La actual polarización que se vive alrededor del mundo ha tenido un impacto fuerte en diversos ámbitos de la vida de las sociedades, en principio, la propia radicalización de sectores de la población con ideologías distintas ha planteado retos muy complejos que han desembocado en desafíos a sus normas y a sus instituciones.
El caso de las universidades no es excepcional, pues como un reflejo fiel que son de las sociedades a las cuales sirven, en su interior cuentan con una importante gama de ideologías y posiciones que, en muchos casos se han separado aún más en los últimos tiempos. Ello en sí ya es un reto al cual se le han sumado los fenómenos que se dan fuera de las universidades y por los que éstas se encuentran viviendo momentos en que sus propias comunidades las presionan para actuar en unos y otros sentidos y, factores externos a las mismas, también buscan conminarlas para actuar bajo distintos criterios.
Te puede interesar: La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la rentabilidad
No obstante, por lo general las comunidades universitarias exigen de sus instituciones posicionamientos contundentes respecto de sucesos que se dan en el seno de la sociedad y que puede considerarse son contrarios a los derechos humanos y a los valores que desde ellas se promueven. Ello implica para las universidades un debate respecto del rol que juegan en el mundo, teniendo por un lado que hay integrantes de éstas que promueven la conocida como “neutralidad institucional”, misma con la que básicamente se sostiene que las universidades por sí mismas deben abstenerse de realizar manifestaciones a nombre institucional y solo limitarse a abrir sus puertas para que en su interior se discutan los diversos puntos de vista existentes en los distintos temas que ahí se aborden.
Si bien no se tiene claro el origen exacto de la “neutralidad institucional”, quizás el documento más importante que existe respecto de ésta es el “Informe sobre el papel de la Universidad en la acción política y social”, conocido también como “Informe Kalven” (nombrado de esta manera gracias a que Harry Kalven Jr. fue el profesor de derecho que presidía el comité que lo elaboró en la Universidad de Chicago). Básicamente, en este documento elaborado en 1967 se estableció esta manera en que se consideró correcto que las universidades se abstuvieran de tomar posiciones y se limitaran a permitir que en su interior se discutieran todas las existentes.
Aun cuando en México la discusión sobre la adopción o no de la “neutralidad institucional” por parte de sus universidades técnicamente no se ha llevado a cabo, en días pasados fuimos testigos de las expresiones de apoyo que desde algunas de las más importantes y desde la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se realizaron hacia el gobierno de nuestro país frente a las posiciones recientes tomadas por el de los Estados Unidos. Ello puede traducirse como una no adopción de la “neutralidad institucional”.
Te puede interesar: El poder de negociación
Toda vez que las escuelas de derecho dentro de cualquier universidad son muy importantes, cabría hacerse la pregunta de qué tanto esas escuelas dedicadas a promover el respeto a los derechos humanos, los valores democráticos y, el Estado de derecho, deberían manifestar como ya lo están haciendo algunas de las instituciones de las que forman parte, posiciones claras respecto de los sucesos que están pasando fuera y dentro de las fronteras de sus países. Ha llamado la atención que en los últimos meses frente a cambios muy profundos llevados a cabo en México, la amplia mayoría de las escuelas de derecho han tenido un papel preponderantemente testimonial.
Como bien se dice, no asumir una posición puede traducirse como en realidad asumirla y, en estos casos, nos vendría bien como sociedad tener claridad y confianza en lo que podemos esperar en adelante.