La Ley de Amnistía que se quedó en promesa; solo dos de cada 10 han tenido el beneficio

Daniel Plácido Arroyo ha pasado los últimos siete años de su vida en una prisión acusado del delito de secuestro. El 5 de noviembre de 2015 fue detenido por hombres armados y vestidos de negro. “¡Ya chingaste a tu madre!”, fue lo único que le dijeron aquellos sujetos en la puerta de su casa, antes de subirlo por la fuerza a una camioneta blanca.

El caso de Daniel está lleno de irregularidades de inicio a fin. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) acreditó que su detención fue arbitraria, no hay pruebas en su contra, fue víctima de tortura y también de discriminación por parte de la persona que lo acusó, quien se refirió a él como una persona sucia, barbona y morena.

Lady Plácido, la hermana de Daniel, relata que los seis u ocho hombres que realizaron la detención no tenían ninguna insignia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ni tampoco mostraron una orden de aprehensión cuando, a base de empujones y golpes, forzaron al joven de 33 años a subir al vehículo.

“Todo fue muy rápido, cuando volteamos a la puerta se estaban llevando a mi hermano”, recuerda Lady, quien en ese entonces vivía con Daniel en la colonia San Pedro Totoltepec de la ciudad de Toluca, Estado de México.

Daniel tenía una vulcanizadora que atendía junto con su papá, justo al lado de su casa. Cuando fue detenido, acababa de entrar a su hogar para comer. Escuchó toquidos en la puerta y salió abrir. Fue ahí que los hombres armados lo capturaron y lo trasladaron a una habitación, donde lo torturaron por cuatro horas para forzarlo a firmar una declaración autoincriminatoria. Daniel no cedió y lo llevaron al Ministerio Público.

La tortura que sufrió Daniel quedó evidenciada en el certificado médico emitido por un doctor de la cárcel de Santiaguito, en la que todavía se encuentra. La CODHEM analizó su expediente y pidió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México que liberara al joven mediante la Ley de Amnistía, pero hasta ahora no lo ha hecho.

“Para nosotros, como familia de Daniel, la Ley de Amnistía nos ha quedado a deber”, dice Lady. “A pesar de que ellos saben que Daniel es inocente, resulta que por algún extraño motivo no alcanza la amnistía”.

A partir del 2020 en México solo 12 estados han promulgado sus leyes de amnistía para sacar de prisión a personas que fueron encarceladas por delitos menores y que no son reincidentes. Este tipo de legislación también busca ayudar a quienes tienen algún rasgo que les puede dejar en situación de vulnerabilidad frente al sistema de justicia, por ejemplo, mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, adultos mayores o gente con alguna discapacidad.

Este sábado 22 de abril se cumplen tres años de que el Congreso de la Unión logró la aprobación de la Ley de Amnistía para atender a personas acusadas de delitos federales. Este marco legal considera otorgar perdón a quienes están encarcelados por sedición, aborto, homicidio en razón de parentesco, determinados delitos contra la salud, robo simple sin violencia, a la población indígena y afrodescendiente.

Aunque se hizo amplia publicidad a la Ley de Amnistía, las liberaciones por parte del gobierno federal no han sido muchas. Los datos oficiales muestran que de las mil 613 solicitudes de amnistía que las autoridades han revisado, solo han permitido que 332 personas salgan de prisión. Esto quiere decir que solo dos de cada diez trámites han procedido.

Al mismo tiempo que el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Amnistía para delitos federales, pidió a la Secretaría de Gobernación intervenir para que los 32 estados de México tuvieran sus propias leyes locales. Pero hasta hora, menos de una tercera parte del país ha cumplido con esto.

Autoridades entorpecen la liberación de personas

La Ley de Amnistía del Estado de México establece en su fracción XII del artículo 4 que, independientemente del delito del que se les acusó, las personas tienen la posibilidad de salir de prisión si un organismo nacional o internacional de derechos humanos emite un pronunciamiento por vulneraciones que hayan sufrido durante su proceso legal.

El caso de Daniel Plácido cumple con esta característica. El oficio 400C1A0000/060/2021 de la CODHEM, en posesión de La-Lista y fechado el 1 de junio de 2021, pide la liberación del joven porque “fue discriminado por ser moreno y traer ropa sucia, sufrió tortura, desestimaron a los testigos de cargo, fue sentenciado por señalamiento de un testigo singular y no hay ninguna otra prueba que apoye la declaración del testigo singular”.

El testigo singular al que se refiere la CODHEM es la persona que acusó a Daniel de ser un secuestrador, aunque no tiene rostro. Ni el joven ni su familia lo conocieron en las audiencias. Cuando éstas se llevaban a cabo, el personal del Poder Judicial solo les decía que la supuesta víctima de secuestro estaba apartada en otra sala.

Lo único que Daniel sabe de la persona que lo acusa son las siglas de su nombre: S.G.A. Así firma sus declaraciones la persona, quien asegura que el 18 de septiembre de 2015 fue secuestrado por dos personas mientras trabajaba en su taxi.

