Elecciones 2021 | 27% de los candidatos a gubernaturas, con acusaciones de delitos e irregularidades
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Corrupción, violencia de género y nepotismo. Malversación de fondos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, vínculos con el narcotráfico y diversos escándalos. De los 112 candidatos que aspiran conquistar una de las 15 gubernaturas, 30 llegan a la contienda bajo sospechas de distintas irregularidades o delitos que presuntamente ejercieron durante su carrera política.

Todo esto nos muestra la calidad de la clase política en México. Es una clase política oportunista, es una clase política con incompetencia profesional. Algunos con acusaciones por corrupción. Son diversos los temas, pero habla un poco del momento en el que estamos atravesando”, dice en entrevista para La-Lista Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y director de la consultora en asuntos públicos Integralia.

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Durante las últimas semanas, los escándalos que protagonizaron Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena-PT-PVEM), y su relación con la secta NXVIM, así como las denuncias por abuso sexual que pesan sobre el abanderado de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y cuya candidatura fue dada de baja por el consejo general del INE concentraron la atención pública nacional.

No obstante, las polémicas, las irregularidades y las denuncias alcanzan a candidatos a gubernaturas en todos los estados y entre todas las fuerzas políticas. Un monitoreo a partir de notas periodísticas elaborado por La-Lista, advierte que sobre 27% de los personajes –casi uno de cada cuatro– que participan en el proceso electoral local pesan señalamientos sobre su comportamiento.

La coalición Sí por México (PRI-PAN y PRD) a nivel estatal es la que concentra el mayor número de actores señalados. Entre sus abanderados están Gloria Núñez Sánchez (Nayarit), quien fue grabada aceptando dinero de particulares “para entenderse mejor”; Christian Castro (Campeche), acusado de nepotismo tras escalar políticamente al amparo del exgobernador campechano y hoy presidente del PRI Alejandro Moreno; y Ernesto Gándara Camou (Sonora), señalado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de endeudar Hermosillo cuando fungió como alcalde de dicha ciudad.

Incluso partidos que participan en solitario o pelean su registro siguieron la práctica de abanderar candidatos bajo sospecha. En Movimiento Ciudadano (MC), por ejemplo, existen dos casos: Leoncio “Locho” Morán, aspirante a la gubernatura de Colima, y Samuel García, candidato a gobernador en Nuevo León, fueron señalados de misoginia y violencia de género.

Otro caso es el del Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Estas fuerzas políticas postularon a personajes como Jorge Hank Rhon (Baja California), acusado de portación de armas; a José Luis Romero (San Luis Potosí), presunto implicado en robo de combustible; Manuel Negrete (Guerrero), quien fue alcalde de Coyoacán y durante su gestión se denunciaron actos de corrupción, y Cristóbal Arias (Michoacán), denunciado por su esposa por intento de homicidio.

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Ninguno de los 15 estados que renovarán gubernaturas se salva de tener candidatos con un pasado cuestionable. Los hay en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Guerrero, así como en Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. Pero San Luis Potosí y Nuevo León concentran los puntos rojos.

“Hay diversos cuestionamientos a los candidatos a gobernadores de diverso tipo. Algunos por incompetencia profesional: por ejemplo, Alfonso Durazo que hizo una pésima gestión de secretario de Seguridad Pública y ahora abandera a Morena en Sonora. Hay otros que son por posibles vínculos con el crimen organizado, como es el candidato del Partido Verde en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Acusaciones que son muy preocupantes”, añade Ugalde.

En agosto de 2018, el mismo Gallardo reconoció que fue procesado por “recursos de procedencia ilícita con delincuencia organizada”, por presuntamente desviar recursos del erario público con más de tres personas.

Campañas bajo la lupa

San Luis Potosí y Nuevo León son los estados con más aspirantes a la gubernatura señalados por diversas irregularidades, escándalos o delitos. Le siguen Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Sólo esos cinco estados acaparan el 50% de personajes políticos con sospechas sobre su pasado y presente.

En la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí participan nueve candidatos, sobre cuatro pesan señalamientos acerca de su comportamiento público y privado. Y al menos tres de ellos tienen amplias posibilidades de ganar. Son la abanderada morenista Mónica Rangel; Ricardo Gallardo Cardona, de la coalición del PT-PVEM, y Octavio Pedroza Gaitán, de la coalición Sí por San Luis Potosí (PAN-PRI-PRD).

Gallardo Cardona fue diputado federal y ha sido acusado de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue detenido en 2015, cuando pretendía postularse como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por acusaciones de lavado de dinero y desvío de más de 200 millones de pesos. Además, en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo vinculó con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con el cártel de Los Zetas.

Antes de ser elegida como abanderada de Morena, Mónica Rangel se desempeñó como secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras. El proceso de selección como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí fue impugnado por militantes de Morena. Semanas después, la organización Ciudadanos Observando reportó que en su administración se realizaron compras irregulares.

Por su parte, Octavio Pedroza Gaitán, aspirante de la coalición Sí por San Luis Potosí, fue señalado de pedir “moches” a alcaldes potosinos cuando fue senador de la República.

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En Nuevo León, cuatro candidatos han recibido señalamientos directos. Se trata de Clara Luz Flores, de la coalición Morena, PT y PVEM; Adrián de la Garza, del PRI; Fernando Larrazábal, de la coalición PAN-PRD, y Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano.

Sobre Clara Luz Flores existe el señalamiento de tener nexos con NXVIM. Primero lo negó públicamente, luego se difundió un video de una reunión que sostuvieron ella y Keith Raniere, líder de la secta y sentenciado a 120 años de prisión por tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión.

A su oponente, Adrián de la Garza lo han señalado de tener “preocupantes y sospechosos” vínculos con propietarios de casinos. La plataforma Alcalde ¿Cómo vamos? señaló que cuando fue alcalde de Monterrey permitió que reabrieran cuatro casinos que anteriormente operaban ilegalmente. Además, en 2018 fue acusado de clonar permisos para estos establecimientos.

A Larrazábal le atribuyen el aumento de la violencia que se registró en Monterrey cuando fue alcalde, además se le señala por los sobornos que presuntamente pidió su hermano a nombre suyo para gestionar permisos de operación para casinos. Videos y fotografías expusieron a su hermano Jonás recibiendo fajos de billetes de dueños de establecimientos.

La-Lista no termina

En Chihuahua, el arranque de las campañas locales se calentó tras revelarse las imputaciones que emprendió el gobernador Javier Corral contra la candidata de su mismo partido. María Eugenia Campos (PAN) fue vinculada a proceso por firmar 34 recibos cuando se desempeñó como alcaldesa de Chihuahua, estos documentos presuntamente evidencian sus nexos con la “nómina secreta” del exgobernador del PRI, César Duarte.

En Guerrero, al candidato Mario Moreno (PRI-PAN y PRD) lo vinculan con ofrecer protección a grupos armados y de la delincuencia organizada. El empresario Pioquinto Damian Huato lo acusó en 2014 de tener vínculos con delincuentes y lo culpó de la escalada de violencia en Chilpancingo. Esa misma noche, Huato fue atacado por un comando armado.

En el estado de Michoacán, el candidato Carlos Herrera Tello, abanderado de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su gestión como alcalde Zitácuaro por irregularidades, contratos incumplidos y desvíos por 216 millones de pesos en trabajos realizados en esa entidad.