Los estados proaborto se apresuran a prometer un escudo legal para los abortos fuera del estado

Tras la explosiva filtración del borrador de la sentencia de la Corte Suprema la semana pasada, que revelaba que la mayoría de los jueces planean anular el caso Roe vs. Wade, varios estados han estado reafirmando y ampliando sus servicios de atención médica al aborto.

En los últimos días, ha surgido una oleada de proyectos de ley y declaraciones en estados gobernados mayoritariamente por demócratas, mientras los legisladores y las organizaciones se esfuerzan por prepararse para la posibilidad de un Estados Unidos post-Roe.

Mientras algunos estados intentan convertirse en “refugios seguros” para las personas que buscan un aborto fuera de su estado, otros estados han incrementado los fondos para el aborto, ampliando el acceso a proveedores y ofreciendo protecciones legales ante las demandas interpuestas por los ciudadanos “cazadores de recompensas” contra aquellos involucrados en los abortos.

Solo el 38% de las mujeres en edad reproductiva viven en estados que han demostrado su apoyo al derecho al aborto, según indica la organización de investigación Guttmacher Institute. En cambio, el 58% vive en estados que han manifestado hostilidad hacia el derecho al aborto. Solo el 4% de las mujeres viven en estados que tienen una postura intermedia.

El mes pasado, la senadora del estado de Nueva York, Liz Krueger, presentó un proyecto de ley que protegería a los doctores neoyorquinos que ofrecen servicios de aborto a pacientes de otros estados, mediante la prohibición de que los agentes judiciales cooperen en las investigaciones de otros estados sobre disposiciones relativas al aborto.

“En este momento crítico, Nueva York debe garantizar el acceso al aborto tanto para las neoyorquinas como para las refugiadas de otros estados a las que se les niegan sus derechos básicos”, comentó Krueger a The Guardian.

“Debemos proporcionar una protección irrefutable a los proveedores de atención médica de Nueva York contra las leyes abominables y retrógradas de otros estados”, añadió.

De forma similar, Alessandra Biaggi, otra senadora del estado de Nueva York, presentó un proyecto de ley que crearía un fondo de acceso al aborto y permitiría que los contribuyentes realizaran aportaciones al mismo.

“Creamos este proyecto de ley para asegurarnos de que no solo estábamos diciendo que la gente tiene derecho al aborto, sino también que tiene acceso a él, porque sabemos que el simple hecho de decir que existe el derecho no significa que la gente tenga los medios para hacerlo”, explicó Biaggi a The Guardian.

Además de los gastos de transporte, el fondo cubriría los servicios de guardería, el alojamiento, diversos gastos médicos y otros tipos de apoyo logístico.

Biaggi también presentó otro proyecto de ley que ofrecería a las mujeres de otros estados que soliciten servicios de aborto o de afirmación del género la reclamación de “interferencia ilegal” con sus derechos en caso de que terminen enfrentándose a denuncias penales o civiles.

En Connecticut, el gobernador Ned Lamont aprobó un proyecto de ley que protegerá a las personas que presten o reciban servicios de aborto en el estado de Connecticut y que después sean demandadas en otro estado.

La primera ley del país, que está previsto que entre en vigor el 1 de julio, también mejorará el acceso al aborto en Connecticut al ampliar el tipo de profesionales elegibles para prestar determinados cuidados relacionados con el aborto.

“Queremos asegurarnos de que contamos con la infraestructura de atención médica para atender no solo a nuestras propias residentes, sino también a las personas que van a venir aquí a recibir atención”, señaló el representante estatal Matt Blumenthal, quien copatrocinó el proyecto de ley.

Dado que Connecticut está preparado para convertirse en uno de los pocos refugios seguros del país, los legisladores como Blumenthal tienen muy presente los retos que conllevará el aumento de solicitantes de aborto de otros estados.

“La posible afluencia de pacientes de otros estados… definitivamente es un motivo de preocupación. Ya hemos observado personas que vienen de Texas para recibir atención médica al aborto aquí en Connecticut y esa fue una de las razones por las que deseamos ampliar los proveedores elegibles para prestar la atención”, explicó.

Blumenthal añadió: “Tenemos importantes fuentes de financiamiento en nuestro presupuesto de este año para proteger la atención médica reproductiva en el estado y eso es algo muy importante porque sabes que las personas que se verán afectadas por estas prohibiciones en otros estados serán desproporcionadamente personas de bajos ingresos, personas de color que no se pueden permitir viajar libremente”.

Otro estado que ha incorporado fondos adicionales para la atención médica al aborto en sus leyes es Oregón. En febrero, la legislatura estatal creó el Reproductive Health Equity Fund (Fondo de Equidad para la Salud Reproductiva), que asignará 15 millones de dólares a la organización sin fines de lucro Seeding Justice para ampliar el acceso al aborto.

Seeding Justice describió el fondo, que ayudará a Oregón a prepararse para hacer frente a la prohibición del aborto en el vecino Idaho, como una “oportunidad única para invertir en el acceso al aborto como una parte fundamental de la infraestructura de atención médica de Oregón”.

“Estos fondos están concebidos para ser holísticos… Esos fondos realmente se centran en que las pacientes reciban atención médica y en ampliar la capacidad de los proveedores”, señaló An Do, directora ejecutiva de Planned Parenthood Advocates of Oregon.

