad de desarrollarse soberanamente en condiciones de igualdad social y ahora por restituir las conquistas logradas. Es una senda marcada por la progresiva superación de los dogmas y los diques del liberalismo antipopular a favor de un constitucionalismo auténticamente democrático. La batalla del pueblo de México el día de hoy es contra la herencia institucional y cultural del régimen neoliberal. El combate incluye la disputa por los contenidos sociales y los principios nacionalistas del Derecho mexicano y la exigencia de respeto a múltiples derechos de papel, pisoteados en los hechos por cerca de 40 años. Pero también es una lucha por enriquecer la mejor tradición de nuestro constitucionalismo social revolucionario con los avances de un siglo en materia de derechos políticos o derechos de las mujeres y derechos ambientales. Particularmente se trata de una lucha por expandir la república democrática como forma de gobierno mandatada por la Constitución.
Las controversias entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Poder Judicial, lo mismo que las polémicas intraparlamentarias y también al interior de los órganos jurisdiccionales que hemos experimentado recientemente dan cuenta de la lucha por el Derecho y los derechos que el pueblo de México está dando en contra de grupos y redes de poder oligárquicos que se resisten a dar paso a una plebe consciente y organizada que se ha pronunciado a favor del cambio diciendo ¡ya basta!
El modelo jurídico del neoliberalismo entró en crisis y se va desvaneciendo, contienen su caída la cultura jurídica prevaleciente al interior de la comunidad jurídica nacional, así como los políticos e ideólogos que no aceptan que ahora forman parte de la historia negra de este país junto con los empresarios vendepatrias y la burguesía mezquina que prefirieron entregar al capital extranjero los recursos naturales y humanos antes que consolidar una economía soberana para el bienestar.
Cuando se critica el vértigo de los reformas constitucionales que ha impulsado la 4T se olvida mencionar que la mayor parte de las reformas que sufrió la Constitución mexicana en sus primero 100 años sucedieron en la etapa de liberalización política neoliberal, entre 1982 y 2018, particularmente en el periodo considerado como de culminación de la transición democrática, entre 1997 y 2018. Más allá de las cifras, lo que se suele omitir al criticar los cambios jurídicos de la 4T es que las modificaciones jurídicas que legitimaron el neoliberalismo fueron auténticas contrarreformas que desdibujaron el contenido social y los principios nacionalistas de la Constitución de 1917, además de que mermaron la soberanía popular al establecer estructuras institucionales que capturaron ámbitos competenciales y sectores completos del Poder Público en detrimento del interés general del pueblo de México. La actual intensidad del trabajo legislativo y la calidad de los cambios constitucionales están directamente vinculados con la necesidad de revertir el marco jurídico neoliberal, reinstituir el constitucionalismo social y avanzar en la construcción de un régimen postneoliberal sobre la base de un constitucionalismo democrático vanguardista.
El gran reto para las generaciones de abogadas y abogados activas y partícipes de la transformación social consiste en superar los escollos de la cultura jurídica heredada, sus dogmas y lugares comunes, sus referentes narrativos y las voces penetrantes de sus gurús. Para ello es necesario cambiar la forma en que se comprende, enseña e investiga el Derecho. Se requiere un pensamiento jurídico situado, crítico y orientado a la emancipación social. La teoría jurídica tradicional es incapaz de salirle al paso a la crisis de la argumentación jurídica, de la filosofía del Derecho de los juristas, de los operadores judiciales y de la mismísima función judicial. La formación técnica y orientada al mercado, incluso en inglés, tan útil para la globalización neoliberal, no es suficiente en el contexto del nuevo marco constitucional mexicano, que exige de la comunidad jurídica nacional, además de una alta competencia técnica, una formación interdisciplinaria y sensible al análisis interseccional, una conciencia social e histórica orientada a la defensa de la soberanía y el interés público nacional, así como una ética más allá de la retórica de los derechos humanos y la moral burguesa antipopular, además de una vocación por la justicia a prueba de todo formalismo pero fiel a la legalidad y los mandatos constitucionales.
Aquí es donde coinciden de nueva cuenta las políticas de la justicia con las políticas del conocimiento.
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