S.G.A declaró ante las autoridades que Daniel y otra persona solicitaron su servicio de taxi para llegar a un tianguis de cosas viejas en la ciudad de Toluca. La víctima relató que después de avanzar unas calles los pasajeros le dijeron “ya valió madres” y lo pasaron a la parte trasera del vehículo. Minutos después, con los pies y las manos atadas, pudo salir del automóvil y otra persona lo ayudó a contactar a su familia.

S.G.A. aseguró que identificó a Daniel tres semanas después, el 7 de octubre. Ese día la supuesta víctima trabajaba en su taxi en la colonia San Pedro Totoltepec cuando vio al joven afuera de su vulcanizadora. Luego de esto acudió a la Procuraduría del Estado de México para ampliar su declaración, en la que dijo haber reconocido a Daniel por ser moreno y porque tenía una playera sucia.

Antonio Lara, director de la organización Zeferino Ladrillero, llevó el caso de Daniel a la CODHEM para que este organismo analizara el asunto y solicitara la libertad del joven, ya que más allá de las declaraciones de S.G.A. no hay más pruebas en el expediente. A pesar de eso, un juez lo sentenció a 65 años de prisión.

“Existe un problema de discriminación estructural en el sistema penal en el sentido de que hay gente en la cárcel que no está ahí por cometer un delito, sino por su color de piel. Su condición socioeconómica y su origen étnico son el principal motivo que los tiene en prisión”, denuncia Lara.

El abogado acusa a los jueces del Estado de México por no conceder la amnistía a Daniel, así como a otras 22 personas que han obtenido pronunciamientos de la CODHEM gracias a la intervención de Zeferino Ladrillero.

“Hay un sector de jueces y magistrados, en el Poder Judicial del Estado de México, que no han logrado comprender que más allá de su imagen pública como juzgadores es importante un sistema de justicia sano y que reconozca los errores que cometió.

“Este sector de juzgadores a los que me refiero se han empeñado en no reconocer que esos errores tienen a personas en la cárcel y han impedido a toda costa que estos pronunciamientos tengan alcance jurídico dentro del Poder Judicial”, señala Lara.

Equis Justicia para las Mujeres, otra organización social que ayudó a dos mujeres a obtener su amnistía por delitos federales, también enfrentó dificultades para lograr este recurso legal. La asociación apoyó a una joven que transportó marihuana por amenazas de un grupo criminal, mientras otra lo hizo bajo su condición de pobreza extrema.

Maïsa Hubert, subdirectora de Equis Justicia, señala que los obstáculos burocráticos para tramitar la amnistía ante el gobierno federal provocaron que ambas mujeres salieran de prisión hasta dos años después de haber solicitado su liberación.

Hubert también cuestiona que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la liberación de una de las mujeres al poner en duda las condiciones de pobreza extrema en las que vivía y que la llevaron a cometer el delito.

“La Fiscalía cuestionaba que (esa mujer) estaba viviendo en un centro urbano, vivía en una casa de ladrillo y tenía un trabajo propio. Pero era una visión de derechos que no consideraba el acceso a servicios básicos como agua o electricidad. 

“Era una argumentación muy alejada de una visión de derechos y nos pareció bastante fuerte que la FGR dedicara recursos para apelar este tipo de casos con este tipo de argumentación”, cuestiona Hubert.

Los congresos locales no tienen prisa por aprobar las leyes de amnistía

La Ley de Amnistía fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la población en las cárceles y ayudar a las personas más vulnerables, aunque esto está lejos de ser una realidad.

En diciembre de 2018, cuando empezó el sexenio de López Obrador, había 197 mil 988 personas en prisión. En febrero de este año ya eran 230 mil 730. Es decir, en el actual gobierno ha incrementado en 16% la población penitenciaria.

Al aprobar la Ley de Amnistía para delitos federales, el Congreso de la Unión instruyó a la Secretaría de Gobernación a intervenir para que las 32 entidades de la República aprobaran sus propias leyes para ayudar a las personas acusadas de delitos del fuero común. 

Sin embargo, hasta ahora solo 12 estados lo han hecho: Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

“La ley de amnistía exhorta a los estados a crear leyes de amnistía, pero no los obliga. Después, una ley de este tipo no es un tema muy popular a nivel de la opinión pública y que tenga muchos incentivos políticos”, opina Maïsa Hubert.

Mientras que Antonio Lara advierte que este retraso en la aprobación de la Ley de Amnistía en todos los estados se debe a la lógica de persecución del sistema de justicia mexicano, mismo que no ha desarrollado mecanismos de reinserción social.

“Estamos en un país que construyó su sistema de justicia penal en una lógica punitivista, de discriminación y persecución de la pobreza. Aquí no se castiga el delito, sino el origen social que tiene una persona”, concluye Lara.