‘La voz de los inocentes’: exigen libertad para los injustamente presos en Edomex

“Soy Edmundo y soy inocente”, “Soy Enrique y soy inocente”, “Soy Heriberto y soy inocente”. Con esas afirmaciones, familiares recorren las calles del centro de Toluca, en el Estado de México, para exigir la liberación de los tres hermanos Santiago Lorenzana, quienes llevan más de 15 años presos por un delito que no cometieron.

Los familiares de Edmundo, Enrique y Heriberto van acompañados por otros padres, hijos, hermanos y sobrinos que acusan a las autoridades de haber encarcelado a sus familiares de forma injusta. Juntos llegan a un plantón que desde hace más de siete meses tienen instalado a las afueras del Palacio de Gobierno en Toluca, donde despacha la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Se hacen llamar “la voz de los inocentes”, lo gritan fuerte en las calles. Se trata de 17 familias que forman parte del colectivo Haz valer mi libertad. Todas lanzan la misma acusación: sus seres queridos están privados de la libertad tras ser detenidos arbitrariamente, torturados y acusados por un “testigo singular” o “protegido” que los señala de un delito de alto impacto. Todos, además, fueron sentenciados a las penas más altas, con hasta 70 años de prisión.

Las navidades, cumpleaños y cualquier otra festividad se acabaron para estas familias desde el momento en que sus seres queridos fueron detenidos. Algunos casos datan de ocho, 15 o 18 años. Tres gobernadores diferentes (Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo) han tenido la oportunidad de atender los reclamos, pero nadie lo ha hecho. Hoy, la esperanza está puesta en la morenista Delfina Gómez.

En octubre de 2023, la gobernadora Gómez Álvarez pidió a las mujeres del plantón levantar una huelga de hambre que habían iniciado 23 días atrás, con la promesa de revisar los casos, pero hasta ahora, acusan las familias, no ha ocurrido. 

“La justicia no está hecha para hacer justicia. La justicia está hecha para quien pueda comprarla y acceder a ella, y para castigar nuestra pobreza y color de piel. Esto es lo que tiene a nuestros familiares presos aún siendo inocentes”, señala Lady Plácido, vocera de Haz valer mi libertad y hermana de Daniel Plácido, privado de la libertad desde 2015. 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización civil que ha denunciado encarcelamientos injustos por casi 12 años, estima que de las más de 34 mil personas privadas de la libertad que estaban en las prisiones del Estado de México hasta 2022, 19 mil 500 (58%) tienen indicios de estar injustamente presas por motivos de discriminación.

“Este porcentaje se replica en otros estados y en el ámbito federal. Entonces, la estadística nos dice que dos de cada tres personas presas en México son inocentes. La justicia está de cabeza”, expone Antonio Lara Duque, abogado y fundador del Zeferino Ladrillero.

Las acusaciones de abusos cometidos por la Fiscalía, las policías y las autoridades penitenciarias también se reflejan en las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Este organismo indica que la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad local y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social fueron las autoridades con más quejas por violaciones a derechos humanos en 2023. Solo ese año estas dependencias acumularon 2 mil 987 reportes, el 53% del total que atendió la Comisión.

Culpables hasta que demuestren lo contrario

Edmundo, Enrique y Heriberto Santiago Lorenzana fueron detenidos en 2008 por el homicidio de una joven. El crimen ocurrió el 7 de junio del mismo año en el municipio de Xalatlaco, en el Estado de México. Para su detención, la Policía de Investigación del Estado de México implicó a otra persona –identificada como Alejandro–, quien era vecino de la víctima. 

La única evidencia en contra de los cuatro detenidos, según sus familiares, era el nombre de Alejandro en la agenda telefónica de la víctima; mensajes de texto que ella recibía de un desconocido, y un contacto registrado como “Pescado” en el teléfono de Alejandro.

Cuando Alejandro fue detenido, policías de investigación lo torturaron exigiéndole “nombres” a cambio de dejarlo ir. Él negó haber participado en un homicidio y mucho menos conocer al o los posibles responsables, pero los agentes presionaron hasta que dio información sobre “Pescado”. Presuntamente se trataba de uno de los hermanos Santiago Lorenzana.

“Mi hermano (Enrique) siempre tenía mala suerte en los videojuegos, era malo jugando, y por eso le decían que estaba salado como pescado”, cuenta Tere Santiago Lorenzana, quien sospecha que ese fue el motivo que llevó a los policías a creer que se trataba de una banda de delincuentes.

