Irresponsabilidad criminal
Ciudadano Político

Provocador de ciudadanos, creador de espacios de encuentro y conocimiento. Exservidor público con ganas de regresar un día más preparado. Abogado y politólogo con aspiraciones de chef. Crítico de los malos gobiernos y buscador de alternativas democráticas. Twitter: @MaxKaiser75

Irresponsabilidad criminal
Entierro de una víctima de Covid 19 en Guadalajara. Foto: Francisco Guasco/EFE

“Un millón de rusos muertos es una estadística.

Cada ruso muerto es una tragedia”


STALIN

El 27 de octubre de 2007 perdieron la vida 22 trabajadores de PEMEX y 68 resultaron heridos en la plataforma de nombre Usumacinta, en la sonda de Campeche. Las primeras declaraciones de la paraestatal hacían referencia a un terrible y fortuito accidente. Sin embargo, después de una larga investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su RECOMENDACIÓN No. 14/2009 del 19 de febrero de 2009, resolvió lo siguiente:

Se acreditan violaciones a los derechos humanos en agravio de las 22 personas que perdieron la vida el 23 de octubre de 2007 en la sonda de Campeche, así como de las 68 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de PEMEX toleraron que la plataforma Usumacinta funcionara en condiciones que no garantizaban cabalmente la integridad física y la vida de los trabajadores y, con ello, se transgredieron en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la seguridad en su centro de trabajo.

Es decir, según el órgano encargado de velar por los derechos humanos en México, PEMEX no mató directamente a las 22 personas que perdieron la vida, pero son responsables de violar su derecho humano a la vida porque en sus manos estaba garantizar condiciones de trabajo seguras.

El gobierno no mató a las más de 300 mil personas que hasta el día de hoy han muerto por la pandemia, pero los mexicanos tenemos el derecho a la salud, según el artículo 4 de la Constitución, y, por eso, el Estado tiene la obligación de procurar las mejores condiciones para mantenerla. Hay responsabilidades.

Entiendo que desde el punto de vista jurídico, y utilizando sólo los métodos tradicionales de investigación criminal, será muy difícil probar que una o varias omisiones, sumadas a distintas decisiones y acciones de gobierno, provocaron la muerte de miles de personas. Será también muy complicado, con los métodos tradicionales, asignar esas responsabilidades concretas a los titulares de las diferentes dependencias y entidades que han tenido a su cargo el manejo de la pandemia. Sin embargo, hay una condición especial en este reto trágico que la naturaleza envió a la humanidad: a todos los países les llegó el mismo virus, en un momento muy similar, y, por lo menos hasta hoy, no hay datos sobre distintos tipos de mortalidad, con base en elementos raciales o regionales. Así, los distintos resultados entre un país y otro se podrán explicar por la gestión del gobierno en turno, de cada país.

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Es decir, para asignar responsabilidades tendremos la oportunidad de comparar cientos de acciones concretas que se tomaron en los países exitosos en el manejo de la pandemia, con las omisiones y decisiones equivocadas que se tomaron en otros. Podremos evaluar, de manera muy precisa, cómo funcionaba una política específica, en diferentes centros poblacionales, con características similares, y cómo ésta era menos eficaz en otros.

Una vez hecho esto, podremos evaluar si en México era razonable conocer esa medida, aplicarla y hasta mejorarla. Y así podremos definir quiénes son los responsables de que México sea el tercer lugar con más muertes por COVID en el mundo, de acuerdo con las cifras oficiales, y sólo el segundo, si preferimos los diversos estudios serios que se han hecho al respecto. Y también sabremos por qué.

Para sanar como país vamos a necesitar justicia, y si no se hace por la vía jurídica, los ciudadanos tendremos que hacerlo, por los menos,  por la vía política.   

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