Los deudores alimentarios ya no podrán aspirar a cargos públicos; el reto es el acceso a la justicia para las mujeres que aún enfrentan la violencia vicaria.
Las personas que deben la pensión alimentaria de sus hijos, en su mayoría hombres, y quienes cometan otros tipos de violencia de género no podrán ejercer cargos públicos a partir de la reforma constitucional promulgada este lunes 29 de mayo.
La reforma representa un límite para la violencia vicaria, pero aún hay casos abiertos en los que la vida de las mujeres aún está en riesgo por el simple hecho de exigir la pensión alimentaria para sus hijos y más, cuando el deudor es un hombre vinculado a redes de poder que resulta favorecido por la actuación de jueces y ministerios públicos.
Un caso dado a conocer recientemente en un “tendedero” para exhibir casos de violencia económica refleja la historia de un deudor que ha resultado favorecido por la actuación de jueces y ministerios públicos.
El hombre señalado en el tendedero es José Miguel Castillo Hernández, un abogado que declaró ante el Juez 12 en materia familiar en la Ciudad de México que percibía 7 mil 107 pesos mensuales, algo así como seis salarios mínimos, con lo que se le fijó desde junio de 2022 una pensión provisional mínima.
Una investigación llevada a cabo por La-Lista muestra que Castillo Hernández ha prestado servicios a la administración pública federal y ha celebrado al menos dos contratos por adjudicación directa con la Lotería Nacional: uno por 3 millones 770 mil pesos en febrero de 2017, y otro por un millón 625 mil pesos, con fecha de julio de 2018; además de un tercer contrato con Nacional Financiera, por un monto de 920 mil pesos para un periodo de cuatro años, de 2016 a 2019.
En medio de dos denuncias en contra de Castillo Hernández, una por violencia familiar y otra por incumplimiento de pensión alimentaria, el abogado denunció a la madre de su hija por falsedad de declaración ante autoridad en julio de 2022 y logró que fuera encarcelada.
La denuncia la presentó a través de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Ciudad de México, una área de delitos especiales que poco o nada tienen que ver con el juicio en materia familiar que enfrentan él y la madre de su hija.
El abogado presentó su denuncia argumentando que sí había cumplido con sus obligaciones de pensión alimentaria a través de depósitos; la contraparte respondió que nunca había recibido notificación de tales pagos ni se había dado vista al juez en materia familiar, además de que había un juicio 113/2020 con sentencia firme donde se acreditó el abandono de la menor.
En la primera audiencia, la ministerio público Alma Delia Cruz Méndez solicitó a la jueza de control Nelly Ivone Cortés Silva la medida cautelar de prisión preventiva justificada argumentando que la mujer tenía tres domicilios, cuando sus datos estaban reservados por seguridad, y solo había dado a conocer el de sus abogados para recibir notificaciones.
La madre de una menor, entonces de 7 años, fue encarcelada por orden un delito que no es considerado grave.
La defensa de la mujer reclamaba que el caso fuera visto con perspectiva de género porque había dos denuncias en la fiscalía y un juicio en materia familiar. Mientras estuvo presa, su familia le dijo que si desistía de sus denuncias por violencia familiar y pensión alimentaria, le retirarían los cargos. La mujer mantuvo su exigencia de justicia.
Gracias al movimiento del Frente Nacional de Mujeres, el caso llegó a los medios de comunicación y en la siguiente audiencia ante la jueza, seis días después, se dictó su libertad y le otorgaron la sentencia mínima de acudir a firmar cada mes durante seis meses. Tiempo después, la madre resultó absuelta.
El encarcelamiento de la madre coincidió en los tiempos en que el juzgado 12 en materia familiar había recibido los reportes del Sistema de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde se mostraban los verdaderos ingresos del deudor alimentario y que, según fuentes consultadas, ascendían a 20 millones de pesos por parte de varias razones sociales.
La juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, María del Carmen Sánchez Cisneros, le concedió una suspensión definitiva al deudor alimentario al blindar la información sobre sus ingresos sin tomar en cuenta que habían sido obtenidos por el ministerio público gracias a la orden de un juez de lo familiar, una de las pocas excepciones del llamado secreto bancario, según el artículo 69 del Código Fiscal Federal. El caso ya fue recurrido por la madre de la menor y se encuentra en una segunda instancia en el Noveno Tribunal Colegiado.
José Miguel Castillo Hernández no es un litigante promedio en México. Ha aparecido en medios de comunicación como uno de los abogados de Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México, señalado como autor intelectual del feminicidio de su exesposa, Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada a tiros un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 2019.
