AMLO prometió sacar al ejército de México de las calles, pero lo hizo más poderoso

Durante gran parte de la última década, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opuso a la participación militar en la llamada guerra contra las drogas del país.

Cuando el entonces presidente Felipe Calderón desplegó el ejército con toda su fuerza en 2006, López Obrador, mejor conocido como AMLO, llamó a las tropas a regresar a sus cuarteles. Cuando el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, trató de codificar la presencia de los militares en una ley, AMLO condenó la medida y dijo que, si llegaba a la presidencia, eso cambiaría.

“No usaremos la fuerza para resolver los problemas sociales”, dijo López Obrador en 2017. “Vamos a enfrentar la inseguridad y la violencia abordando las causas de raíz, no como lo han venido haciendo”.

Todo eso cambió cuando López Obrador asumió el poder.

Poco después de asumir el cargo en diciembre del 2018, creó una nueva fuerza conocida como la guardia nacional, para hacerse cargo de la seguridad pública en todo el país. Y luego presionó con éxito a su partido político y a los partidos aliados para que entregaran el control de la guardia nacional al ejército mexicano.

El Senado mexicano votó la medida como ley a principios de este mes, a pesar de que López Obrador prometió que la fuerza recién creada permanecería bajo control civil.

La Guardia Nacional estaba destinada a reemplazar a la policía federal disuelta como fuerza de seguridad pública. Ahora, los analistas dicen que poner la fuerza bajo el control de los militares es un paso final en la militarización de la seguridad pública en México.

La medida ha provocado una protesta por parte de organizaciones de derechos humanos que afirman que, en lugar de entregar la seguridad al ejército, el gobierno debería reformar las fuerzas policiales estatales y locales.

“En ningún lugar del mundo el despliegue de soldados, armados hasta los dientes, ha pacificado un país”, dijo la experta en seguridad Catalina Pérez Correa.

Los expertos dicen que la expansión de los poderes militares suele dar lugar a un aumento en las violaciones de los derechos humanos y el ejército mexicano tiene una larga historia de masacres en el país.

En 1968, los soldados y las fuerzas policiales mataron a tiros a los que, según algunas estimaciones, fueron 300 estudiantes. En 2014, las tropas ejecutaron sumariamente a 22 personas en el estado de Guerrero. El ejército también ha estado implicado en una de las atrocidades más notorias de los últimos años: la desaparición de 43 normalistas que fueron sacados de un convoy de autobuses por policías corruptos y sicarios de un cártel.

A principios de este mes, un general retirado del ejército y otros dos soldados fueron arrestados después de que una comisión de la verdad del gobierno anunciara que seis de los estudiantes desaparecidos habían sido mantenidos con vida durante días antes de ser ejecutados por orden del general, quien entonces era comandante de una base militar local.

La Guardia Nacional también ha sido objeto de escrutinio.

En el estado de Tamaulipas, integrantes de la fuerza son investigados por la ejecución extrajudicial de seis personas. Y las tropas están bajo investigación por matar a un fiscal estatal en el estado de Sonora.

Y la nueva fuerza, que cuenta con más de 113 mil activos, ha tenido un éxito limitado en la lucha contra el crimen en comparación con la policía civil, según el analista de seguridad Alejandro Hope.

La Guardia Nacional está reemplazando a las fuerzas policiales en todo el país, pero sus propias estadísticas muestran pocos arrestos e investigaciones en comparación con otras fuerzas policiales, dijo Hope. Las estadísticas del gobierno muestran que la Guardia Nacional arrestó a más de 8 mil personas en el 2021, en comparación con la policía federal que, con 38 mil agentes, arrestó a 21 mil 702 personas en 2018.

Es una institución que patrulla y no investiga”, dijo Hope sobre la incipiente fuerza. “Hay una ausencia casi total de trabajo de investigación”.

Los críticos del plan dicen que el despliegue militar no ha hecho nada para reducir la violencia y bien puede haber contribuido a la espiral de muertes en México.

En los últimos 15 años el número de soldados en las calles se ha más que duplicado. En el mismo período, los homicidios aumentaron un 240%, según solicitudes de registros públicos citadas por el medio mexicano Animal Político.

Al dar a los militares un mayor control, AMLO está siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos que han ampliado las funciones de las fuerzas armadas. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ordenó a los militares que hicieran de todo, desde monitorear el proceso de votación hasta administrar las escuelas y combatir la deforestación del Amazonas. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele hizo marchar a los soldados al parlamento para exigir un aumento en los fondos de seguridad.

En México, AMLO ha ordenado al ejército que haga de todo, desde construir un aeropuerto hasta proporcionar logística para la respuesta a la pandemia de Covid; y construir una nueva y controvertida red de trenes en varios estados del sur. Dichos roles, dicen los críticos del presidente, tienen poco que ver con hacer cumplir la ley.

“Quieren crear una adicción a la presencia militar” en México, dijo Hope.

AMLO prometió sacar al ejército de México de las calles, pero lo hizo más poderoso - qatar-2022