Senado avala cárcel por filtración de imágenes e información de víctimas de violencia
Las penas aumentarán en caso de que las víctimas sean mujeres, niños o adolescentes, y más cuando se trate de información de cadáveres.
Las penas aumentarán en caso de que las víctimas sean mujeres, niños o adolescentes, y más cuando se trate de información de cadáveres.
El pleno del Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece una sanción de hasta 18 años de prisión a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
De acuerdo con información del Senado, la reforma contempla multas de hasta 232 mil pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas que se volvieron recurrentes cuando se cometen los feminicidios.
Asimismo, senadores notificaron que la sanción aplicaría de la misma manera a periodistas, youtubers, personas particulares o representantes de medios de comunicación que publiquen estas fotografías.
La reforma fue aprobada por unanimidad por los senadores y será turnada a la Cámara de Diputados.
La propuesta garantizará la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas u ofendidos, toda vez que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye una lesión a la dignidad de las personas y la memoria de las víctimas.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad un dictamen que tiene por objeto aumentar, hasta en una mitad más, las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima esté embarazada al momento de la comisión del ilícito.
El proyecto ─que modifica los artículos 206, 219, 260, 265, 282, 291, 292 y 293 del Código Penal Federal─ refiere que si bien el castigo por estas transgresiones ya lo estipula la Ley, las penas no contemplan como agravante del delito la condición de embarazo.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, explicó que estas reformas obedecen a que “lamentablemente” se ha demostrado que las mujeres durante su embarazo sufren de violencia física, sexual, amenazas de tipo sexual o psicológico/emocional.
Mencionó que estas agresiones pueden generar riesgos tanto para la vida de la madre como para la del no nacido, ya que provocan estrés, ansiedad y depresión que afectan directamente el embarazo y son factores que pueden limitar el desarrollo de las conexiones cerebrales del bebé.
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