#MujeresdeAtenco: denuncian 18 años sin justicia del Estado mexicano
Las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, Estado de México (Edomex) exhortaron al Estado mexicano a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo declaró responsable por violaciones a derechos humanos y ordenó medidas de reparación del daño. Foto: Centro Pro y Cejil.

Las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, Estado de México (Edomex) exhortaron al Estado mexicano a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo declaró responsable por violaciones a derechos humanos y ordenó medidas de reparación del daño.

El 3 y 4 de mayo de 2006 agentes estatales y federales de seguridad cometieron tortura sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos en un contexto de protesta de habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México (Edomex).

Ese día, “como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, solidarias y personas sin militancia alguna”, documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien el 17 de septiembre de 2016 lo envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de avances en las recomendaciones de reparación del daño.

Para noviembre de 2018 la Corte declaró culpable al Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra once mujeres habitantes de Atenco que piden justicia desde hace 18 años.

Entre las medidas que las autoridades mexicanas han incumplido están investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.

Además, pese a que el expediente de investigación fue turnado hace un año de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) las afectadas denuncian que no hay avances.

“La FEVIMTRA ha limitado su acción sin lograr que se investiguen los hechos en su totalidad, se identifiquen responsabilidades de la cadena de mando, así como ha limitado la participación de las mujeres y sus representantes”, mencionaron.

Por ello, reiteran su exhorto al Estado mexicano para que cumpla con sus compromisos internacionales e informe qué acciones ha tomado el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, que no ha sesionado desde la emisión de sus lineamientos en marzo de 2023.

“En este memorial de los hechos, reiteramos la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda que ya tres administraciones federales han venido arrastrando,  y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados”.

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