Mientras dos de los autores materiales del feminicidio fueron sentenciados el 19 de mayo pasado, Juan Carlos García logró evadir la justicia y se encuentra actualmente prófugo. El ejecutivo ya había enfrentado una denuncia por intento de feminicidio por parte de su exesposa, pero el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Federico Mosco González, reclasificó el delito, según familiares, al de violencia familiar y lesiones, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad. El abogado que se presentó como parte de la defensa del ejecutivo es Castillo Hernández, quien tres años más tarde logró que encarcelaran a la madre de su hija por exigirle que solventara los gastos de la menor de acuerdo a sus ingresos reales.
Castillo Hernández también ha hablado ante medios como el abogado de Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda (Invi) y exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por supuestas compras indebidas durante el tiempo en que fue funcionario en la capital del país. La Fiscalía capitalina le atribuye a Collins la posesión de una colección de autos de lujo, como Rolls Royce y otros modelos, la cual fue hallada en una residencia en Tequesquitengo.
El deudor alimentario también es familiar del Jorge “Coco” Castillo, señalado como operador financiero del exgobernador de Oaxaca Gabino Cué (2010-2016), y sobre quien pesaba una investigación sobre una posible red de prestanombres, según documentó el sitio de noticias Página 3. Dicho por el actual gobernador, Salomón Jara al medio especializado en Oaxaca, el empresario solo se dedicó a hacer negocios en el estado.
Castillo y la madre de su hija acordaron hace casi ocho años embarazarse y acudieron juntos a citas ginecológicas. Cuando la madre de su hija ya estaba embarazada descubrió antecedentes de violencia con exparejas y decidió separarse.
No volvió a tener noticias de él hasta que su bebé nació y decidieron reanudar su relación, pero al poco tiempo volvieron a surgir alertas de violencia y conflictos con exparejas de él, por lo que se separaron definitivamente.
La madre de la menor se hizo cargo de los gastos de manutención hasta que tres años después fue mandada a citar como testigo en una denuncia por parte de una expareja de él que sufrió actos de violencia.
Él trató de anular su testimonio y negó haber tenido conocimiento de la existencia de una hija hasta que acabó reconociendo la paternidad de la menor ante el Juez Quinto de Proceso Oral, quien le concedió a la mamá que la menor llevara primero el apellido de ella y después de Castillo.
Cuando la niña estaba por entrar a la primaria, la nueva acta de nacimiento no se había tramitado y cuando finalmente ocurrió, vinieron los intentos por parte de él para que la madre de su hija no intentara exigir una pensión alimenticia o pagos retroactivos.
La madre de su hija presentó una denuncia por violencia familiar y otra por incumplimiento de pago de pensión alimentaria, pero el proceso le ha costado ir a la cárcel y ver cómo entre jueces y funcionarios, aún no logra tener acceso a la justicia.
Una de las autoridades del Poder Judicial que no ha actuado de forma expedita ha sido el juez 12 en materia familiar en la Ciudad de México, Carlos Enrique Sánchez Aparicio, quien ya fue objeto de una multa por obstrucción a la justicia luego de omitir responder al ministerio público que lleva la denuncia de incumplimiento de pensión alimentaria en contra de Castillo. El agente del MP le consultó si la capacidad económica del deudor correspondía a lo que había informado a las autoridades, entre otras cuestiones relacionadas con el proceso del juicio familiar, pero no hubo respuesta. El juez familiar ya cuenta con el informe del SAT que llegó desde julio de 2022, en donde se da cuenta de sus percepciones reales, pero no ha habido noticias de que haya dado vista al MP que lleva la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/A/UI-A-8/00185/08-2021 por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.
Otro acto que puede considerarse una arbitrariedad por parte del juez tiene que ver con las reiteradas ocasiones en que se ha solicitado el acuerdo para aplicar una prueba psicológica al deudor alimentario, esto, con el fin de conocer si tiene un grado de peligrosidad. Mientras la perito da una propuesta de fecha con uno o dos meses de antelación, la respuesta ha sido extemporánea a lo largo de casi un año.
Además, aunque el juez ya cuenta con los reportes de ingresos del deudor enviados por el SAT, no ha fijado el nuevo monto de pensión alimentaria, el cual se mantiene con un monto provisional desde 2022.
