Un grupo contra el discurso de odio acusa a X Corp de Elon Musk de intimidación tras una amenaza legal

Un grupo que lucha contra el discurso de odio acusó a X Corp de Elon Musk de intimidación después de que el propietario de la renovada red social X, antes conocida como Twitter, amenazara con emprender acciones legales por la investigación de la organización sobre el discurso de odio en la plataforma.

El Center for Countering Digital Hate (CCDH, Centro para Contrarrestar el Odio Digital) lleva a cabo investigaciones periódicas sobre el contenido de la plataforma desde que Musk la compró el año pasado y redactó un trabajo en el que afirma que la publicación de material que incita al odio en el sitio aumentó desde que se cerró el acuerdo de 44 mil millones de dólares (unos 700 mil millones de pesos).

El representante legal de Musk envió una carta al CCDH y a su director ejecutivo, Imran Ahmed, acusando a la organización de publicar artículos en los que se realizaban “afirmaciones incendiarias, escandalosas y falsas o engañosas sobre Twitter”. Este mes, Musk anunció que Twitter cambiaría su nombre por el de “X”, como parte de los planes de convertir la plataforma en una superaplicación estilo chino.

La carta la envió Alex Spiro, del despacho de abogados estadounidense Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan, uno de los principales abogados de Musk, que también envió una advertencia legal a Meta este mes por el lanzamiento de Threads, la aplicación “asesina de Twitter”.

La carta enviada al CCDH también amenaza con emprender acciones legales, afirmando que X está analizando si lo que describe como “afirmaciones falsas y engañosas” hechas por el CCDH son admisibles en virtud de la Ley Lanham, una ley estadounidense que regula el derecho de marcas. Y añade: “Le informamos que Twitter empleará todas y cada una de las herramientas legales a su disposición para evitar que las afirmaciones falsas o engañosas perjudiquen a sus usuarios, plataforma o negocio”.

El representante legal del CCDH indicó que la “ridícula” carta constituía un intento de “intimidar a aquellos que tienen el valor de abogar contra la incitación, el discurso de odio y los contenidos nocivos en línea”.

En la carta, Spiro acusó al CCDH de realizar una “serie de afirmaciones preocupantes e infundadas que parecen estar calculadas para perjudicar a Twitter en general y a su negocio de publicidad digital en particular”. En su último conjunto de resultados anuales publicados, la publicidad representó el 90% de los 5.1 millones de dólares de ingresos de Twitter, aunque los anunciantes restringieron su gasto desde la adquisición debido a la preocupación respecto a la propiedad de Musk y las normas de moderación de contenidos. Musk comentó recientemente que los ingresos publicitarios de Twitter cayeron un 50%.

Spiro destacó un artículo del CCDH en el que se afirmaba que “Twitter no toma medidas contra el 99% de las cuentas de Twitter Blue que tuitean mensajes de odio” y que, según él, estaba basado en la denuncia por parte del personal del CCDH de 100 tuits y en la comprobación cuatro días después de si se habían tomado medidas contra los mismos. Spiro señaló que el artículo no proporcionaba ninguna metodología que justificara la selección o comprobación de los tuits y no explicaba las razones por las que los 100 tuits –de los casi 500 millones que se envían diariamente desde la plataforma– eran representativos de las prácticas de moderación de contenidos de Twitter.

“El artículo no es más que una serie de afirmaciones incendiarias, engañosas e infundadas basadas en una revisión superficial de tuits aleatorios”, escribió Spiro. Spiro también alegó que las actividades del CCDH estaban “respaldadas por fondos de competidores comerciales de X Corp, así como por entidades gubernamentales y sus filiales”. El CCDH señaló que no recibía fondos de empresas de redes sociales ni de organismos gubernamentales.

En respuesta a la carta de Spiro, Roberta Kaplan, del despacho de abogados estadounidense Kaplan Hecker and Finck, indicó que el trabajo del CCDH no representaba el tipo de publicidad o discurso comercial que podría vulnerar la Ley Lanham, y añadió que la amenaza legal constituía un intento de silenciar las críticas y contradecía el compromiso que Musk declaró tener con la libertad de expresión.

“En pocas palabras, en este caso no hay ningún agravio legal legítimo. Su esfuerzo por utilizar esa amenaza de todos modos, con el membrete de un despacho de abogados, es un intento evidente de silenciar la crítica honesta. Obviamente, tal conducta difícilmente podría ser más incompatible con el compromiso con la libertad de expresión que supuestamente mantiene la actual dirección de Twitter”.

Kaplan añadió que entre los ejemplos de las 100 publicaciones de Twitter Blue figuraban: “La cultura negra ha causado más daño (que) el (Ku Klux) Klan”.

Ahmed señaló: “Musk está atacando al CCDH porque revelamos la verdad sobre la propagación del odio y la desinformación en Twitter que tiene lugar bajo su propiedad, y eso está repercutiendo en su balance”.

La fundación Molly Rose Foundation, creada por la familia de Molly Russell, una adolescente británica que se suicidó en 2017 tras ver contenidos nocivos en internet, ofreció su apoyo al CCDH. El presidente del consejo de administración de la fundación, Ian Russell, padre de Molly y también miembro de la junta directiva de CCDH UK, comentó: “Las amenazas legales de Elon Musk equivalen a un ataque sin precedentes contra la sociedad civil y sientan un precedente peligroso para que las empresas tecnológicas intenten intimidar y silenciar a los defensores independientes de la rendición de cuentas del sector tecnológico”.

El profesor Brian Quinn, de la Facultad de Derecho del Boston College, comentó: “Todavía disponemos de una primera enmienda aquí en Estados Unidos. No va contra la ley expresar abiertamente que X está mal gestionada por personas que al parecer casi no tienen autocontrol”.