Inacción de jueza en el caso de documentos clasificados de Trump frustra posible juicio en julio

Los atrasos de la jueza estadounidense Aileen Cannon a la hora de fijar un calendario hacen improbable que los fiscales consigan su deseo de celebrar el juicio de Trump en julio.

Las probabilidades de que Donald Trump vaya a juicio en julio acusado de retener documentos de seguridad nacional, como apuntan los fiscales del abogado especial, están disminuyendo rápidamente, ya que la jueza que supervisa el caso aún no ha emitido un calendario, semanas después de que se le presentaran las posibles opciones.

La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon recibió hace más de un mes las fechas propuestas por Trump y el abogado especial Jack Smith para el inicio del juicio, antes de la audiencia celebrada en Fort Pierce (Florida), aparentemente para resolver el asunto, pero aún no ha decidido cuándo comenzará el proceso.

Como resultado, Trump ha sido capaz de evitar la presentación de ciertas mociones previas al juicio que tienen que ser completadas antes de que el caso pueda proceder a juicio, jugando en su estrategia de tratar de retrasar el caso tanto como sea posible antes de las elecciones de 2024 en noviembre.

La estrategia legal de Trump para todos sus casos penales ha sido la de retrasar, bajo el cálculo de que ganar la reelección le permitiría nombrar a un partidario leal como fiscal general que podría dirigir a los fiscales a abandonar el caso, o indultarse a sí mismo si fuera condenado.

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El mes pasado, el equipo legal de Trump propuso a Cannon una fecha para el juicio en agosto, aparentemente como parte de una táctica para usar como arma el caso de los documentos clasificados en Florida para bloquear su calendario legal y evitar que el caso de interferencia electoral de 2020 en Washington llegue a juicio antes de las elecciones.

Pero Trump no ha tenido que esforzarse mucho para lograr ese resultado: La propia inacción de Cannon en el caso ha hecho que un juicio en julio sea poco realista.

Trump fue acusado el año pasado en un tribunal federal de distrito por violar la Ley de Espionaje al guardar documentos clasificados en su club de Mar-a-Lago, lo que significa que su caso se está llevando a juicio según las complicadas y secuenciales normas de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, o Cipa.

La siguiente etapa de la Cipa en la acusación de Trump es la sección 5, en la que Trump tiene que revelar a los fiscales, en una notificación, los documentos clasificados específicos que quiere utilizar en el juicio. Se considera un paso clave porque protege contra cualquier revelación sorpresa de secretos relacionados con la seguridad nacional en el juicio.

La jueza probablemente tendría que dar a Trump varias semanas para redactar una notificación lo suficientemente específica. Si Trump, como la mayoría de los acusados, presenta una notificación demasiado vaga, los fiscales tendrían que impugnar la presentación y obligar a Trump a dar más detalles sobre los documentos que pretende utilizar en su defensa.

Pero cuando los fiscales sugirieron una fecha para el juicio en julio, preveían una fecha límite del 18 de marzo para que Trump presentara su notificación de la sección 5, una fecha que expiró hace dos semanas. Además, los fiscales no incluyeron en su calendario ningún plazo para litigar si la notificación de Trump era demasiado vaga.

La situación significa que incluso si Cannon emitiera nuevos plazos para la Cipa ahora, el calendario sugerido por los fiscales podría tener un retraso de varias semanas, lo que hace más probable que Cannon no tenga más remedio que adoptar el calendario propuesto por Trump y la fecha del juicio en agosto.

Parte del problema con el caso de los documentos clasificados de Trump es que algunas de las cuestiones son inherentemente complejas. Pero Cannon también se ha dado un pequeño respiro al permitir que una acumulación de mociones sin resolver, algunas de las cuales tienen que ver con el propio calendario previo al juicio, se acumule en la lista de casos pendientes.

Algunos de los problemas se remontan a una desafortunada decisión que la jueza tomó al principio, cuando decidió que el caso era tan importante que los procedimientos debían ser tan accesibles al público como fuera posible, y dio a Trump una base para pedir que se desclasificaran los materiales regidos por una orden de protección en todo momento.

Esa decisión parece haber contribuido significativamente al retraso.

Por ejemplo, Trump presentó en enero una extensa solicitud de documentación adicional sobre la supuesta parcialidad de la comunidad de inteligencia que podría ayudar en su defensa. En esa solicitud, también pidió que se hicieran públicas las pruebas adjuntas, excepto las direcciones de correo electrónico contenidas en los documentos.

Las dos peticiones suscitaron duras respuestas de los fiscales, que instaron a la jueza a denegar el intento de Trump de obtener más pruebas y a denegar la petición de no divulgación, porque revelaría la identidad de posibles testigos del juicio e identificaría algunos elementos de inteligencia estadounidenses.

Sólo en ese litigio, Cannon tuvo que revisar tanto la propia moción de Trump como las pruebas presentadas, y decidir si las hacía públicas. De ese modo, Cannon consiguió en cierto modo duplicar su carga de trabajo en lo que de otro modo habría sido una sola moción que necesitaba revisar.

Para complicar más las cosas, la situación con la petición de Trump de hacer públicas las pruebas, que Cannon aceptó, pero no se ha pronunciado sobre la petición de los fiscales de que reconsidere, ha tenido ahora una relación directa con el calendario del juicio.

Recientemente, los abogados de Trump pidieron a la jueza 10 días más para presentar documentos relacionados con un conjunto separado de mociones para que se desestimara el caso. Una de sus razones era que primero necesitaban una decisión sobre la solicitud de proposición de prueba, sobre la que Cannon presumiblemente no puede pronunciarse hasta que decida qué hacer con las pruebas impugnadas.

Traducción: Ligia M. Oliver

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