Otra autoridad cuya decisión ha favorecido al deudor es la juez cuarto de distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien le concedió un amparo y ordenó que el cierre de la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/A/UI-A-8/00185/08-2021 D01 por el delito de violencia familiar al considerar que los hechos habían prescrito por haber ocurrido en 2018. Sin embargo, no consideró los hechos de violencia descritos en 2021 y 2022, lo que la mantiene vigente. El amparo con número de expediente 1041/2022 ya fue impugnado por la parte afectada y se encuentra en una segunda instancia.
La madre de la menor enfrenta aún una carpeta de investigación por fraude procesal y otra por falsificación de documentos, promovidas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Integrantes del Frente Nacional de Mujeres, comentó a la La Lista que consideran que sí hay omisión, negligencia e ilegalidades del juez porque el agresor no reconocía su paternidad, nunca vio a la niña, y ahora que se encuentra acorralado para pagar la pensión está intentando revertir el caso.
Después del encarcelamiento de la madre de la menor y de su liberación el Frente logró hablar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en octubre de 2022 para exhibir la actuación de sus funcionarios.
“Hace un año cuestionamos a Sayuri Herrera (coordinación general de Investigación de Delitos de género y Atención a Víctimas en la Físcalía de la CDMX) que cómo podía ser que mamás fueran denunciadas en una fiscalía estratégica. A partir de ahí, ya se frenó”, comenta Natalia, pero es importante mantener la exigencia de justicia a las autoridades.
Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina que castiga a los deudores alimentarios en México, explica a La-Lista que el 80% de quienes cometen violencia vicaria son deudores alimentarios, hombres que no quieren ejercer una paternidad responsable.
“En ese sentido, los jueces y juezas, al momento de emitir las sentencias, estas acusaciones que hacen los señores desde que estamos locas y de que no les dejamos ver a los hijos son tremendamente cotidianas”, comenta.
“Hay hombres que dejan de pagar su pensión alimenticia durante años, es más, que ni siquiera reconocen su paternidad y ya que se hace la prueba de ADN y sale positiva, con tal de no pagar, piden cambio de guarda y custodia sin dar un solo peso. Y hay jueces que conceden cambios de guarda y custodia”, criticó.
Diana Luz advierte que los agresores vicarios suelen lanzar acusaciones en contra de las madres acusándolas de tener adicciones o de salir con otras parejas para tener bajo su techo a los hijos y así evitar el pago de la pensión alimentaria y obligarlas a ellas a pagarla.
En su opinión, los jueces y juezas mantienen una perspectiva de que los cuidados y crianza de los menores son un trabajo no remunerado, mientras que en otros países, como Chile, ya se empieza a pagar los trabajos de cuidados y de crianza.
En su opinión, los presidentes de los Tribunales superiores de justicia en los estados tienen “pactos patriarcales tremendos” porque hay jueces que han sido acusados por sus actuaciones y no pasa nada.
Claudia Núñez, abogada especializada en temas de violencia de género, conoció el colectivo cuando intentó exigir al padre de su hijo que pagara su pensión alimentaria. Pero la lucha fue especialmente fuerte porque se trata de un político.
La abogada explica que el primer reto para demandar una pensión alimentaria es saber dónde se les va a notificar a los padres y cuando ellos llegan a responder la demanda, suelen decir que quieren firmar un convenio aunque no tienen la intención de cumplir.
Comenta que para comprobar los ingresos reales que tienen los padres, los jueces tienen la facultad para solicitar al SAT los reportes de sus ingresos, además de conocer sobre sus cuentas bancarias y se pueden agregar como pruebas evidencias de los lujos que tiene la persona, el tipo de autos y el estilo de vida que llegan a tener.
Muchas madres terminan por desistir en su exigencia de pensión alimentaria después de cuatro u ocho años cuando los jueces fijan pensiones muy bajas y no tienen un criterio y no trabajan con una visión de humanidad sobre las necesidades de un menor.
“En la práctica, hay jueces que fijan un 15% o un 30% (de sus ingresos) y hay jueces que fijan un 10%, Prácticamente es algo contradictorio al modo de vivir al demandado”, señal,”Los jueces que no tienen un recto criterio para fijar esta pensión eso es lo que contribuye a que las mamás se desgasten y a que digan: ‘hasta aquí ya llegué’”.
La Lista intentó consultar al hombre señalado como deudor alimentario a través de los despachos registrados como su defensa pero no fue posible. La Fiscalía General de Justicia tampoco respondió al momento de la publicación. El Tribunal Superior de Justicia en CDMX respondió que la actuación de jueces se puede impugnar en una segunda instancia en el caso de sus fallos.
Nota del editor: una de las fuentes pidió omitir su nombre por razones de seguridad, por lo que esta nota fue editada después de su publicación.
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