La-Lista de casos en los que ha ayudado el INAI gracias a solicitudes de información

Desde su creación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha permitido obtener mayor información para reportajes periodísticos.

Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos como el INAI, pues consideró que “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, sostuvo.

Presentamos aquí algunos ejemplos de reportajes en los que ha ayudado el INAI, gracias a diversas solicitudes de información que han presentado los periodistas:

La Estafa Maestra reveló que, entre 2013 y 2014, el gobierno federal desvió 7 mil 670 millones de pesos a través de contratos otorgados por 11 dependencias a 186 empresas, de las  cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. Para ello, fueron realizadas 517 solicitudes de información. 

Durante este sexenio, una investigación dio a conocer que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador, vivía en Houston en una mansión de un millón de dólares. En seguimiento, una segunda entrega reveló -gracias a solicitudes de transparencia- que al menos ocho contratos con Baker Hughes fueron adjudicados por Pemex Procurement International (PPI), con sede en Houston, entre agosto y octubre de 2019, periodo en el que López Beltrán ocupó una lujosa residencia que pertenecía a un ejecutivo dicha compañía estadounidense.

En julio 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, se reveló que la realización de la serie de televisión El Equipo costó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces bajo el mando de Genaro García Luna, 118 millones 116 mil 880 pesos, de acuerdo con el contrato obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia.

Los explotadores del agua, investigación de Mexicanos contra la corrupción, presentó cómo el agua se compra, vende y explota bajo la innacción del Estado, acaparando ese líquido en pocas manos y afectando a comunidades marginadas.

En el país, por otra parte, no existen datos certeros sobre cuánta agua utilizan los privados que gozan de concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala que todos los titulares de una concesión deben contar con un medidor, pero eso no se cumple.

En 2011 la Conagua contrató a la empresa Agua de México para que se encargara de realizar la medición y recolección de datos de los volúmenes de agua extraídos por uso industrial y de servicios. Como parte del contrato se instalaron solo 1169 medidores automatizados a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la propia Conagua.

Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en esa entidad, apenas 78 cuentan con medición automatizada, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

El país de las 2 mil fosas, investigación de Quinto Elemento Lab, es una investigación que documentó casi 2 mil entierros ilegales en más fosas clandestinas que las reconocidas por el gobierno.

Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.

“Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, Connectas y el ICFG, documenta que de 2012 a 2016 ocurrieron 9 mil 581 asesinatos de mujeres, de los que solo mil 887 fueron feminicidios.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La investigación sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de Aristegui Noticias, documentó la existencia de una residencia con valor aproximado de 86 millones de pesos, propiedad de Grupo Higa, que habitaba el entonces presidente y su familia.

A través de solicitudes de transparencia, la Delegación Miguel Hidalgo entregó copias de los trámites de la obra. Todo el papeleo fue hecho por Arturo Reyes Gómez, en representación de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”, de Grupo Higa.

El Estado Mayor Presidencial confirmó de manera oficial que resguardaba la residencia de Sierra Gorda 150, debido a que tiene la obligación legal de garantizar la seguridad del Presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, tanto en las instalaciones oficiales de Los Pinos y Palacio Nacional, así como en su casa particular, de acuerdo con las respuestas entregadas a solicitudes de acceso a la información hechas por este medio.