Do continuó: “Dentro de Oregón, sabemos que necesitamos reforzar nuestra infraestructura de atención médica… y reducir la brecha de acceso… por lo que creo que es un gran lugar para poder hacer inversiones”.

California se ha posicionado igualmente como “estado refugio” del derecho al aborto. En enero, la legislatura estatal presentó un paquete de 13 proyectos de ley para designar a California como refugio de la atención médica al aborto.

Además de ofrecer una mayor protección legal a las pacientes de otros estados y a la privacidad de los proveedores, los proyectos de ley pretenden ampliar el número de proveedores que pueden prestar servicios de aborto.

Uno de los proyectos de ley tiene como objetivo eliminar los copagos, los deducibles y otros requisitos de costos compartidos para los abortos en todos los planes de servicios de atención médica con licencia estatal que se emitan después de 2022. Otro proyecto de ley negaría las citaciones de otros estados en relación con la información de las pacientes sobre los servicios de salud reproductiva que se concedan en California.

Otros proyectos de ley pretenden proteger a los proveedores de abortos de California mediante la prohibición de retirar o suspender las licencias médicas de un titular de licencia de California que preste atención médica al aborto y que cumpla con la ley estatal.

En Colorado, los legisladores también se apresuran a codificar las protecciones del acceso al aborto. Colorado es uno de los pocos estados que no exige un periodo de espera de 72 horas tras una asesoría sobre el aborto. Tampoco tiene ninguna restricción en lo que respecta al momento del embarazo en el que se puede realizar un aborto.

En abril, el gobernador de Colorado, Jared Polis, aprobó la Ley de Equidad en Salud Reproductiva, que codifica oficialmente el derecho al aborto en la legislación estatal.

De acuerdo con el departamento de salud de Colorado, el 13% de las 10 mil 400 solicitantes de aborto que se realizaron el procedimiento en Colorado en 2020 provenían de otros estados. Puesto que al menos tres de los vecinos inmediatos de Colorado prohibirán o probablemente prohibirán el aborto en caso de que se anule el fallo Roe vs. Wade, el estado se está preparando para un aumento de solicitantes de aborto de fuera del estado, lo cual puede impulsar a las residentes de Colorado a buscar atención médica.

Greer Donley, profesora de derecho de la Universidad de Pittsburgh especialista en atención médica reproductiva, comentó a The Guardian, “Las personas sentirán los efectos de la anulación del caso Roe, aunque su estado siga permitiendo la prestación de servicios de aborto”.

“La principal forma en que percibirán estos efectos es a través de los tiempos de espera… Si la mitad de los estados prohíben todos o la mayor parte de los tipos de aborto en los próximos meses, entonces las clínicas de los estados demócratas se verán inundadas de pacientes que viajarán desde otros estados”, explicó.

Por ello, las clínicas de Colorado se comprometieron a hacer todo lo posible con el fin de ampliar el acceso a los proveedores de servicios de aborto, mientras se enfrentan a la escasez de personal, los largos tiempos de espera y las complicaciones posteriores al aborto.

“La capacidad es fundamental. Sabemos que las clínicas de los estados que ofrecen acceso al aborto están programando a las pacientes en cuestión de semanas en lugar de días y han incorporado más salas de exámenes mediante la consolidación de las oficinas y las zonas de espera. Y la apertura de nuevas instalaciones es complicada, al igual que encontrar personal, ya que nos encontramos en una situación de escasez de personal médico”, dijo Elizabeth Nash, experta en política estatal del Guttmacher Institute.

“Para las pacientes, es esencial ayudarlas a pagar el aborto y los viajes relacionados con el mismo”, añadió.

En Maryland, los legisladores aprobaron un proyecto de ley el mes pasado que permite que otros profesionales de la medicina, además de los médicos, realicen abortos. La ley permitirá que las enfermeras facultativas, las enfermeras parteras y los asistentes médicos capacitados lleven a cabo el procedimiento.}

Además, la ley exigirá que el estado invierta 3.5 millones de dólares anuales en capacitación para la atención médica al aborto y exigirá que la mayoría de los proveedores de seguros del estado cubran los costos del aborto.

El mes pasado, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, presentó una demanda ante un tribunal estatal que pretende anular la ley estatal de 1931 que penaliza los abortos a excepción de que se realicen para proteger la vida de la mujer.

La demanda también tiene como objetivo establecer el derecho al aborto en la constitución del estado.
A pesar de las diversas medidas que los estados progresistas han emprendido para ampliar el acceso al aborto, algunos todavía tienen ciertas restricciones en vigor que deben ser eliminadas para garantizar que la atención médica al aborto sea completamente accesible.

Además de los problemas de capacidad, otra restricción importante son los costos. “Los estados tienen que analizar cómo pueden ayudar a las personas a pagar los abortos, ya que sabemos que la mayoría de las pacientes pagan el aborto de su propio bolsillo”, señaló Nash.

Con al menos 26 estados dispuestos a prohibir, probablemente o con toda certeza, el aborto en caso de que se anule el fallo Roe vs. Wade, la lucha por el derecho al aborto es más urgente que nunca.

“No puedo recalcar cuán radical es este cambio”, comentó An Do. “Nunca hemos perdido un derecho constitucional. Esto solo es el principio… Ellos (los jueces) nos borraron de la Constitución. Lo siguiente es el matrimonio igualitario, lo siguiente es el acceso de muchas personas al control de la natalidad”.

“No podemos ser apáticos y no podemos perdernos en la desesperación. Tenemos que luchar con uñas y dientes”.