¿Quién tiene la receta de la vacuna? India y Sudáfrica quieren que todos
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Este miércoles llegaron a México 8 mil dosis de la vacuna desarrollada por la alemana CureVac. El TecSalud es el encargado de llevar a cabo las fase 3 de su ensayo. Esta etapa está prevista que dure 13 meses, si bien puede cortarse si antes presenta resultados prometedores. En un escenario optimista, no sería sino hasta noviembre de este año que México tendría en su arsenal de vacunas esta alternativa para inocular a parte de la población. El ensayo involucrará a tres mil voluntarios y todo lo financiará la biofarmacéutica alemana.

Este ejemplo a tiempo real ayuda a entender el riesgo que asumen estas empresas cuando deciden invertir en I+D para sacar nuevos medicamentos al mercado. Y el gran aliciente para hacerlo es la patente. Es decir, el derecho exclusivo que se les dará para transformar la información que obtengan —la fórmula de un medicamento, una tecnología para una vacuna (como el mRNA), un proceso para fabricar un aparato— en dinero.

Pero hoy, esto que la industria ha defendido como el gran motor del desarrollo —la propiedad intelectual— es señalado como el gran obstáculo para acabar con la pandemia.

Revelen el secreto 

India y Sudáfrica presentaron en octubre una propuesta ante la Organización Mundial del Comercio (la OMC) para que se permita que todos los países suspendan, temporalmente, algunos derechos de propiedad intelectual, como patentes, secretos comerciales o diseños industriales, que protegen tratamientos, vacunas, pruebas diagnósticas y equipamiento relacionado con el Covid-19 hasta que se consiga la inmunidad de rebaño.

Más de cien países ya mostraron su apoyo a la medida, la mayoría, del hemisferio sur, es decir, los más perjudicados en el reparto de las vacunas contra el Covid-19. Entre ellos están Argentina o Egipto. Otros, como México, creen que la medida se debe discutir más a fondo. Y luego están los que se oponen: EU, Unión Europea, Brasil o Reino Unido.

“La escasez del covid es artificial, está provocada por los monopolios, explica a La-Lista el coordinador de Brasil y América Latina de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras, Felipe Carvalho. “Ahora estamos viendo las consecuencias, las promesas están atrasadas porque una empresa sola no consigue satisfacer toda la demanda”.

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La ONG hace campaña para ganar apoyos a la propuesta de India y Sudáfrica. Ellos argumentan que las patentes han impedido que los Estados hayan podido acceder a ventiladores, cubrebocas N95, tratamientos para el Covid, como el Remdesivir, y ahora, a las vacunas. 

Los atrasos a los que se refiere Carvalho hacen referencia a las entregas de las vacunas ya autorizadas. Pfizer anunció el 15 de enero que tenía que suspender la distribución de las dosis para aumentar su capacidad de producción en su planta de Bélgica. Lo mismo sucedió con AstraZeneca, que informó que las cantidades acordadas con la Unión Europea se retrasarían “debido a una reducción de la producción en sus plantas de la cadena de distribución europea”. 

Todo ello, en un contexto en el que el virus está siendo más rápido en contagiar que los Estados en inmunizar. Más de 2.1 millones de personas han perdido la vida por el Covid-19 en el mundo, que ahora va por su segunda y tercera ola de contagios.

MSF defiende que si no fuera por las patentes, laboratorios de cada país podrían estar desarrollando vacunas, tratamientos y demás recursos necesarios para enfrentar el virus. 

Sin embargo, desde la industria argumentan que no todos los centros de I+D están equipados para desarrollar una tecnología como la que usan esas vacunas, ni tienen el equipamiento necesario para hacerlo. Piénsese en las cadenas de frío o en los bioreactores. 

“Un estudio del Departamento de Defensa de EU estimó que costaría 1.56 mil millones de dólares en 25 años para construir y operar una instalación para producir tres vacunas”, argumentaba el director general de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmaceuticas, Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times el 10 de diciembre.

La principal defensa de las compañías involucradas es que no hay evidencia que suspender los derechos de propiedad intelectual solucione el problema de escasez. “Lo que sí está claro es que si tiene éxito, el esfuerzo pondría en peligro la innovación médica futura, haciéndonos más vulnerables a otras enfermedades”, responden desde la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.

¿Quién pagó?

Pero los partidarios de levantar las patentes, destacan que no solo la iniciativa privada pone el esfuerzo en desarrollar la medicina. Un gráfico de la BBC que se hizo viral en diciembre mostraba la inversión que han recibido diferentes vacunas por parte de gobiernos o de organizaciones sin ánimo de lucro. 

La primera, la de Pfizer, unos 300 millones de libras (más de 8 mil millones de pesos), 14% del total. Los 1.9 mil millones de libras (más de 52 mil 700 millones de pesos) que costó la de Moderna salieron íntegros de aportaciones públicas (gobierno de EU) o entidades sin ánimo de lucro. 

Moderna anunció en octubre que no ejercería sus patentes durante la pandemia. AstraZeneca llegó a un acuerdo de licencia con uno de los mayores fabricantes del mundo, el Serum Institute de la India, para producir mil millones de dosis. Asimismo, esta farmacéutica firmó una alianza con la Fundación Slim, de Carlos Slim para la transferencia tecnológica que permita fabricar la sustancia de su vacuna en Argentina y procesarla en México para su distribución a la región.

Y este miércoles se supo que Pfizer se alió con otro gigante farmacéutico, la francesa Sanofi, para producir en su planta de Francfort 125 millones de dosis para la UE. 

Para MSF, estos acuerdos han demostrado tener efectos limitados hasta la fecha. “No podemos depender de la buena voluntad de las empresas, no es sustentable. AstraZeneca es la que hizo más acuerdos y ni así logró atender a las encomiendas”, dice Carvalho.

La solución de India y Sudáfrica, pero, es a medio plazo. La suspensión la piden respecto del Acuerdo para los Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS, por sus siglas en inglés), una regulación mínima para todos los países miembros de la OMC. 

La próxima reunión del Consejo del TRIPS es el 4 de febrero y este es el que deberá recomendar al Consejo General la adopción de la suspensión. La decisión se tiene que tomar por consenso, si no, por una mayoría de tres cuartos de los votos. 

Sin embargo, el levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual no sería obligatorio para los Estados, sino una facultad. “Hay países que están bloqueando el avance, un síntoma de falta de solidaridad internacional —argumenta Carvalho—. Si son contrarios, que no la usen [la suspensión temporal] pero que no impidan que se apruebe”.