La SCJN ordena libertad de dos indígenas de Nahuatzen, condenados a 7 años de prisión

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles la libertad inmediata de José Antonio Arreola y José Luis Jiménez Meza, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, que fueron encarcelados y sentenciados a siete años de prisión, tras defender la autonomía del pueblo indígena purépecha, en noviembre de 2018.

José Antonio y José Luis fueron condenados a prisión por el delito de sabotaje, luego de tomar el Palacio Municipal de la localidad y las instalaciones del DIF, para defender la autonomía de Nahuatzen, la cual no era reconocida por el gobierno estatal y municipal.

De acuerdo con el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el proceso contra ambos concejales, no se tomó en cuenta el enfoque cultural, ni que ambos eran parte de la autoridad tradicional del pueblo indígena de Nahuatzen, por lo que sus derechos, usos y costumbres, fueron violados durante el proceso. 

Uno de los derechos violados es el acceso plenamente a la jurisdicción del Estado, expresado en el artículo 2 de la Constitución: “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales”.

Luego de una crisis de violencia en las comunidades, corrupción, tala de árboles y conflictos por la llegada del perredista Miguel Prado Morales como presidente municipal de Nahuatzen, la comunidad decidió su autonomía y en 2015 la asamblea general desconoció al ayuntamiento y conformó el Concejo Ciudadano Indígena para atender la seguridad del pueblo.

En 2017, el Tribunal Electoral del estado de Michoacán reconoció la legalidad del concejo, pero el gobierno estatal y municipal de la comunidad no lo hicieron, por lo que comuneros tomaron el Palacio Municipal y posteriormente las instalaciones del DIF en noviembre de 2018. 

El 14 de noviembre, ambos concejales fueron detenidos, acusados de sabotaje y sentenciados a siete años de prisión. Tras un amparo, el asunto cayó en la Primera Sala de la SCJN en 2021 y este 9 de febrero de 2022, los ministros revocaron la sentencia de ambos comuneros y ordenaron “que se le comunique a la autoridad penitenciaria el sentido del fallo”, la cual implica “la inmediata y absoluta libertad de los recurrentes”. 

Durante la sesión de la Primera Sala, miembros de la comunidad de Nahuatzen y organizaciones en defensa de los derechos humanos se mantuvieron afuera de la SCJN para esperar el fallo de los ministros.