Islas Turcas y Caicos sumidas en guerra de pandillas, informa el Ministerio de Asuntos Exteriores
Los niveles de asesinatos, delitos violentos y uso de armas de fuego en Islas Turcas y Caicos “superan todo lo experimentado por el Reino Unido o cualquier otro territorio británico de ultramar”, según el informe. Foto: eyfoto/Getty Images/iStockphoto

Las Islas Turcas y Caicos, territorio británico situado en el Caribe, son conocidas como uno de los destinos turísticos más bellos del mundo, con sus extensas playas y aguas turquesas.

Pero una investigación interna del Ministerio de Asuntos Exteriores vista por The Guardian deja al descubierto hasta qué punto las islas se vieron envueltas en una violencia extrema el año pasado en medio de una guerra territorial por el control de las rutas del narcotráfico.

El informe concluye que la policía local se vio sobrepasada por la masacre, ya que las pandillas rivales dispararon rifles automáticos en las calles.

El informe también señalaba una serie de fallos en la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos, entre los que se incluían una limitada capacidad forense, la ausencia de estructuras de gestión de incidentes graves y una extraña insistencia en registrar los datos sobre delincuencia en una hoja de cálculo en lugar de en una base de datos del gobierno británico compartida con otras fuerzas policiales de la región.

Estas conclusiones se repitieron en otro informe elaborado por académicos de la Universidad Sheffield Hallam, en el que se informaba de la desconfianza generalizada de la población hacia las instituciones estatales, así como de lo que se describió delicadamente como una “brecha de legitimidad entre la policía y la comunidad”.

Algunas fuentes declararon a The Guardian que en los últimos años se habían transmitido a la oficina del gobernador, representante de la corona británica nombrado por Whitehall y responsable constitucional del territorio, varias advertencias sobre incompetencia policial y posible corrupción.

La gobernadora, Dileeni Daniel-Selvaratnam, nombrada para el cargo en junio, declinó hacer comentarios sobre la revisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero afirmó en un comunicado que estaba “comprometida a abordar las acusaciones de corrupción o malas prácticas”.

La revisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, encargada de evaluar la capacidad de las islas para responder a delitos graves como asesinatos y robos, presentó sus conclusiones en noviembre de 2022. Para entonces, la guerra entre pandillas rivales se había cobrado 31 vidas, frente a los cuatro asesinatos de 2017.

“La magnitud de la amenaza que suponen los delitos graves ha desbordado la capacidad y las aptitudes de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos”, concluía. “Los niveles de asesinatos, delitos violentos y uso de armas de fuego superan significativamente cualquier cosa experimentada por el Reino Unido, o cualquier otro territorio británico de ultramar”.

Cabe destacar que el estudio se solicitó en marzo y se basó en un trabajo de campo realizado en verano, varios meses antes de que estallara la violencia entre pandillas en otoño.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declinó decir qué había motivado la solicitud del informe. No obstante, el informe señalaba que la inmigración ilegal en las Islas Turcas y Caicos (TCI), que ha aumentado considerablemente en los últimos años como consecuencia de la llegada de pequeñas embarcaciones procedentes de Haití y Jamaica, era un “factor agravante” del incremento de los delitos graves.

Tres meses después de la publicación del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Centro Helena Kennedy para la Justicia Internacional de la Universidad Sheffield Hallam publicó conclusiones igualmente preocupantes de su propia investigación sobre las causas profundas de la delincuencia en las islas.

“La corrupción es ampliamente reconocida en todo el sistema de servicios públicos de las Islas Turcas y Caicos por los participantes en las entrevistas (y) los encuestados”, afirmaba el informe. Tan endémico era el problema que los isleños creían que la corrupción era “el segundo problema delictivo más importante que había que abordar en las islas, después de los asesinatos”.

Algunos de los encuestados manifestaron su temor a que cualquier información que facilitaran a la policía fuera inmediatamente transmitida a los autores del delito.

Un encuestado dijo: “Hay rumores de que al menos las tres últimas personas que han sido asesinadas habían facilitado información a la policía, y que estas personas de alguna manera fueron el objetivo porque aportaron información a la policía”.

“Siempre ha circulado la idea de que… hay policías corruptos que filtran la información a los delincuentes, y estos delincuentes vuelven a la gente y matan a esas personas”.

Graves amenazas de la delincuencia transnacional

El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores era más ambiguo, no criticaba directamente y elogiaba levemente las recientes mejoras. Pero también enumeraba varios fallos y deficiencias, sugiriendo que podrían haber contribuido a la incapacidad de la isla para resistir la posterior explosión de violencia extrema.

A pesar de que la jefatura de policía había recibido formación específica para responder a incidentes graves, los investigadores no encontraron “ninguna aplicación identificable” de los principios que supuestamente se les habían enseñado. Faltaban “registros de políticas, estructuras de reuniones o funciones definidas” para responder a incidentes graves.

También se observó una reticencia a utilizar un sistema de registro de delitos del gobierno británico, OTRCIS, que comparte datos con otros territorios británicos del Caribe. Aproximadamente una cuarta parte de las denuncias no se introducían en el sistema, y el resto se registraba únicamente en una hoja de cálculo local.

El estudio recomendó que el cuerpo de policía registrara todos los datos sobre delitos en OTRCIS. El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió a la pregunta de si la policía de las Islas Turcas y Caicos ya lo estaba haciendo.

Daniel-Selvaratnam afirmó en un comunicado que las islas se enfrentaban a “graves amenazas de la delincuencia transnacional y la inmigración irregular” y que, desde su nombramiento, había buscado una mejor colaboración entre las fuerzas del orden y un mayor apoyo externo.

“Como gobernadora de las Islas Turcas y Caicos, me comprometo a hacer frente a las acusaciones de corrupción o malas prácticas”, declaró, añadiendo que el actual comisario de policía se jubilaría en breve.

“Un punto clave para contratar a su sucesor será el refuerzo de las normas policiales, y un sólido marco ético de conducta y actuación para la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos”.

Traducción: Ligia M. Oliver

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