El 17 de junio de 2008, en acciones separadas, policías judiciales detuvieron arbitrariamente a Edmundo, Enrique y Heriberto –de entonces 21, 20 y 18 años, respectivamente– acusados del homicidio de la joven. Su familia acusa que tras varias horas de tortura física, psicológica y emocional, los jóvenes fueron obligados a firmar una declaratoria de culpabilidad. Alejandro tuvo el mismo destino. 

En la carpeta de investigación –de más de 600 fojas– consta que el 7 de junio de 2008, cuando presuntamente la víctima fue asesinada, Edmundo, Enrique y Heriberto estuvieron en su casa porque fue un día lluvioso. 

Hay una llamada telefónica, de una hora y media de duración, en la que Enrique le comunicó a su novia que no salieron a los videojuegos y tuvieron que quedarse en casa, donde estaba toda la familia (papás y otros cuatro hermanos). Al fondo se escucha a su mamá pidiéndole al joven meterse a la casa, mientras los demás trataban de arreglar el corto de luz que hubo por la intensa lluvia. 

La policía había argumentado en todo momento que los jóvenes se reunieron en el centro de videojuegos antes de cometer el homicidio, pero el dueño del lugar confirmó que ese 7 de junio no abrió el local debido a la lluvia. Las autoridades tampoco pudieron encontrar huellas ni comprobar que la víctima había sido abusada sexualmente, como afirmaron los investigadores. 

“Probablemente si ese día no hubiera llovido, el cuerpo de la joven habría revelado al verdadero responsable, pero la lluvia se llevó todas las huellas”, lamenta Tere Lorenzana.

El juicio de los hermanos Santiago Lorenzana duró tres años y 14 jueces conocieron de la causa penal. En la penúltima etapa, un juez declaró la inocencia de Edmundo, Enrique y Heriberto. Pero seis meses después entró a cargo una nueva jueza que echó abajo la determinación previa y los sentenció a 60 años de prisión sin más pruebas que la declaración firmada bajo tortura.

“La última jueza determina que no hay prueba más fehaciente que la declaración que firmaron. No encontraron un solo testigo ni prueba en su contra, y aun así nos destrozó la vida”, lamenta Tere.

Cuando los hermanos Santiago Lorenzana fueron juzgados, en México todavía existía el sistema penal inquisitivo, en el que solo bastaba la autoincriminación para dictar una sentencia de culpabilidad. Fue hasta 2016 que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio con la intención de garantizar los derechos humanos de las personas acusadas.

Antonio Lara Duque reconoce que en las últimas dos décadas México ha dado pasos importantes para reformar el sistema judicial, sin embargo, señala, la fabricación de delitos y culpables prevalece porque los operadores siguen siendo policías, fiscalías y poderes judiciales, es decir, los mismos que encarcelaron a los hermanos Santiago Lorenzana.

“Fiscalías y policías han seguido utilizando las mismas malas prácticas, la tortura, la detención arbitraria, la fabricación de testigos o testigos aislados que no identifican bien a los sospechosos, y al final del día tienes un nuevo sistema de justicia contaminado”, indica. 

¿Qué motiva estas malas prácticas? Lara Duque explica que, por parte del supuesto testigo aislado o protegido, puede haber un interés de cobrar un monto económico, mientras que a las autoridades les conviene elevar la estadística de personas detenidas y presas como un mensaje de “combate a la delincuencia”. 

“En México tenemos la justicia de cabeza, con cárceles llenas de gente inocente, mientras los verdaderos culpables están libres y siguen cometiendo delitos. Esa es también la razón de que el nivel de impunidad sea de más del 90% y que la incidencia delictiva no disminuya”, expone. 

Antonio Lara Duque puntualiza que cuando se da un caso de fabricación, las personas son acusadas injustamente de “los peores delitos”. No se trata solo de achacarles un robo simple, los señalan de secuestro, homicidio y hasta delitos contra la salud, porque las autoridades necesitan justificar el “combate al crimen”. 

Edomex: detenciones y tortura

Daniel Plácido Arroyo es otra víctima del sistema de justicia. “Su delito es ser moreno y estar sucio de sus ropas por su oficio”, señala su hermana Lady Plácido.

El aspecto físico del joven bastó para que en 2015 policías del Estado de México lo acusaran de secuestro agravado. Eso, y la tortura para firmar su declaratoria de culpabilidad, fueron suficientes para sentenciarlo a 70 años de prisión. En este caso hubo un testigo aislado.

“A Daniel lo detuvieron arbitrariamente, lo torturaron y le dijeron que iban a violar a su esposa delante de él si no se declaraba culpable. No hay pruebas científicas que lo involucren, solo bastó el señalamiento de una persona de identidad reservada, que en dos segundos dijo reconocerlo mientras pasaba por la calle, y que lo reconocía por ser moreno y estar mugroso”, cuenta Lady. 

