Tribunal Electoral podría frenar al Frente Amplio por México
El proyecto de la magistrada Janine Otálora argumenta que con el Frente Amplio por México existe un riesgo en la equidad a la contienda.
El proyecto de la magistrada Janine Otálora argumenta que con el Frente Amplio por México existe un riesgo en la equidad a la contienda.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), discutirá este miércoles la posibilidad de frenar los eventos, recorridos y difusión de los aspirantes del Frente Amplio por México, al argumentar riesgo de inequidad en la contienda.
“Es necesario declarar la invalidez del procedimiento para la selección de la persona responsable de la construcción de un frente amplio por México, en aras de salvaguardar los principios rectores en la materia, así como los que deben regir en los procesos comiciales tales como la legalidad y la equidad en la contienda”, señala el proyecto de la magistrada Janine Otálora.
El documento propone ordenar al PRI, PAN y PRD, integrantes del Frente Amplio por México, así como a los aspirantes que están llevando a cabo actividades para obtener el apoyo de la militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, que suspendan todos los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda en cualquiera de sus modalidades, asociados al proceso de selección del responsable para la construcción del Frente, y cualquier proceso de similar naturaleza.
El proyecto agrega que las personas participantes “han obtenido un beneficio de sobreexposición, que de otra manera no podrían conseguir válidamente”.
Asimismo, que la convocatoria del Frente Amplio por México, puede afectar al próximo proceso federal electoral, y a toda la ciudadanía, “por el tipo de actos que se pretenden realizar, y que no están regulados en la constitución federal y la legislación electoral.
La discusión se deriva de un juicio para la protección de derechos político-electorales, que fue interpuesto por Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo.
“De acreditarse que fue indebida la convocatoria impugnada, sus consecuencias podrían afectar de forma general no sólo los derechos de los ciudadanos que acuden a esta instancia, sino del resto de los electores, ya que pueden constituir actos anticipados de campaña y precampaña, al posicionar las plataformas políticas de los partidos”, agrega.
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