La familia Plácido Arroyo ha sido objeto de una serie de violaciones a los derechos humanos incluso tras la sentencia de Daniel. Un traslado irregular llevó al joven a pasar más de un año en una prisión federal de Nayarit, de la que recientemente fue devuelto a un penal en el Estado de México.

“El Poder Judicial siempre ha castigado la pobreza y no el delito (…) Desde este plantón, a las afueras del Palacio de Gobierno, sigo exigiendo su inmediata libertad, porque Daniel es inocente y se ha podido demostrar”, sostiene Lady.

María Félix Peña también defiende la inocencia de su hijo Miguel Ángel Juárez y de su nieto Jorge Daniel, acusados en 2017 de homicidio, cohecho y delitos contra la salud, luego de que acudieron a presentar una denuncia por el robo de su vehículo. Fueron sentenciados a 55 años de prisión. “De mi nieto dijeron que era un sicario, pero era universitario”, afirma la mujer. 

Hasta la fecha, la familia Juárez Félix desconoce quién fue la víctima del supuesto homicidio, delito principal por el cual padre e hijo llevan más de seis años en prisión. Hace un año, uno de ellos fue trasladado a un penal federal de Veracruz.

De acuerdo con un informe reciente de Data Cívica, el 85.8% de las personas privadas de la libertad en México sufrieron algún uso de la fuerza durante la detención. “Esto evidencia las grandes deficiencias del sistema en cuanto a la correcta provisión de seguridad y justicia, mismas que trastocan a distintos usuarios dentro del sistema: personas víctimas, inculpadas y autoridades”, indica la organización civil. 

En las detenciones denunciadas por el colectivo Haz valer mi libertad, las torturas físicas van desde golpes hasta descargas eléctricas, sumersión de la cabeza en agua y agujas debajo de las uñas.

Este tipo de torturas derivan en graves afectaciones a la salud, como fue en el caso de Edmundo Santiago Lorenzana, a quien en 2017 le diagnosticaron cáncer en un testículo a causa de la golpiza que sufrió durante su detención una década atrás. Hasta ahora, el protocolo de Estambul para demostrar la tortura no les ha sido aplicado.

El último recurso: Ley de Amnistía o Ley de Indulto

En el caso de los hermanos Santiago Lorenzana se agotaron todos los amparos que el sistema de justicia permite a las personas sentenciadas.

Cuando ya estaban por cumplirse los ocho años que por ley corresponde para defenderse, la familia hizo uso del último amparo, para lo cual Tere y su hermana se prepararon legalmente y buscaron a un abogado de confianza. Estaban listos. 

“Lamentablemente, el sistema es el sistema, y volvió a confirmar la sentencia. Teníamos todavía otra instancia más, que era la revisión extraordinaria de la sentencia, pero otra vez la ratificaron. Nos quedamos sin ninguna instancia para poder luchar por mis hermanos, ahora solo nos queda la lucha social”, expresa la joven, quien era una adolescente cuando detuvieron a Edmundo, Enrique y Heriberto. 

Las famiias que forman parte de Haz valer mi libertad fueron impulsoras de la Ley de Amnistía en México, puesta en marcha en 2020 y que suponía la liberación anticipada de personas en contextos de discriminación y vulnerabilidad. Sin embargo, esta no ha cumplido su cometido. 

La Comisión de Amnistía Federal reportó que, hasta noviembre de 2023, había 328 personas beneficiadas por la ley; mientras que hay mil 322 solicitudes improcedentes. En contraste, el Estado de México, que tiene su propia legislación en la materia, reportó el beneficio para 3 mil personas privadas de la libertad.

“Pudiéramos reconocer que la amnistía ha sido mucho más funcional en el Estado de México que a nivel federal. El problema es cuando vemos que las personas beneficiadas fueron acusadas de delitos simples, y que los solicitantes a los que les son negadas las amnistías son acusados de delitos de alto impacto”, señala Lara Duque. 

Daniel Plácido Arroyo es una de las personas a la que se le ha negado el acceso a la Ley de Amnistía. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo la solicitud para la liberación del joven, debido a las irregularidades en su detención, pero el Poder Judicial del Estado de México argumentó que Daniel no podía ser liberado porque estaba acusado de un delito de alto impacto. 

Ya con las instancias agotadas, las familias tienen un último recurso: la ley de indulto, con la que la gobernadora del Estado de México puede eximir la sentencia a una persona privada de la libertad que sufrió violaciones a los derechos humanos. 

“A nosotros ya no nos queda nada más que seguir luchando y buscar la liberación de nuestros familiares (…) Estamos luchando contra un monstruo de mil cabezas: el Estado y todo su andamiaje está en nuestra contra”, señala Lady Plácido.